La Ley Micaela García, promulgada en 2019, establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Mediante el Monitoreo sobre la implementación de la Ley Micaela en los Poderes Judiciales, lanzado recientemente, se buscó conocer el grado de avance en la implementación de la norma y los resultados arrojados no fueron positivos. 

El informe elaborado por varias organizaciones, entre ellas la Fundación Micaela García, analizó cómo se hicieron las capacitaciones en los poderes judiciales provinciales, ya que son quienes reciben las denuncias de género, “por lo tanto, es necesario conocer de qué manera se implementa la Ley Micaela y el grado de cumplimiento en cada jurisdicción”.

Hubo solo siete jurisdicciones (29%) que respondieron en tiempo y forma el pedido de información pública: Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Mientras que el 17% no envió la información, el 46% lo hizo de manera parcial e incompleta y en dos distritos (8%) quien contestó fue el organismo de aplicación, indicando que no tenían competencias sobre los datos del poder judicial. 

De los datos que se pudieron recabar se desprende que hay una demora significativa entre el momento en que la provincia se adhirió a la ley y el momento en que comenzaron las capacitaciones. En La Rioja tardaron dos años, en San Luis 21 meses, Catamarca demoró 13 meses, Córdoba unos 10  y Mendoza 9 meses. 

“El retardo injustificado de la implementación perpetúa la composición de tribunales sin perspectiva de género".

“El retardo injustificado de la implementación perpetúa la composición de tribunales sin perspectiva de género y repercute negativamente en la vida de las mujeres y las diversidades”, señala el documento. Por otro lado, solamente el 25% de las jurisdicciones del país completaron al menos una de las ediciones de capacitación brindadas. Santiago del Estero tuvo 21, Santa Cruz 15, Mendoza 13, Formosa 8, Catamarca 7 y San Luis tan solo 1. 

En Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires se dio la particularidad de que dividen su formación en tres y cuatro módulos, respectivamente. Estos comenzaron a darse con unos primeros cursos, pero ninguna completó la capacitación. De esta manera registran cero ediciones capacitadas.

Hay cinco provincias que cuentan con más del 50% de su personal judicial capacitado en materia de género: Córdoba (88%), Santa Cruz (65%), Formosa (61%), Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur (56%) y Misiones (52%).

El último dato que arrojó el relevamiento es que no todas las provincias informan el grado de formación a jueces y juezas, de todas las instancias y fueros. Sólo lo hacen Córdoba y Formosa, con un 93% capacitado en ambos casos, Santa Cruz, con un 89% de su magistratura capacitada, y Neuquén informa que ha capacitado al 71% de magistratura y funcionariado hasta categoría equivalente a judicatura de 1° instancia.

Una reforma judicial feminista

Desde las organizaciones participantes aseguraron que la Ley Micaela “es una conquista histórica en el camino hacia la construcción de una justicia con perspectiva de género”  y que cuando exigen una reforma judicial feminista, "visibilizamos y problematizamos todas las violencias que sufrimos dentro del sistema judicial, donde la desidia y falta de formación en género se constituye como un obstáculo real en el acceso a la justicia”.