Una lupa sobre la corrupción
El 31 de enero pasado se realizó la presentación del Índice de Percepción de la Corrupción 2022 (IPC), elaborado por Transparencia Internacional, una Organización No Gubernamental con sede en Berlín. El mismo se realiza anualmente desde 1995 y califica –en una escala de 0 a 100– los niveles percibidos de corrupción en el sector público de cada país, de acuerdo a las opiniones de expertos y empresarios y tomando como base un mínimo de tres fuentes de datos, las cuales son tomadas de trece estudios y evaluaciones realizadas por instituciones de prestigio tales como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.
Según Transparencia Internacional, Argentina no implementó políticas innovadoras para luchar contra la corrupción.
De este modo, acciones como el soborno, la malversación de fondos públicos, el nepotismo en el ejercicio de los cargos y la captura del Estado por intereses privados, junto a situaciones como la ausencia de legislación que promueva la transparencia y evite los conflictos de interés en la función pública, o la sanción de leyes que promuevan el acceso a la información pública y actividades de gobierno, o protejan a quienes denuncian casos de corrupción, son recogidas en este ranking que intenta reflejar el uso indebido del poder público para beneficio privado en 180 países de todo el mundo. En esta escala, el cero equivale a “altamente corrupto”, mientras que cien significa “muy limpio”.
Para esta edición del IPC Argentina fue calificada con 38 puntos sobre 100, quedando ubicada en el puesto 94 entre 180 países evaluados. En un informe elaborado por Poder Ciudadano –capítulo nacional de Transparencia Internacional– señalan que Argentina está “estancada” ya que “no se han llevado adelante políticas innovadoras en materia de lucha contra la corrupción” mientras se lamentan que “el tema no está dentro de la agenda pública del gobierno”. Un rápido análisis de los últimos diez años de la performance Argentina en este índice muestra que el puntaje más bajo fue obtenido en el 2015: con 32 puntos y ocupando el puesto 107 sobre un total de 168 países, mientras que el más alto fue en 2019, con 45 puntos, en el puesto 66 sobre 180 países. De este número se pasó al actual puesto 94 con 38 puntos, mostrando un abrupto descenso.
A nivel global, el informe elaborado por Transparencia Internacional destaca que dos tercios de los países obtuvieron menos de 50 puntos, siendo 43 la puntuación media en todo el mundo. En el panorama latinoamericano las mejores ubicaciones son para Uruguay con 74 puntos y Chile con 67, mientras que Nicaragua –con 19 puntos–, Haití (17) y Venezuela (14) aparecen en las posiciones más bajas de la tabla. Por su parte, el continente europeo obtuvo las calificaciones más altas, con una puntuación media de 66 sobre 100. Dinamarca quedó a la cabeza del ranking mundial, con una puntuación de 90, seguido por Finlandia y Noruega con 87 y 84 respectivamente.
La particularidad de estos informes es que cada edición anual incorpora un análisis que vincula la corrupción a un eje determinado. El IPC de 2021 estuvo vinculado a la temática de Derechos Humanos, mientras que esta última edición se relaciona con el tema de “Paz, conflicto y seguridad”, estableciendo correlaciones entre el índice y otros estudios que miden el grado de paz, bienestar, conflicto y amenazas a la seguridad en los países, apelando principalmente al Global Peace Index. En este sentido, los datos arrojan una contundente relación entre estas temáticas, demostrando que el 80% de las protestas relacionadas con la corrupción y el 82% de las respuestas violentas contra manifestantes en el mundo se produjeron en países cuya puntuación en el IPC es menor a 50, mientras que, por otro lado, el 95% de los países que se ubican en los últimos puestos del IPC se encuentran en una situación de conflicto permanente –incluso con conflictos armados– tales como Yemen (calificado con 16 puntos, atravesado por una guerra civil y con dos tercios de su población en crisis alimentaria) o Sudán del Sur (que con 13 puntos en el IPC tiene a más de la mitad de su población en grave inseguridad alimentaria y sufriendo un altísimo nivel de corrupción e inseguridad).
Por último el informe realiza una serie de recomendaciones para combatir la corrupción a escala global. Para ello proponen reforzar los controles y equilibrios, promover la separación de poderes y dotar de suficientes recursos y total independencia a los organismos anticorrupción y las instituciones de control; además los Gobiernos deben promover la transparencia y el acceso a la información pública de manera oportuna y significativa; debe limitarse la influencia del sector privado, regulando el lobby y estableciendo normas estrictas sobre conflicto de intereses; y, por último, deben combatirse las formas transnacionales de corrupción. Tal y como expresó Delia Ferreira Rubio –Abogada Argentina y Presidenta de Transparencia Internacional–: “La corrupción está en la base de todos nuestros fracasos como sociedad”, por ello “la única salida para los Estados es hacer el trabajo duro, extirpar la corrupción a todos los niveles para garantizar que los gobiernos trabajan para toda la población, no sólo para una pequeña élite”.
