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La Procuración Penitenciaria de la Nación alertó sobre el colapso de los centros de detención no penitenciarios de la Ciudad. Al 30 de junio registraron 786 personas alojadas. Para dar respuesta a esta problemática, la Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria volvió a reunirse.

El Superior Tribunal de Justicia provincial aprobó una guía para la redacción de textos. Procuran que sean claros, concisos y no discriminatorios. De esta manera, buscan profundizar una política de acceso a la justicia por parte de la ciudadanía.

Emilio Andruet es juez de Córdoba y falló contra un productor rural por hacer trabajar a un menor a cambio de comida. Dice que es importante que la Justicia resuelva para que quienes sufren este tipo de situaciones se animen a denunciar.

Juan Lizarriaga es padre de una de las víctimas fatales por el derrumbe del boliche. A 12 años de aquel trágico día, y a una semana de iniciado el Juicio Oral en el que están acusadas 13 personas, pide que se haga justicia y que se condene tanto a empresarios como a inspectores. 

Qué estrategias se implementaron y cuáles aún deben aplicarse. Los avances y retrocesos en las políticas por un país más íntegro y transparente desde la mirada de expertos en la materia.

El uso de expresiones simples y eficientes es clave para comprender con mayor facilidad textos o discursos judiciales. Qué es el lenguaje claro, qué provincias tienen iniciativas al respecto y qué falta para garantizar acceder a documentos sin tecnicismos.

El presidente del primer jurado popular de la provincia de Buenos Aires que, en 2015, declaró “no culpable” a un hombre que había matado a otro para defender a su hermana. Cree que esta modalidad ayudar a agilizar la Justicia

Es la única jurisdicción del país que cuenta con una ley sobre tribunales populares en el fuero civil. Para que su implementación sea efectiva, comenzaron a realizarse simulacros que ayuden a difundir y ajustar el proceso.

Organizaciones civiles elaboraron un documento con reformas para mejorar el funcionamiento del acceso a la justicia en Latinoamérica. Proponen desde el uso de tecnologías de la información hasta nuevas normativas con mayores garantías.

Un fallo hizo lugar a un amparo colectivo y ordenó a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura Nacional a adoptar medidas para que las personas con discapacidad visual puedan utilizar sus sistemas y plataformas digitales.

El presidente de Innocence Project Argentina consideró necesario que el Congreso establezca criterios que ayuden a combatir las causas armadas por la policía, uno de los motivos por los cuales hay inocentes presos.

Se inició la validez del tratado ambiental internacional firmado en 2018 por los países de América Latina y el Caribe. Sus tres puntos claves son el acceso a la información, a la justicia y la participación pública.

Un informe de la Universidad Católica Argentina asegura que la fiabilidad en el Estado nacional bajó 10 puntos del año pasado a este y que hay un incremento de la insatisfacción de los argentinos con el funcionamiento de la democracia. La Justicia es la institución con menos credibilidad.

Pese a que en 2017 el máximo tribunal le había negado un pedido un periodista sobre decretos del Ejecutivo, ponderó la Ley de Acceso a la Información Pública y declaró admisible su solicitud.

El Índice de Estado de Derecho 2017-2018 calificó a nuestro país con 58 puntos sobre 100. Sin embargo, Uruguay es el mejor situado de la región, seguido de Costa Rica y Chile.

Fue en el fuero federal y es por un caso ocurrido en 2008 pero que trascendió en 2014 y llegó a tribunales ahora, tras una denuncia de la Oficina Anticorrupción. Se trata del supuesto pago de coimas de empresarios aeronáuticos estadounidenses a funcionarios locales durante el mandato de José Luis Gioja. El expediente pasó al fuero provincial.

Es por presuntas irregularidades en obras de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo de la provincia. En el banquillo de los acusados está el extitular de la dependencia, a quien acusan de abusar de un mecanismo excepcional para contratar en forma directa. Las audiencias comenzaron el viernes con el testimonio de un perito del Tribunal de Cuentas.

Son Martín Buzzi, que también fue gobernador, y Néstor Di Pierro. En el primer juicio de responsabilidad patrimonial de la historia local, el Tribunal de Cuentas municipal los declaró culpables de dañar al erario público por no cumplir un fallo que, hace 11 años, ordenó devolver un terreno a un vecino y cuyo castigo creció a razón de $500 por día.