Argentina Inclusiva: avanza el proyecto para sensibilizar sobre discapacidad

El proyecto de ley conocido como Argentina Inclusiva obtuvo media sanción en Diputados y ahora va por su aprobación en Senadores. La iniciativa busca garantizar una capacitación sensible y obligatoria para quienes integren la administración pública. A la vez, contempla una adecuación en la accesibilidad de los espacios públicos.

Tal como el Estado incursionó con la Ley Micaela en temáticas de género y la Ley Yolanda sobre temas ambientales, Argentina Inclusiva pretende brindar una formación continua, permanente y actualizada a los empleados públicos sobre el trato correspondiente y adecuado a personas con discapacidad.

El proyecto establece la no discriminación social, ofreciendo orientación legal y administrativa para que cada ciudadano pueda ejercer libremente su derechos. También, busca asegurar el cumplimiento de la legislación vigente y facilitar a las personas con discapacidad su desempeño en la comunidad, asegurando una accesibilidad plena en condiciones de seguridad y autonomía. 

“La idea de este proyecto de capacitación permanente y continua es que los agentes del Estado puedan conocer la discapacidad desde el modelo social para no estigmatizar y saber cómo responder a los pedidos que tiene el colectivo”, puntualizó Dina Rezinovsky, diputada Nacional, en comunicación con El Auditor.info.

Asimismo, explicó que según las estadísticas mundiales, hay un 15% de la población que tiene algún tipo de discapacidad. La diputada especificó que “el proyecto actual es beneficioso en capacitar a aquellos funcionarios públicos que escriben las leyes o quienes diseñan políticas públicas para poder hacer todo desde la perspectiva de discapacidad”. La diputada aclaró que Argentina Inclusiva ayuda a avanzar y que luego vendrán otros proyectos destinados a la accesibilidad y a la capacitación docente.

Accesibilidad

El proyecto de Ley contempla la adecuación física, cognitiva y sensorial de los espacios de dominio y uso público para lograr el desenvolvimiento con independencia para quienes así lo desean. Las tareas de adaptación se desarrollarán de manera progresiva previo relevamiento y estudio de las características y factibilidad de cada espacio en particular.

Según el informe Nacional de Sistematización de las Denuncias (2020), denuncias realizadas en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) entre los años 2008 y 2019, la discapacidad fue el ítem que más denuncias tuvo, 20,2%, tanto en mujeres como en varones. Por su parte, la vía pública aparece entre los principales ámbitos donde se experimenta esa discriminación.

En ese eje, el INADI realizó un relevamiento en los espacios públicos donde expuso la existencia de barreras físicas y de comunicación: el sector de las escaleras, la falta de rampas y vados, los juegos infantiles sin espacio para sillas de ruedas, la falta de señalización de circuitos con pisos en relieve, la cartelería sin sistema braille, los bebederos no aptos para todas las alturas, los senderos sin piso adecuado para sillas de ruedas, entre otros aspectos.

Por otro lado, El Auditor.info se contactó con la ONG Acceso Ya quien aseguró que las leyes para garantizar la accesibilidad ya existen aunque "todavía falta mucho para lograr un país verdaderamente inclusivo y sin barreras”, indicaron. 

El 15 de marzo de 1994 se sancionó la Ley nacional 24.314, que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a un entorno inclusivo. La norma define el derecho a la accesibilidad como la facultad que tienen las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía para el desarrollo de sus actividades, sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o en el transporte. Es decir, es el derecho que tienen todas las personas a ingresar, circular y permanecer en los espacios públicos y privados para desarrollar sus potencialidades económicas, sociales, culturales e individuales.

“Creemos que el proyecto de Argentina Inclusiva sería una herramienta fundamental para que el Estado se informe y esperamos que, a raíz de esto, la discapacidad y la accesibilidad sean temas que se incluyan en sus agendas y que las políticas públicas se piensen para todos”, ratificó la ONG.

Desde Acceso Ya están convencidos de que el acceso a los espacios físicos es el punto de partida para ejercer derechos y libertades en igualdad de condiciones. “Accesibilidad para ir a trabajar, estudiar o realizar un trámite, para asistir a una consulta médica o simplemente para ir a pasear las personas con movilidad reducida necesitan que el transporte, los edificios, los locales, las calles cuenten con accesibilidad”, apuntaron desde la organización.

“Es necesario que los profesionales, el Estado y toda la sociedad tomen conciencia y actúen sobre esta problemática desde el lugar que les corresponda”, indicaron desde la ONG. Además, afirmaron que las principales barreras arquitectónicas encontradas diariamente están relacionadas a la ausencia en las rampas en las esquinas, el mal estado de las veredas y rampas existentes, desniveles en los ingresos a edificios públicos y privados, los espacios de circulación muy angostos, falta de sanitarios adaptados, escaso mantenimiento de los elevadores, entre otras.

Cabe destacar que Argentina adhirió a la meta 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030, que apunta a lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.