Por medio de la Resolución 546/23, se aprobó el convenio firmado entre el Ministerio de Producción bonaerense y el Servicio Geológico Minero de Argentina (SEGEMAR), en donde se detalla la posibilidad de explotación de litio en Barker, Epecuén y otras lagunas saladas, y su potencial impacto en la industria minera bonaerense. 

La iniciativa propone como objetivo principal llevar estudios geológicos para identificar litio (Li), cerio (Ce) y lantano (La) en la provincia de Buenos Aires. SEGEMAR realizará estos estudios a lo largo de cuatro meses en dos zonas específicas. La primera exploración se realizará en la localidad de Barker, partido de Benito Juárez, porque según las actas complementarias del convenio firmado entre las autoridades allí existen anomalías de concentración de Ce y La. Para su evaluación, el personal a cargo extraerá 25 muestras de laboratorios de esta región.

La segunda exploración involucrará a zonas de salinas y lagunas de la Provincia “con contenido de litio no determinado” para poder identificar depósitos evaporíticos, es decir rocas sedimentarias que se forman por cristalización de sales disueltas en lagos y mares, con potencial geológico ya que al parecer los estudios preexistentes carecen de precisiones sobre contenido de oro blanco.

El ministerio de Producción bonaerense especificó que, de encontrarse estos elementos, significaría para el aparato productivo la generación de fuentes de trabajo, inversiones y desarrollo económico de “gran trascendencia”: 

Barker: la localidad bonaerense que podría tener litio

El proceso que se utiliza para extraer el litio y la producción de sus derivados presenta un potencial peligro para las reservas de aguas subterráneas dulces y las reservas de agua potable para la población aledaño. La actividad afecta también la salinización de suelos y humedales, contaminación de suelos con residuos peligrosos, modificación del flujo natural superficial del agua, alteración del balance hídrico y afectación de la flora autóctona.

Informes de la AGN

La Auditoría General de la Nación relevó en distintas oportunidades las actividades relacionadas a la minería. En un informe publicado en 2017 advirtieron sobre la existencia de una duplicidad de funciones entre la Constitución Nacional y las normativas provinciales para no cumplir con la conservación de los recursos naturales, ni tratar los conflictos causados por la contaminación.

En ese mismo relevamiento se detectó que, si bien el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible creó el Programa de Gestión de Sitios Contaminados (PROSICO), su alcance no incluye la actividad minera que queda en la órbita de la ex Secretaría de Minería. No se observó evidencia alguna de articulación entre ambas instituciones.

En tanto, el año pasado, la Auditoría publicó otro informe sobre la gestión de la Secretaría de Minería de la Nación (SEMIN) y Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) entre enero de 2018 y mayo de 2020. En este caso se evaluó el manejo de los pasivos ambientales mineros, uno de los peligros derivados de la metodología, en donde se expuso que “no existieron acciones de fortalecimiento”, ni se avanzó en una regulación específica sobre la gestión integral de residuos. Se definió a la gestión como ineficaz e ineficiente en el cumplimiento de los objetivos asignados.