El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es el encargado de promover el desarrollo mediante la generación y transferencia de tecnología, como así también de certificar los procesos y productos, y de garantizar la calidad de los bienes y servicios. El organismo nacional debe realizar investigaciones y estudios que ayuden a mejorar las técnicas de elaboración y procesos mediante la articulación con centros de investigación y universidades.

Desde su fundación en 1957, el INTI tuvo variaciones en su desempeño como impulsor de las pymes a través de la innovación y la tecnología. La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe sobre la gestión del Instituto durante el periodo 2018 y primer semestre de 2019. También, analizaron el desempeño de la Fundación Saber Cómo creada por el organismo en 2005 para actuar como Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) entre ministerios y diferentes actores que gestionen proyectos vinculados a la I+D. 

Los hallazgos no fueron buenos. Detectaron diversas irregularidades que van desde falta de información y de registros contables hasta la imposibilidad de medir el cumplimiento de objetivos y tomas de decisiones. El informe fue presentado en mayo de este año por el Colegio de Auditores. 

Fallas puertas adentro

La AGN detectó que la estructura orgánico-funcional del INTI "no cumplió con los presupuestos previstos y con las buenas prácticas”. En este sentido, detallaron que la estructura fue modificada varias veces, hubo duplicación de funciones entre autoridades superiores e inferiores, lo que significó mayores costos para el organismo sin que se registren mejoras en sus procesos.  

En el informe se explica que al sumarse autoridades de mayores jerarquías, aumentó el gasto en salarios y también se complejizaron las tomas de decisiones. Además, la Auditoría indicó que al superponerse las tareas en áreas técnicas no estaban claras las responsabilidades y los controles de cada sector. “Se constató que, durante el período auditado, el tesorero de la Fundación Saber Cómo ejercía simultáneamente el cargo de director administrativo del INTI vulnerando, de esta forma, el control por oposición”, señalaron.

En cuanto a los empleados, el organismo de control constató que sólo el 17,97% estaba contratado bajo el régimen del empleo público, mientras que el 74,18% estaba bajo el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que es más inestable, lo cual da cuenta de la “desigualdad existente entre los recursos humanos del Instituto”. Desde la Dirección de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos del INTI informaron a la AGN que durante 2018 y primera mitad de 2019 se produjeron 268 desvinculaciones por despido de personas con contratos bajo LCT. 

Otro de los hallazgos tuvo que ver con la falta de definición de perfiles para la ocupación de un puesto, lo que puede dificultar el cumplimiento de metas institucionales y también imposibilitar que haya un crecimiento del personal en su carrera administrativa. Tampoco se conformó una Comisión Asesora como está previsto por resolución integrada por personas de relevancia notoria en la Ciencia y la Tecnología. 

Vínculo con centros I+D y la Fundación Saber Cómo  

El INTI, los centros de Investigación y Desarrollo (I+D) y la Fundación “Saber Cómo” tienen metas en común que requieren de una sinergia estratégica para alcanzarlos. Sin embargo, al indagar sobre los proyectos que se desarrollaron, la AGN señaló que el Instituto no formalizó un plan estratégico plurianual ni planes operativos anuales para el periodo analizado. Tampoco se elaboraron informes de gestión y lo único que se encontraron fueron documentos sin firma con breves descripciones de algunos de los proyectos.

En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Auditoría indicó que el Instituto “encaró algunas acciones, sin embargo no respondían a una estrategia específica ni estaban formalizadas, de modo de poder seguir una planificación y medir eventuales resultados”.

“El INTI no publicó la totalidad de la información prevista en el Art. 32 de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública durante el período auditado”, señaló la AGN. Parte de esos datos que no se dieron a conocer contemplan la nómina de autoridades, personal contratado y tipo de contratación; presupuesto asignado a cada área; transferencias de fondos; contrataciones públicas; resoluciones del organismo; informes de auditorías o evaluaciones; declaraciones juradas de aquellos sujetos obligados a presentarlas, entre otras cuestiones.

El equipo de auditoría indicó que no tuvo acceso al Registro de Audiencias Públicas de Gestión de Intereses con personas físicas y/o jurídicas. “Si bien se comprobó en el sitio web oficial del Instituto la falta de publicación del registro, consultada la web del Ministerio del Interior se constató que, durante el período auditado, el INTI formó parte de 12 audiencias públicas, 6 como solicitante y 6 como participante”, detallaron.

Además, detectaron que se realizaron transferencias al Sistema de Centros de Investigación y Desarrollo, que en realidad estaban destinadas al sector privado. Esos fondos fueron destinados al pago de haberes, becas, retiros voluntarios, dándole un destino distinto a lo establecido.

Controles a propios y ajenos

En cuanto a los controles, desde la AGN indicaron que el INTI no realizó fiscalizaciones suficientes y eficientes respecto del Polo Tecnológico Constituyentes S.A. (PTC S.A.) y la Fundación Saber Cómo. Tampoco se evaluaron las acciones del PTC SA ya que durante el período auditado no tuvo un plan de acción anual ni un plan anual de compras y contrataciones para monitorear su ejecución. Y con respecto a las contrataciones, el organismo no ajustó sus procedimientos a los del INTI, como establece la normativa, ya que solo solicitó tres presupuestos en sus procedimientos de contratación. 

Por otra parte, en el marco del convenio firmado para que el PTC S.A. brinde asistencia al INTI sobre el proyecto vinculado al uso sustentable del guanaco silvestre, si bien se preveía evaluar su ejecución no se encontraron elementos que den cuenta de la realización de las tareas. En relación a los pagos, se constató la ausencia de un cronograma de pagos, la falta de intervención de la subgerencia de administración y finanzas del INTI y la ausencia de los comprobantes correspondientes.

Respecto de la Fundación Saber Cómo (FSC), en el informe la AGN indicó: “el INTI no implementó controles en cuanto al plan de acción anual y al cumplimiento de la misión y objetivos de la FSC como lo dispone el Estatuto de la misma. El INTI es el fundador de la FSC, responsable de la designación de sus autoridades y principal aportante de fondos, razón por la cual debe velar por una gestión eficiente, en cumplimiento de los objetivos de ambas instituciones”.

Tampoco hallaron un control sobre la memoria, inventario, balance general y cuenta de gastos y recursos de la Fundación ni registros contables en el período auditado. Las transferencias realizadas del INTI a la FSC, hechos en concepto de aportes irrevocables en el marco de los convenios suscriptos, se hicieron con recursos provenientes del Fondo para Gastos Comunes de los Centros de Investigación y Desarrollo cuando debieron haberse realizado con fondos propios del INTI.

Una irregularidad destacada por la AGN fue que el director administrativo del INTI estaba designado además como tesorero de la Fundación. “El ejercicio de ambos cargos resulta incompatible en la medida que quien aprueba la suscripción de un Convenio y las transferencias consecuentes es quien administra los recursos en el lugar de destino de los mismos”, se explicó en el informe.

Costos y fijación de precios

A la hora de analizar los costos sobre los productos y servicios brindados por el INTI a través de los Centros I+D, el informe de auditoría señaló que no encontraron una base de datos y/o registros utilizados para realizar el análisis de costos. 

Por otra parte, durante el período auditado, el INTI no contó con una estrategia de fijación de precios que permitiera dar apoyo a los sectores definidos como prioritarios por el Estado Nacional. “La falta de una Plan Estratégico Institucional, sumado a la ausencia de bases de datos y registros que fundamenten la metodología de costeo implementada conforme la Resolución CDINTI 8/18, conllevan a la falta de definición de una estrategia de fijación de precios", indicó la AGN en el informe.