Informe de la Auditoría General de la Nación sobre la violencia de género en Argentina

Al grito de Ni Una Menos, el 3 de junio de 2015 miles de mujeres salieron a las calles de todo el país para reclamar políticas públicas y el freno a la violencia machista tras el crimen de la adolescente Chiara Páez. Desde entonces, se aplicaron diversas medidas aunque la cantidad de crímenes no desciende. Cada 29 horas se registra un asesinato por violencia de género en Argentina.

En este marco, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe sobre las acciones dirigidas a la prevención, protección y reparación de las mujeres víctimas de violencia de género durante el periodo 2019-2021. El objetivo fue evaluar la eficacia que tuvieron los planes o programas gubernamentales en un contexto de pandemia. El análisis fue elaborado por las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países de América del Sur (EFSUR) y su coordinación estuvo a cargo de la Contraloría General de la República de Chile.

La auditoría tomó como base los planes estratégicos (PNA) que estuvieron vigentes durante esos dos años: el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (2017-2019), elaborado por el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), y Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género (2020-2022), realizado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Si bien el MMGyD es el responsable principal de los planes, entre los organismos responsables de las acciones se encuentran involucradas dependencias de la Administración Pública Nacional (APN) y Consejos Federales.

En el informe se destacó que el país cuenta con “un marco normativo sólido” referido al abordaje, prevención y erradicación de la violencia por motivos de género. Además, la auditoría observó que la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en diciembre de 2019 marcó “un salto en la importancia" asignada por el Estado Nacional a la reducción de las brechas de género estructurales y en el incremento de los recursos asignados a las políticas de género que calificó como “significativo”. 

En cuanto a la suba del presupuesto, detallaron que en 2021 se destinaron 29 veces el total de recursos asignados al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) en 2019, mientras que el gasto 2021 fue 32 veces superior al gasto en 2019. El presupuesto de 2021 fue el único del periodo auditado en el que existió consistencia entre el diseño y los programas implementados por el organismo.

Falta de definición y evaluación

En referencia a la implementación de los Planes Nacionales de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia por motivos de género (PNA 2017-2019 y PNA 2020-2022), se detectaron dificultades para la evaluación de los objetivos en función de lo planificado en cada uno de ellos, debido a factores como la falta de definición de parámetros para medir el avance en el logro de cada acción, la ausencia de líneas de base y deficiencias en el reporte de avances y resultados.

En el informe se resaltó que la incorporación en el PNA 2020-2022 de una perspectiva de diversidad que incluye a los colectivos LGBTI+, como pasibles de experimentar situaciones de violencia por motivos de género, fue "un avance relevante" ya que rompe con la concepción binaria de género.

Tras los pasos de la Agenda 2030

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por Naciones Unidas en 2015, es un acuerdo global para el abordaje de cuestiones vinculadas a temáticas sociales, económicas y ambientales. Los países adherentes, como Argentina, deben diseñar las estrategias pertinentes para alcanzar las distintas metas. En lo que refiere a igualdad de género se estableció el ODS 5 y, en relación con el informe de la AGN, la meta ODS 5.2 es la referida a la eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres, LGBTI+ y niñas.

Sobre este punto, la AGN observó que los indicadores adoptados por el país para el seguimiento de los avances hacia la meta “son insuficientes, ya que solamente contemplan la instancia de femicidio”. 

“Se verificó que la participación de la sociedad civil fue priorizada desde la creación del MMGyD, tanto en el diseño de las políticas, como en la implementación de los programas. Finalmente, en lo que refiere a las acciones llevadas a cabo en el contexto de la pandemia de COVID-19, el MMGyD reforzó acciones ya en curso e implementó nuevas acciones para asistir a personas en situación de violencia por motivos de género”, sostuvo.

El indicador (dato) para medir el avance en el cumplimiento de la meta fue la cantidad de femicidios directos ocurridos durante el período de un año en todo el territorio nacional. En este sentido, el organismo de control destacó el desarrollo del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG), con el fin de sistematizar la información disponible sobre casos de violencia por motivos de género. Se observó una disminución en la cantidad de femicidios directos ocurridos en el país durante el período auditado (252 femicidios en 2019, 251 en 2020 y 231 en 2021).

Línea 144 y Acompañar

Además el informe de auditoría se focalizó en la Línea 144 y el Programa Acompañar. La primera herramienta fue creada en 2013 para dar cumplimiento a la Ley 26.485. Así surgió esta línea de alcance nacional, sin costo y que funciona las 24 horas. La herramienta articula con organismos nacionales, provinciales y municipales y con organizaciones sociales, y se transformó en una importante fuente de información estadística. Con respecto a los tipos de violencia reportados, en el período auditado, el más señalado fue la violencia psicológica (95%) seguido por violencia física, económica y patrimonial, simbólica y sexual.

Los auditores hallaron que las guías elaboradas para quienes trabajaban en la Línea 144, así como también el manual general interno para quienes la operaban, no fueron aprobados formalmente por actos normativos y no tienen fecha de elaboración o entrada en vigencia, lo que dificulta establecer si siempre hubo procedimientos estandarizados para su funcionamiento. Tampoco encontraron el desarrollo de indicadores de gestión que permitan analizar la calidad y la eficiencia del servicio y, por lo tanto, identificar oportunidades de mejora.

Sobre el programa de apoyo y acompañamiento a personas en situación de riesgo por violencia de género, creado en septiembre de 2020, se detalló que alcanzó a 118.474 personas en situación de violencia por motivos de género durante el período auditado, con un porcentaje muy bajo de transferencias rechazadas. Sin embargo, “el proceso de implementación del programa no quedó registrado de manera integral en los expedientes lo que dificultó el seguimiento y evaluación del programa”, indica el informe. La prestación económica consiste en una suma de dinero no reintegrable por el valor de un salario mínimo vital y móvil, que se abona durante seis períodos mensuales consecutivos.

La provincia con mayor cantidad de personas destinatarias del Acompañar en el periodo analizado fue Buenos Aires (48%), seguida por Tucumán (5,4%) y San Luis (4,86%). En lo que se refiere a modalidad de violencia, la más reportada fue la violencia doméstica (97,65%), seguida por la institucional (1,96%), la laboral (1,64%), y otras (0,55%).

De las personas destinatarias del Acompañar, un 32% se encontraba en un nivel de riesgo altísimo (riesgo de vida inminente), mientras que un 37% contaba con medidas de protección. Las más frecuentes fueron prohibición de acercamiento/restricción (60%), exclusión del agresor de la residencia común (33%) y botón antipánico (15%). En el 21% de los casos la persona agresora tenía antecedentes de violación de medidas de restricción y en un 15% la persona agresora contaba con acceso a armas de fuego. Asimismo, el programa registró otro tipo de violencia: la ambiental, que consiste en daños a objetos pertenecientes a la víctima u otros objetos de su entorno (por ejemplo, golpes y rotura de puertas, muebles, electrodomésticos, elementos personales, etc.)

Las políticas de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) y el contexto social pandémico impactaron en el aumento de la violencia por motivos de género, principalmente al aislar a las víctimas dentro de condiciones de mayor vulnerabilidad, y hasta en algunos casos, de convivencia obligada con la persona responsable de violencia de género.