El Pacto de Mayo y el gran desafío de un acuerdo nacional
Entre los principales puntos está el de reducir el gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PBI. ¿Alguna vez se alcanzó ese piso en las cuentas del Estado Nacional?
En la última asamblea de apertura de sesiones ordinarias, el Presidente presentó la convocatoria a un acuerdo nacional al que denominó Pacto de Mayo. Dicha iniciativa incluye 10 puntos que buscan sentar los principios de un “nuevo contrato social” que fijen el “nuevo orden económico argentino”.
El Pacto de Mayo abarca desde la política fiscal, la “inviolabilidad de la propiedad privada”, una reforma tributaria para promover el comercio y reducir la presión impositiva, la redefinición del sistema de coparticipación, el acuerdo para potenciar la explotación de recursos naturales, la reforma laboral “moderna”, reforma previsional con el eje en la sustentabilidad del sistema jubilatorio, cambios en el sistema político para “alinear los intereses de los representantes y los representados”, y la apertura de la Argentina al comercio internacional.
Precisamente, la consigna 3 se refiere al gasto público. En el documento se detalla como objetivo a pactar la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PBI. El gasto público consolidado (GPC) resulta de la suma del gasto nacional, provincial y municipal. Lo que el pacto propone a priori es un compromiso de los tres actores que hacen al Estado, donde cada uno deberá reorganizar sus estructuras generales de “gastos”. A partir de información pública pudimos construir una serie estadística que abarca el GPC para comprobar si en algún momento en la historia reciente se alcanzó ese promedio histórico y también para entender cómo se configuran los distintos niveles de gasto público.
En los últimos 31 años, sólo una vez el GPC alcanzó el nivel histórico del 25% del PBI y fue en 2004, momento en que se ubicó en 24,93%. En 2004, el gasto nacional fue de 12,23%, el provincial de 10,32% y el municipal de 2,38% del PBI. Y si lo comparamos con el 2022, a nivel nacional representó un crecimiento de más de 10 p.p., 3,77 p.p. más en el provincial y 0,91 p.p. en el municipal.
Los datos nos muestran otras curiosidades
En 2016 se alcanza el máximo histórico de la serie en torno a los 44,39% del PBI en el nivel de GPC, mientras que el 2022 cierra en casi 39,94% del PBI.
En los últimos 10 años, el promedio de GPC rondó en torno a los 41,9% del PBI, mientras que en la década del 90 fue de 27,8% del PBI. La caída interanual más pronunciada para toda la serie en puntos porcentuales fue la del 2002, donde se pasó de un GPC de 31,82% en 2001 a 26,91% del PBI, una caída de casi 5 p.p en la participación del GPC.
La propuesta del Pacto de Mayo, si tomamos como referencia el año 2022, significaría una reducción del GPC en torno al 15 p.p. del PBI para alcanzar un nivel similar al del 2004 en 2024. Para tomar dimensión de lo que representan estos 15 puntos del PBI, vemos que el total de las prestaciones de la seguridad social en 2022, que incluyen jubilaciones, pensiones y políticas de asistencia social, llegó a 9,68% del PBI, mientras que las transferencias al sector privado (principalmente subsidios a las empresas de energía) un 7,27% del PBI.
En cuanto a las prestaciones de la seguridad social que paga Nación, si bien el promedio en los últimos 20 años rondó los 7,25% del PBI, a partir del 2017 hasta 2022, comienza a caer su volumen, pasando del 9,51% a 7,63% del PBI. En otras palabras, en los últimos seis años, la seguridad social se achicó casi un 20% en el total de gastos que corresponden a Nación, indistintamente si la economía creció o no en esos años, siendo el pico más alto en 2020 y el punto más bajo el 2022.
Existe un gran debate en torno a la dimensión del gobierno nacional, sobre cómo se expandió en los últimos 20 años y sus efectos en la economía. Sin embargo, al analizar los datos vemos que el promedio para los últimos 30 años fue 20% en relación al PBI.
Lo que sí se puede ver es que a partir del 2009, el gasto nacional superó la barrera de los 20% del PBI, sosteniéndose hasta el 2022. Es decir, en los últimos 14 años el gasto público nacional fue siempre superior al 20% del PBI. El año 2016 fue el de mayor gasto nacional, momento en que se alcanzó el punto máximo del 25.93%, superior incluso al 2020 en un contexto de crisis sanitaria (25.76% del PBI).
A nivel nacional, luego de las prestaciones de seguridad social, las transferencias son las que más crecieron en el GPC. Este rubro abarca tanto las transferencias al sector privado, público y externo. Para la serie 2004-2022, el promedio de transferencias nacionales fue de 5,47% del PBI, marcado por un fuerte crecimiento a partir 2014, momento en que se superó el piso del 6% y se alcanzó el pico histórico en 2020 con 8,31%, para luego disminuir a 6,69% del PBI en 2022. De punta a punta, las transferencias nacionales al sector privado crecieron 153% y las dirigidas al sector público 45,8%. Sin embargo existen diferencias entre las transferencias al sector privado y el sector público. Mientras que las primeras, dirigidas principalmente a las empresas de energía en concepto de subsidios, representan en promedio 4,59% del PBI, las transferencias al sector público, destinadas principalmente a servicios de salud y educativos de gestión nacional, el promedio fue de 0,85% del PBI y nunca superó el 1% del PBI.
Por último, los gastos de los gobiernos provinciales, si bien han mantenido las mismas funciones administrativas en los últimos 30 años, crecieron progresivamente en relación al PBI. Mientras que el promedio para la serie es de 12,6% del PBI, vemos que se pasó de un nivel 9,98% al inicio (1992) y cerró en 14,09% del PBI (2022). En otras palabras, el gasto público provincial se incrementó un 40% en relación a su participación en el PBI en los últimos 30 años. Esto se explica principalmente por el gasto en personal que prácticamente aumentó un 50% entre 2004 y 2022. Precisamente, en 2022, los recursos destinados al pago de sueldos del personal público (que abarca el sistema educativo y de salud), representó 7% del PBI para las provincias, mientras que el mismo concepto a nivel nacional alcanzó el 2,5% del PBI.
Convocado para ser firmado en mayo, y supeditado a la aprobación de la Ley Bases en el Congreso, el pacto elaborado desde el poder ejecutivo aún no se concretó. Recientemente, en el acto realizado en Rosario por el día de la Bandera, se volvió a insistir con una convocatoria amplia que comprenda “a todas las autoridades políticas, los gobernadores de las provincias argentinas, los dirigentes de los principales partidos políticos, los ex presidentes de la Nación, los miembros de la honorable Corte Suprema de Justicia, empresarios, trabajadores” a realizarse, en esta oportunidad el 10 de julio en Tucumán.