La Auditoría General de la Nación (AGN) evaluó el manejo de los pasivos ambientales mineros (PAM). De acuerdo al análisis del organismo “no existieron acciones de fortalecimiento” de la gestión minera y tampoco se avanzó en una regulación específica sobre la gestión integral de los residuos. Sumado a esto, el informe expuso que la Secretaría de Minería “no fue eficaz ni eficiente" en el cumplimiento de objetivos.

Los organismos auditados, entre enero de 2018 y mayo de 2020, fueron la Secretaría de Minería de la Nación (SEMIN) y Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

Los pasivos ambientales mineros son instalaciones o tareas mineras, incluyendo sus depósitos y residuos, paralizadas, inactivas o abandonadas. Constituyen un riesgo potencial permanente por los daños que puede generar en la salud humana y en el medio ambiente. Es por esto que es fundamental que su manejo sea el adecuado.

Gestión de los PAM

En 1995, la Ley 24.585 modificó el Código de Minería de la Nación, estableciendo el concepto de “daño ambiental” en la actividad minera. Así se identifican responsables y se definen obligaciones. Esto se sumó a la establecida competencia de cada provincia de la gestión integral de los PAM, conforme el artículo 124 de la Constitución Nacional. A su vez, la Ley 25.675 estipula los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente a nivel nacional. Pero, ¿se aplican estas legislaciones?

Uno de los mayores peligros derivados de los pasivos ambientales mineros es la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.

Uno de los peligros derivados de los pasivos ambientales mineros es la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Además, el arrastre del material remanente por la acción del viento puede contaminar los suelos y afectar a animales y humanos por inhalación, ingestión o contacto dérmico. Desde el 2007, con la creación del subprograma GEAMIN (Gestión Ambiental de Minería), se busca implementar una serie de medidas para normalizar el cierre de yacimientos, de forma sustentable y adecuada a nivel nacional.

Este subprograma está conformado por cuatro componentes, y tuvo un financiamiento total de 25.7 millones de dólares, otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En esta oportunidad, la AGN examinó dos aspectos del programa: el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Minera Descentralizada y el Apoyo a la Gestión Ambiental de Áreas Mineras Degradadas.

El primero de estos ejes apuntaba a la gestión futura y comprendía el desarrollo de talleres, equipamiento y capacitación de personal, claves a la hora de proyectar buenas prácticas ambientales. El objetivo consistía en lograr la estandarización de marcos normativos ambientales, la elaboración de manuales de procedimientos para la aplicación de medidas ambientales y la normalización de procedimientos de evaluación ambiental para la actividad minera no metalífera y rocas de aplicación. También incluía campañas de sensibilización e información sobre la temática socio-ambiental de la actividad minera a nivel nacional, en 10 Provincias y en 70 localidades mineras.

El segundo contemplaba la elaboración de un inventario nacional de áreas degradadas por la actividad minera desarrollada previamente a la sanción de la Ley 24.585. La idea era priorizar las zonas críticas para realizar las intervenciones integrales de remediación del territorio, como ser la eliminación de fuentes de contaminación, la disposición adecuada de desechos contaminados y la implementación de sistemas de monitoreo. Para estos procesos se eligieron tres zonas como experiencias piloto, ubicadas en Jujuy, Río Negro y San Juan, respectivamente.

Como última instancia, se apuntaba a la creación de una guía técnica para poder replicar el proceso en otros pasivos ambientales mineros.

Subejecución del presupuesto

Con respecto al primero de los componentes auditados, el informe de la AGN, aprobado en 2020, expuso la subejecución del mismo y señaló que “no existieron acciones de fortalecimiento de la gestión minera en el marco del préstamo BID durante el período auditado”.

En detalle, el crédito original de USD 2.300.000 destinado a este fin fue reducido a un total de USD 861.647, de los cuales se ejecutaron USD 822.010. El último desembolso, en línea con esto, fue realizado en el año 2017.

Esta disminución presupuestaria se debe a que el fortalecimiento de la gestión minera debía alcanzarse mediante el logro de tres objetivos: regiones aplicando normas armonizadas para minerales industriales y rocas de aplicación elaboradas; provincias mineras que reciben campañas de sensibilización en minería sustentable; y autoridades provinciales responsables de la gestión ambiental minera fortalecidas.

La primera meta no se llevó adelante por la “falta de coordinación entre las provincias y la Nación”, provocando la desvinculación de los recursos previstos para el mismo. Con respecto a las campañas, solo se realizaron en 7 de las 12 provincias proyectadas. Lo que sí hubo fueron capacitaciones y equipamiento en las regiones seleccionadas.

Por su parte, la organización financiera internacional calificó el grado de cumplimiento como “poco satisfactorio”, ya que en 11 años (desde 2007) solo se cumplió uno de los tres sub ítems estipulados.

Ausencia de inventarios

El organismo de control nacional observó, por otro lado, que “tampoco se avanzó en una regulación específica sobre la gestión integral de los pasivos ambientales mineros”.

El informe de la AGN también indicó que no se avanzó "en una regulación específica sobre la gestión integral de los pasivos ambientales mineros”.

La auditoría evidenció la ausencia de un inventario, así como también la no realización de las tareas necesarias para dicho fin. El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), encargado de producir el listado de áreas degradadas, le contestó a la AGN que "no realizó ni le fue encomendada la realización del Inventario de Pasivos Mineros” y que “no recibió fondos ni bienes para su ejecución”.

Dicho punto incluía, además, la limpieza, recuperación y posterior monitoreo de tres zonas críticas (en Jujuy, San Juan y Río Negro), de las cuales solo dos fueron saneadas, pero ninguna recibió seguimiento, incluyendo en uno de los casos el posterior hallazgo de valores de los metales de interés de la auditoría (plomo, arsénico, cobre, níquel, cromo y zinc) por encima de los previstos en la legislación, por lo que se recomendaron acciones correctivas.

La zona pendiente de saneamiento corresponde a la fundición de plomo en San Antonio Oeste en Río Negro. AGN señala que, “la contratista no cumplió con el plan de seguridad en el transporte, dispersando material contaminado en área limpias y depositando residuos peligrosos en depósitos transitorios”. Sumado a esto, el informe detalla que “la inspección de obra de la Secretaría de Minería no fue eficaz” pues no impidió que más de 8.000m3 de suelo limpio fueran levantados innecesariamente y trasladados a la celda de depósito para tierras contaminadas comprometiendo su capacidad de guarda.

El informe expone en cada una de las partes la falta de coordinación de los involucrados, además de la falta de seguimiento de las tareas asignadas.