Consejo de la Magistratura de la Nación: ¿Qué es y cómo funciona?
Se creó en 1994 con la reforma constitucional. Administra los recursos que se le asignan a la Justicia y controla a los magistrados de los distintos tribunales. Actualmente, su Presidente es el mismo titular que en la Corte Suprema de Justicia: Horacio Rosatti.
El Consejo de la Magistratura es el principal organismo de control del Poder Judicial. Se autodefine como órgano permanente del Poder Judicial de la Nación, incorporado a la Carta Magna mediante la reforma constitucional realizada en el año 1994, y se encuentra regulado por la Ley 24.937; que fue parcialmente reformada por la Ley 26.080 en 2006.
Entre otras funciones, el Consejo tiene la responsabilidad de aplicar las sanciones a los magistrados a propuesta de la Comisión de Disciplina y reponer en sus cargos a los magistrados suspendidos que, sometidos al Tribunal de Enjuiciamiento, no hubieran resultado removidos por decisión del Tribunal o por falta de resolución dentro del plazo constitucional.
En resumen, el Consejo de la Magistratura supervisa la tarea de los jueces, y eventualmente les impone sanciones. En caso de que existan causas graves que pudieran justificar la remoción de un juez, el Consejo de la Magistratura es el organismo encargado de dar inicio al juicio político, disponiendo la apertura del mismo y convocando al Jurado de Enjuiciamiento que decidirá la situación del juez. En el juicio político, el Consejo actúa como parte acusadora. Sobre la administración, su labor es ejecutar el presupuesto anual del Poder Judicial.
¿Quiénes componen el Consejo de la Magistratura?
En relación a las autoridades, la Ley que da creación al organismo indica que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación presidirá el Consejo de la Magistratura. Mantiene el cargo y ejerce sus funciones mientras desempeñe la presidencia de la Corte Suprema y tiene los mismos derechos y responsabilidades que los miembros del Consejo y en caso de empate en una votación, su voto se computará doble.
En detalle, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación está integrado por 20 consejeros:
- El presidente, en este caso, Horacio Rosatti.
- 4 jueces del Poder Judicial de la Nación: Ricardo Recondo, Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones, y Juan Manuel Culotta.
- 8 legisladores nacionales, cuatro en representación de la Cámara de Senadores: Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara, Silvia Giacoppo y Martín Doñate. Y cuatro provenientes de la Cámara de Diputados: Vanesa Siley, Pablo Tonelli, Roxana Reyes y Graciela Camaño.
- 4 representantes de los abogados de la matrícula federal: Diego Marías, Carlos Matterson, Jimena de la Torre y Fernanda Vázquez.
- 1 representante del Poder Ejecutivo: Gerónimo Ustarroz.
- 2 representantes del ámbito académico y científico: Diego Molea y Pamela Tolosa.
Reforma de 2006: cambios en la composición
En 2006, mediante la Ley 26.080 se modificó la composición del Consejo de la Magistratura y se redujo su número de miembros. Los jueces pasaron de 4 a 3, los legisladores de 8 a 6, los representantes de los abogados de 4 a 2 y se mantuvo en una plaza el Ejecutivo y el ámbito académico.
La reforma de 2013 que no fue
En 2013, los cambios propuestos para el Consejo llevaron el nombre de “reforma judicial”. A través de un Decreto, se convocó a los ciudadanos a elegir en las PASO a los candidatos para el organismo rector de la Justicia.
Se proponía elegir tres jueces del Poder Judicial de la Nación. Según el resultado de las elecciones asumirían dos representantes a la lista que resulte ganadora por simple mayoría y uno a la que se ubique en segundo lugar. También, los ciudadanos votarían por los tres representantes de los abogados de la matrícula federal y los seis representantes de los ámbitos académico o científico.
Esa iniciativa proponía, de manera excepcional, que se sumaran a los integrantes en funciones con los elegidos en las elecciones 2013, llegando a ser 25 los consejeros del organismo hasta la finalización de los mandatos. Sin embargo, en junio de ese año, la jueza María Romilda Servini de Cubría emitió dos fallos declarando como inconstitucional el voto popular para la elección de consejeros, abogados, jueces y académicos. Con esas resoluciones anuló la convocatoria a las elecciones para consejeros y también el posible nuevo número de integrantes del Consejo de la Magistratura. Por supuesto, el Gobierno recusó las decisiones de la Jueza y finalmente la Corte Suprema de Justicia definió el asunto: declaró inconstitucional la reforma.