Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) analiza la gestión de la Secretaría de Energía con respecto al cumplimiento de las metas del ODS 7, Energía asequible y no contaminante, que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible asumidos por el país en el marco de la Agenda 2030.

El período analizado va desde el inicio del año 2018 hasta dos años después, a fin de febrero del 2020, y los avances y acciones registrados en ese lapso no fueron suficientes.

Se encontraron programas subejecutados y falta de coordinación entre las partes involucradas, no logrando garantizar el futuro cumplimiento de los compromisos asumidos.

Dentro de la auditoría también se incluyó al Programa Renovar, que fue implementado con el objetivo de fomentar el uso de energías renovables para la producción de electricidad, a partir del otorgamiento de una serie de beneficios fiscales a los titulares de los proyectos.

Respecto de este programa, el organismo de control evaluó la contribución del mismo en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), pero la auditoría no pudo constatar que haya habido un aporte real ni una correcta implementación de las políticas programadas.

Falta de articulación y reducción presupuestaria

El informe, que fue aprobado en noviembre del pasado 2022, detalla que dos de los programas ligados al cumplimiento de las metas fueron “subejecutados y desfinanciados”, ya que del 2018 al 2019 el presupuesto destinado, no solo no se invirtió en forma total, sino que también se redujo en casi $300 millones.

Los programas en cuestión son el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales, del cual en 2018 y 2019 solo se ejecutó el 70% y el 41.3%, respectivamente, y el programa Formulación y Ejecución de Políticas para el Fomento de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética, que fue desfinanciado de un año a otro.

Además de a nivel presupuestario, se encontraron inconsistencias en el proceso de identificación y vinculación de los planes con las metas del ODS desarrollado por la Secretaría de Energía, ya que fueron emitidos informes en los que se incluían unos proyectos y luego se generaron otros con programas diferentes. De acuerdo al informe, ésto no solo es desprolijo sino que también entorpece la correcta revisión de los procesos y, sobre todo, dificulta el cumplimiento de las metas cuyos resultados afectan directamente la calidad de vida de la población.

No se identificaron acciones de articulación entre distintos organismos estatales que debían trabajar en conjunto en pos de los objetivos.

Las energías renovables son una estrategia segura y sostenible para mitigar el aumento de la temperatura global y, respecto al nivel local, constituyen una oportunidad para diversificar la matriz energética, fomentar la industria limpia e impulsar las economías regionales.

En este sentido, el país adhirió al ODS 7 “Energía asequible y no contaminante”, comprometiéndose a la búsqueda de “un acceso universal a una energía fiable, moderna y sostenible”. Para tal fin, es necesaria la colaboración entre distintos organismos estatales que cumplan integralmente con sus obligaciones, pero la auditoría expuso que no se identificaron acciones de articulación con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) ni con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) para elaborar y reportar la información necesaria luego de la instancia de adaptación de las metas ODS al medio local.

Metas voluntarias, incumplidas

Como con cada ODS, cada país posee la potestad de analizar y elegir aquellas metas dentro de las categorías que consideren relevantes a sus problemáticas locales. Una vez seleccionados estos fines, existe una segunda instancia en la que se adapta el enunciado original al conflicto u objetivo regional.

Es importante resaltar este punto ya que los planes asumidos como compromisos con el ambiente y la población deberían poder ser llevados a cabo, o al menos, encontrarse encaminados a ese fin.

Durante el período auditado, no se pudo constatar que estén siendo realizadas las tareas necesarias para cumplir con las metas adaptadas por nuestro país, que son, a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos; aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas y duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

La quema de combustibles fósiles para la producción de energía provoca el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, que precipitan el cambio climático.

Dentro del plano local existe, tal como se mencionó anteriormente, el Programa RenovAr, el cual según la AGN constituye una herramienta de gran potencial para el cumplimiento del incremento del uso de las energías renovables.

Se analizó específicamente el impacto de este proyecto en la reducción de emisiones de GEI, por ser el sector energético el que más CO2 aporta a la atmósfera, pero el informe señala que “la Secretaría de Energía no identificó mecanismos para contabilizar el impacto de las políticas de incorporación de fuentes renovables de generación eléctrica sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero”. Es decir, como en puntos anteriores, tampoco se pudo verificar la correcta implementación de las medidas del programa, ni de las tareas que deberían estar siendo llevadas a cabo.

La matriz energética Argentina está conformada por combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas) en un 85%. La quema de éstos para la producción de energía y transporte provocó el incremento en las concentraciones de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, precipitando el cambio climático.

Aún es posible, y necesario, mejorar el panorama de la situación enérgetica nacional, pero para eso es clave que los organismos encargados de implementar las medidas que modifiquen y mejoren las actuales fuentes de energía, realicen los cambios que apunten a mejorar la calidad de los recursos.