Las fundaciones Wetlands, YUCHAN y FARN Argentina presentaron un documento sobre minería de litio y la posibilidad de ajustar la actividad a estándares sociales y ambientales. Con diversas recomendaciones a los gobiernos provinciales, al ejecutivo nacional y a las empresas, las organizaciones le pidieron a la comunidad global el cumplimiento de derechos.

El informe se desarrolló en el marco del programa “Conservando los Humedales Altoandinos para la Gente y la Naturaleza”. En el documento explicaron que los humedales altoandinos son ecosistemas frágiles, con sistemas hídricos complejos y únicos, que albergan una biodiversidad que es fuente de vida para las comunidades locales. Por esta razón remarcaron la necesidad de que estas características sean reconocidas y valoradas por las autoridades responsables. 

Un ecosistema amenazado

El Altiplano comprende los Andes desde el sur de Perú, Bolivia, el norte de Chile hasta el noroeste de la Argentina. Abarca dos ecorregiones: la Puna y los Altos Andes. Tiene un clima riguroso, frío y seco, con temperaturas por debajo de cero grados casi todo el año, y precipitaciones anuales que varían entre los 50 milímetros al año en la zona árida (Salta-Catamarca) y los 350 en la zona más húmeda (Puna Jujeña).

Según se detalló en el documento, la demanda de extracción de litio tiene un crecimiento proyectado al 2025 del 80% a nivel global. Puntualmente, el uso en baterías pasará de un 46% en 2016 a un 80% en 2026. Las organizaciones señalaron que “el principal riesgo de la minería de litio en salmueras se vincula con que, en la actualidad, se lleva a cabo por métodos evaporíticos, lo que pone en peligro el delicado equilibrio entre el agua dulce y el agua salada que se encuentran en contacto natural”.

Las fundaciones pidieron a los gobiernos provinciales argentinos que fortalezcan el procedimiento de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA). 

A través de este trabajo, las fundaciones le piden a los gobiernos provinciales argentinos que fortalezcan el procedimiento de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) “poniendo particular énfasis en la consulta a expertos independientes en todas las etapas”. También aseguraron que se puede mejorar aún más este trabajo a través de la producción de información pública propia, sólida y científica que enriquezca la evaluación.

Además, le solicitaron a los ejecutivos provinciales proveer a los funcionarios de capacitaciones, exigir a las empresas mineras proceder a la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para asegurar el financiamiento de la recomposición de los daños que pueda generar con su actividad y  respetar el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas.

El reclamo a la Nación

Por otro lado, al gobierno nacional le demandaron avanzar en cuatro normas: una que brinde pautas para la aplicación de la participación ciudadana, la consulta y consentimiento libre, previo e informado, y su relación con la implementación del Acuerdo de Escazú; otra que brinde pautas mínimas para llevar a cabo un proceso de ordenamiento ambiental del territorio; una tercera sobre los requisitos mínimos para la implementación de la EIA; y, por último, que se concrete la ley de protección de humedales a través de presupuestos mínimos.

Además pidieron al empresariado que cumpla y respete los estándares internacionales relativos a la participación y la consulta de comunidades indígenas y también que le brinden a los actores estatales involucrados la información pertinente al proyecto en forma clara, precisa y oportuna, con el objetivo de enriquecer y promover una EIA que cumpla con la legalidad. 

Las fundaciones llamaron a que la comunidad global exija el cumplimiento de sus derechos y que, en caso de ser necesario, busquen asistencia jurídica.