El Colegio Generales de Auditores de la Nación tuvo su segunda sesión de octubre y aprobó un informe de auditoría en el ámbito de la Superintendencia de Servicios de Salud, en relación a la Ley 26.682, de Entidades de Medicina Privada. Se trató de un análisis del procedimiento para autorizar el incremento de los valores de las cuotas, actividades de control efectuadas y la adecuada protección de los derecho de los usuarios. El periodo auditado fue 2017-2019.

El trabajo fue presentado por el auditor general, Juan Ignacio Forlón, quien reveló que durante el periodo auditado “la Superintendencia de Salud dictó 12 resoluciones autorizando el incremento de valor a la cuota de los usuarios”.

“No se constató que el organismo auditado haya aplicado el procedimiento de control establecido por la Ley 26.682, que es autorizar el aumento de cuotas cuando el mismo esté fundado en variaciones de la estructura de costos”, agregó Forlón.

Al contrario de lo que determina la normativa, el informe de la AGN reveló que “los aumentos se autorizaron sin que se verifique su razonabilidad" y que la Superintendencia no tuvo los elementos suficientes para realizar el análisis.

Del Instagram de auditoria_agn

Además, el trabajo de los auditores observó “escasa actividad de control sobre las entidades de medicina prepaga, lo que evidencia un estado crítico del sistema de contralor para constatar las condiciones técnicas y de solvencia financiera de las entidades”.

Por último, Forlón explicó que el 85% de los usuarios de medicina prepaga en Argentina, sobre un total de 5,9 millones, se concentra en 10 entidades de medicina privada. “De ese número, 3,6 millones de usuarios se concentran en tres entidades que tienen inscripción provisoria; OSDE, Swiss Medical y Galeno”, completó el auditor general.