El Ministerio de Justicia resolvió disolver 81 Centros de Acceso a la Justicia. De esta forma, solo habrá un centro de acceso por provincia y se privilegiará la atención remota. 

"La resolución lo que dice es que va a haber un plan de reordenamiento, el comunicado habla del cierre de 81 de estos centros pero no dan mayores precisiones”, explica Guillermina Greco, coordinadora del Programa Acceso a la Justicia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Los CAJ son dispositivos que brindan atención legal primaria que proporcionan servicios que se ocupan específicamente de las necesidades jurídicas cotidianas de las comunidades vulnerabilizadas. Greco detalla que atienden desde necesidades jurídicas más sencillas, como temas de seguridad social, registrales, de DNI, de trámites administrativos, hasta casos más complejos, de familia, víctimas de violencia de género, víctimas de delitos.

“El Ministerio de Justicia no da precisiones, dicen que van a fortalecer la atención digital y remota, pero no dan detalles sobre cuáles son los centros que van a cerrar, en qué periodo, qué va a pasar con esa demanda de la población y con los trabajadores. No hay nada de claridad”, agrega la referente de ACIJ. 

Atención en zonas remotas

“Los centros de acceso a la justicia son sumamente importantes porque son dispositivos descentralizados. Por lo general están en zonas rurales y barrios populares y representan una política pública que, además de ser la única a nivel nacional de acceso a la justicia, lo que hace justamente es descentralizar oficinas para que tengan otro tipo de cercanía con las personas y que pueda haber una presencia estatal y una garantía de acceso a justicia en distintos lugares”, remarcó Greco.

Según datos de la web del propio Ministerio, desde el 2016 al 2022, los Centros de Acceso a la Justicia atendieron más de 1.300.000 consultas.

En 2008 en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se crearon los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), con el fin de concentrar la atención a personas con derechos vulnerados, que demandaban la resolución de problemáticas que cercenaban el acceso y goce a una ciudadanía plena. Los CAJ se extendieron como una política nacional y federal a lo largo de todo el país, con el foco puesto en barrios populares y parajes rurales, lugares que históricamente han tenido menores posibilidades de acceso a sus derechos. 

El argumento de la cartera de justicia para disolver los Centros tiene que ver con el costo que tenía la política pública, según el Ministerio el mantenimiento de los CAJ alcanzaba los 8 mil millones de pesos, lo que representa solo al 0.01% del gasto público. 

Sobre el cierre de los Centros, Greco mencionó que tendrá un impacto muy grande. “Es un impacto muy grande porque las características de este servicio son muy necesarias para que las personas efectivamente puedan acceder a sus derechos. Acceder a la justicia en un sentido amplio, que no es solamente poder hacer un reclamo ante un juez sino que es poder ejercer efectivamente derechos y poder tener la asistencia legal que se requiere”. 

Por último, la Coordinadora del Programa Acceso a la Justicia sostuvo: “Lo que vienen a traer estos centros es el abordaje temprano, territorial, en contacto directo con las personas, atendiendo desde la perspectiva más temprana e incluso más preventiva. Es algo que no vemos que puedan reemplazar otros programas, entonces la pérdida es grande y esto de no tener una atención adecuada y temprana además de afectar en sí mismo derechos también lo que hace es que los problemas se agraven”.