Luego de varios encuentros para su elaboración, se presentó el Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú. El documento reúne las acciones prioritarias a cargo del Ejecutivo Nacional para los próximos tres años en las que están involucradas diversas áreas del Estado, a fin de garantizar los derechos de acceso en asuntos ambientales.

El acuerdo regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (conocido como Acuerdo de Escazú) nació en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992. A partir de 2012 empieza a tomar forma cuando los países de Latinoamérica ratificaron que todo ciudadano debía tener acceso a la información, participar en la toma de decisiones y acceder a la justicia en asuntos ambientales, de modo de garantizar el derecho a un ambiente sano y sostenible.

Recién en 2021 el Congreso Nacional ratificó el acuerdo mediante la Ley 27.566. Con su entrada en vigor, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fue avanzando en su implementación. De esta manera se gestó un proceso colaborativo entre el sector público y la participación de diversos actores y sectores, que concluyó en la presentación del Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina. 

El plan tiene seis ejes: gobernanza para la implementación del Acuerdo de Escazú; acceso a la información pública ambiental; participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales; creación y fortalecimiento de capacidades; defensores de derechos humanos en asuntos ambientales; y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Además, cada eje cuenta con lineamientos (pautas o temas generales de acción) y acciones (actividades puntuales que tienen viabilidad de ejecución).

Acceso a la Justicia

Una de las novedades que trae el plan es la de “acceso a la justicia en asuntos ambientales”, con la cual se busca establecer un espacio de trabajo entre las áreas y organismos públicos con competencias directas en materia de acceso a la justicia en asuntos ambientales al interior del Ejecutivo Nacional y junto a la Defensoría del Pueblo de la Nación. Además de coordinar acciones a nivel federal para la aplicación de medios alternativos de resolución de conflictos ambientales, como la mediación.

En este período de tres años también se buscará ampliar el rol y funciones de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) para garantizar el patrocinio en derecho ambiental. La idea es capitalizar su experiencia en el territorio y extender el abordaje de cuestiones ambientales. También se propondrán alianzas con colegios públicos de abogados y clínicas jurídicas universitarias gratuitas, para ampliar la asistencia en el inicio de instancias judiciales o de mediación y facilitar el acceso a la justicia en materia ambiental, para personas o grupos en situación de vulnerabilidad.

En tanto a la implementación del eje de participación ciudadana el objetivo es aumentar los niveles existentes y ampliar el alcance de las convocatorias. Inclusive se piensa en mejorar la participación de las comunidades indígenas generando acciones de difusión y consulta “culturalmente apropiadas”.