Según un documento presentado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y la organización civil Fundar, en Argentina solo el 1,8 % de los organismos públicos nacionales comparten información entre sí. Esto significa que la enorme mayoría de las dependencias estatales como AFIP, ANSES, RENAPER e INDEC, entre las principales, no tienen la capacidad de intercambiar datos. 

Ambas organizaciones trabajan en la investigación y el diseño de políticas públicas. Tal es así que propusieron, mediante un manifiesto, avanzar en la Argentina hacia un “Estado inteligente”. Además, consideran que se trata de un debate “impostergable” para el país.

Estado inteligente

Un Estado es inteligente cuando utiliza tecnología y datos de manera efectiva para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, tomar decisiones basadas en evidencia, optimizar la gestión de recursos y servicios públicos. Por otra parte, un Estado inteligente aprovecha la tecnología de la información y la comunicación (TIC) para obtener y analizar datos, mejorar la eficiencia de sus operaciones, y tomar decisiones informadas.

En Argentina solo el 1,8 % de los organismos públicos nacionales comparten información entre sí.

Cabe destacar que un Estado inteligente sabe quien es su población y lleva a cabo políticas públicas consecuentes con sus necesidades. Por otro lado, recuerda con qué datos e información cuenta y eso mejora su relación con los ciudadanos. Además, razona sobre esos datos, a los que trata como un activo del cual es posible sacar valor y beneficios económicos. 

Una gobernanza capaz de entender, pensar y manejar información no le pide a un ciudadano su DNI o su partida de nacimiento cada vez que hace un trámite, sino que guarda esa información de manera responsable y segura para usarla cuando sea necesario. Este intercambio de datos en el sector público permite tomar decisiones basadas en evidencia y trae beneficios económicos: hasta el 1,5% del PBI, según el Foro Económico Mundial. 

Avances

En Argentina, durante los últimos años surgieron avances significativos referidos a la gestión de datos a nivel nacional. Se consolidó una agenda en materia de protección de datos personales, acceso a la información pública y políticas de gobierno abierto. A su vez, el Estado Nacional avanzó en el proceso de digitalización y automatización de trámites, así como también de sus procesos internos.

Normativa

Los datos personales están protegidos por la ley 25.326 que define a estos elementos como aquella "información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables". Los datos personales, en efecto, son aquellos que permiten identificar a un individuo, por ejemplo su DNI, dirección, teléfono, situación crediticia e imagen, entre otras. 

Es por ello que la sanción de dicha norma, en noviembre de 2000, convirtió a Argentina en uno de los primeros Estados de la región en concebir la problemática. Incluso, en 2003, la Unión Europea lo declaró como un país con una legislación adecuada en la materia y habilitó el libre flujo de datos, lo que trajo beneficios gubernamentales y comerciales. 

Pese a ello, en la actualidad la ley tiene distintos problemas de aplicación práctica debido al uso intensivo de herramientas digitales y la enorme cantidad de información que manejan diariamente.

Al mismo tiempo, es necesario construir un nuevo marco legal que evite la duplicación de normas, procedimientos y obligaciones, con el objetivo de promover el intercambio de datos, preservando los derechos individuales.