La organización de la sociedad civil (OSC) Transparencia por Colombia elaboró un informe en el que identificó algunas experiencias de control ciudadano sobre la transparencia en la gestión pública en Latinoamérica. 

En el país donde se realizó la investigación, cuentan con una herramienta web que fomenta la transparencia en la financiación electoral. Se llama “Cuentas Claras” y no solo les facilita a los candidatos y partidos el reporte de sus movimientos contables en las campañas electorales, sino que además les permite a los ciudadanos conocer y contrastar esta información.

Fue tal el éxito de esta iniciativa, que el Consejo Nacional Electoral de Colombia lo avaló como mecanismo oficial para la rendición de cuentas de las campañas.

En Venezuela, por su parte, se desarrolló “Dilo Aquí”, una aplicación móvil de denuncia ciudadana frente a hechos de corrupción mediante la cual, los ciudadanos pueden reportar en tiempo real casos de los que son víctimas o testigos recibiendo asesoría especializada. De esta forma, se logró que el 58 % de las denuncias recibidas se convirtieran en investigaciones formales por parte de las autoridades venezolanas.

Las Brigadas Anticorrupción de Perú también son un claro ejemplo de participación ciudadana, en este caso, sobre todo en la identificación de riesgos de corrupción. El proyecto comenzó en el distrito Los Olivos donde un grupo de ciudadanos voluntarios, previamente capacitados, auditaron decenas de expedientes públicos sobre temas en riesgo de corrupción y recibieron denuncias ciudadanas. Es que el número de peruanos movilizados y la integración de algunas de las autoridades del distrito son indicadores del éxito y potencial de esta iniciativa.

En ese mismo país se lanzó una experiencia de acompañamiento de las licitaciones público-privadas en el marco de un proyecto de adquisición de uniformes para la Policía Nacional. Así, lograron identificar y evitar un sobrecosto en el precio base de la licitación, lo que hubiera impactado negativamente en el presupuesto del Estado de Perú.

Mientras tanto, en Brasil, se identificaron tres iniciativas de control ciudadano. La primera, tiene que ver con la participación de estudiantes en la supervisión y el análisis de presupuestos de sus colegios. La segunda experiencia evidencia el seguimiento de una plataforma de la sociedad civil brasileña de los gastos ejecutados por el Banco de Desarrollo en Brasil. La última, cuenta la intervención de las OSC en la planeación del presupuesto público nacional dedicado a la alimentación.

Otro de los casos destacados es el Índice de Apertura y Transparencia Municipal de Bolivia. Se trata de un ejercicio de medición de la percepción ciudadana y autoevaluación que hacen los funcionarios públicos acerca de los niveles de apertura y transparencia en la gestión de las entidades públicas municipales.

Por su parte, Chile cuenta con un Observatorio Ciudadano Anticorrupción, una  herramienta de seguimiento del cumplimiento de los compromisos gubernamentales en materia de lucha contra la corrupción y de revisión y cualificación del trámite de proyectos legislativos y administrativos sobre conflicto de intereses, tráfico de influencias y corrupción en general.

Del mismo modo, en Argentina, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) lanzó el año pasado el Observatorio de Causas de Corrupción para incentivar el control ciudadano, la rendición de cuentas por parte de los jueces, y el compromiso de las agencias judiciales en la lucha contra la corrupción.