La Constitución Nacional de 1853 previó que el Congreso de la Nación debía dictar leyes para el establecimiento del Juicio por Jurados. Si bien la enmienda se mantuvo, su implementación se vio postergada hasta 2004, cuando Córdoba se convirtió en la primera provincia en cumplir con ese mandato.

En 2011 fue el turno de Neuquén y luego, en septiembre de 2013, la provincia de Buenos Aires aprobó la Ley 14.543 de Juicios por Jurado. La sanción marcó precedente y es que ese sistema es el único que permite la intervención directa de la ciudadanía en la actividad del poder judicial.

Un informe publicado en 2021 por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ) plantea que el sistema de juicio por jurado tiene otras ventajas, además de la participación ciudadana. La publicidad, porque apunta no sólo a reconocer la participación ciudadana en los asuntos públicos, sino que, a la vez, aportan transparencia en la administración de justicia.

Según el documento de la UNLZ, otra característica de los juicios por jurados es el alto nivel de imparcialidad que representan. Aunque los 12 ciudadanos que participan no se excluyen absolutamente de los riesgos de influencia, las posibilidades reales de que ello ocurra se reducen sustancialmente por la cantidad que son y porque cambian para cada caso que llega a juicio.

Además, se plantea el concepto de proximidad. El jurado es un mecanismo de participación que rompe la distancia entre representante y representado, que obliga a los operadores del sistema de justicia a modificar su lenguaje en un sentido asequible y aprehensible por la comunidad.

Por último, el texto publicado por la UNLAM menciona el “control social” que ejerce el sistema de jurados sobre la justicia, lo que permite una mejora en la calidad de la investigación, del juicio y de la decisión judicial.

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“Está realmente consolidado”

En diálogo con El Auditor.info, la abogada Denise Bakrokar, integrante de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, analizó que “hoy en día el sistema en la provincia de Buenos Aires, está realmente consolidado”.

“Al principio la implementación fue gradual y se hicieron pocos juicios, pero hoy ya se hicieron innumerables juicios por jurados y en general no existen mayores inconvenientes. Los jurados se toman con seriedad su responsabilidad y los jueces vieron resignificados su rol como directores del proceso”, continuó Bakrokar y aseguró que las partes “tuvieron que aprender a litigar frente a los jurados populares, lo que implicó un gran desafío”.

Para la referente de la Asociación de Juicios por Jurado, “lo más importante es que los ciudadanos pudieron empezar a confiar en el sistema judicial al verse involucrados en el mismo”.

En relación a la cantidad y la calidad de juicios por jurado que hubo en la provincia de Buenos Aires durante estos 10 años, Bakrokar explicó que “posiblemente los casos mediáticos hayan sido los más útiles para poder empezar a discutir sobre el juicio por jurados como instituto para el juzgamiento de los delitos y para empezar a desmitificar algunos de sus aspectos centrales”.

“El juicio del carnicero o el del médico que mataron a sus asaltantes fueron casos paradigmáticos porque la sociedad se comenzó a involucrar y a interesarse en este tipo de procesos, o el de Farré que asesinó a su ex esposa y nos trajo toda la cuestión de género tan importante en estos días. Lo bueno de los juicios mediáticos fue justamente que todos los ciudadanos pudieron conocer un poco más acerca del funcionamiento del sistema y saber que algún día ellos también podrían ser convocados como jurados”, ejemplificó.

Ante las cuestiones para mejorar, desde la Asociación de Juicios por Jurado lo tienen claro. “En lo que hace al sistema en sí mismo, creo que las partes, fiscales, defensores y querellantes -y también los jueces- tienen que seguir perfeccionándose en técnicas de litigación tanto del juicio, como de las audiencias específicas que nos trae el sistema para poder aprovechar al máximo las herramientas del juicio por jurados”, remarcó Bakrokar y concluyó: “En términos organizativos, todavía faltan oficinas encargadas de la gestión y preparación de los juicios, para que estas tareas no recaigan sobre los jueces”.