La dificultad para acceder a una vivienda digna en Argentina aún sigue siendo un problema estructural que no encuentra solución. Tanto es así que el mismo subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Iván Kerr, reconoció que el déficit habitacional en Argentina ronda las 3,5 millones de viviendas.

Hace ya varios años que los organismos de control ponen en alerta el hábitat popular. Uno de los programas que refleja esta problemática es "Techo Digno", cuyo objetivo es "construir viviendas y obras de infraestructura complementarias".

Para empezar, la Auditoría General de la Nación (AGN) afirmó que las viviendas del programa "no cumplen con los estándares mínimos de calidad". En el informe, aprobado en 2013 sobre datos de 2011, se destaca la mala elección técnica y legal de los terrenos. Por ejemplo, en las 300 unidades construidas en Ezeiza se encontraron "zonas proclives a inundaciones por estar cerca al Arroyo Aguirre, gran cantidad de residuos y aguas estancadas, terrenos compuestos de arcilla no aptos para la construcción, deficiencias en el acondicionamiento térmico, carpinterías fuera de los estándares, incumplimientos de las normas de Seguridad e Higiene por parte de las empresas contratistas y falta de elementos de seguridad para evitar la intrusión".

A la hora de evaluar un programa habitacional en los sectores más vulnerables es importante trascender lo puramente arquitectónico y hacer hincapié en los servicios relacionados al agua, luz, gas y otros como la accesibilidad a los medios de esparcimiento, a los servicios educativos, de salud y la conectividad al transporte público.

Precisamente sobre este punto el organismo de control no detectó un panorama muy alentador en los barrios R. Favaloro y M.T. Calcuta de José C. Paz. Allí viven cerca de 1850 familias, sin embargo se constató que "no hay instituciones educativas ni públicas ni privadas, ni existe un centro de salud ambulante". Tampoco hay espacios destinados a actividades recreativas, deportivas ni sociales.

Ahora bien… ¿qué pasa una vez que las propiedades son entregadas? “No hay ningún tipo de control post entrega”, alertó la Auditoría. De hecho, “se desconoce si las familias adjudicatarias son las que efectivamente habitan la vivienda”.

Del relevamiento realizado entre los beneficiarios, se descubrió que “hay unidades que fueron vendidas, alquiladas u ocupadas por familias que no eran las originalmente beneficiarias”. Es importante señalar que “no se puede realizar ninguna transacción con las viviendas hasta que pasen tres años desde su entrega”.

En la Patagonia, mismo panorama

Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), realizado en 2007, detectó “prolongadas demoras en el inicio de las obras” del Plan Federal de Construcción de Viviendas, a pesar que los contratistas cobraron el 15 por ciento del costo de las construcciones por adelantado.

El proyecto fue costeado enteramente por fondos públicos nacionales y preveía, en su primera etapa, la construcción de 120 mil viviendas en todo el país y en la segunda 300 mil nuevas casas. 

Según la SIGEN, en varias obras que debían hacerse en la Patagonia, los fondos anticipados se otorgaban al inicio de la “veda invernal para tareas de hormigonado”. Es que por las características climáticas de la región, con un invierno que recrudece entre mayo y septiembre, las edificaciones no podían comenzar.

Estas irregularidades reflejaron una “deficiente utilización de los recursos públicos” que se suman al “incumplimiento de los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social” en obras que se hicieron en el Partido bonaerense de Moreno. Allí, el diseño de las casas “no permite la posibilidad de crecimiento sin hacer importantes modificaciones y demoliciones al proyecto original”.