¿Cuál es la situación de las terminales portuarias de la Argentina?
A partir de diversos trabajos que realizó la Auditoría General de la Nación es posible conocer cómo están los puertos de nuestro país. Del análisis se desprende que la mayoría funciona sin habilitación y se encuentra en mal estado. La buena, la millonaria deuda que dos terminales tuvieron con el Estado por casi 15 años ya fue saldada.
Las insólitas y alarmantes observaciones del reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGPSE) y sus tareas de control sobre la prestación de la empresa Terminales Río de la Plata Sociedad Anónima (TRPSA) llevan inevitablemente a pensar cuál es la situación de las terminales portuarias en la Argentina.
Uno de los informes de auditoría más relevantes al respecto señaló que, en nuestro país, “siete de cada diez puertos funcionan sin habilitación”. El informe publicado por El Auditor.info en abril de 2013 destaca que hasta ese momento, en Argentina operaban 201 terminales de las cuales “solo 41 tenían los papeles en regla”.
En aquel momento el equipo de la AGN visitó, de manera programada, varios puertos del país y en su informe manifestó que “la transferencia de los puertos a las provincias y/o a empresas privadas, las tareas de dragado y mantenimiento de la vía navegable así como del vaso portuario generó un desmantelamiento de las terminales”. Aquel informe hacía hincapié en la falta de cumplimiento por parte del Estado nacional de normativa que es exigida a todo aquel que quiera habilitar un puerto.
En Misiones “ninguno de los puertos estaba habilitado”. En el Soberbio, por ejemplo, si bien tenía una autorización para prestar el servicio de balsas, se advirtió “basura dispersa en el suelo y tachos en mal estado”.
En Buenos Aires, los estudios técnicos de 2011 y 2012 arrojaron que “los galpones estaban en estado de abandono, los techos deteriorados e, incluso, rotos; los tambores de almacenamiento de aceite se encontraban en estado de abandono, oxidados y con pérdida”.
Allí los barcos que están para su desguace “no solo generan un impacto visual negativo, sino que son fuente de contaminación de aguas y suelos”.
En Entre Ríos, detalla el informe, “los muelles se encuentran en un mal estado general, con falta de mantenimiento”. De hecho, había uno roto desde antes de 1997, año en el que se realizó el pedido de reparación.
Sobre la seguridad informática de la Administración de Puertos, en varias oportunidades se señaló “la falta de integridad de la información almacenada y la debilidad de los controles” que hacen que “la calidad de los datos sea escasa y nula”. Esta situación no fue observada solo por la Auditoría sino también, en 2009, por la Sindicatura General de la Nación.
Respecto a la organización, en los informes de la AGN que evaluaron el período 2007 – 2009 y el 2012, observaron “una administración que depende de las rutinas y del conocimiento del personal, sin manuales que indiquen funciones y tareas a desempeñar”.
Los puertos en números
La AGN aprobó durante 2012 los informes referidos a los Estados Contables de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado para los períodos 2004, 2005 y 2006. En los tres casos “hubo abstención de opinión debido a que el circuito contable es de baja confiabilidad y falta documentación de respaldo”.
En esa oportunidad, la Auditoría “tampoco pudo presenciar los arqueos de fondos, cortes de documentación ni el control interno al cierre de cada ejercicio”.
En otro informe, que evaluó el 2012, pero que fue publicado en 2015, se advertía sobre “facturas pendientes de cobro, por parte de la Administración General de Puertos, fechadas en 1999”.
En aquel momento, el organismo de control había manifestado que “la existencia de facturas pendientes de corbo, cuyas fechas de emisión en aquel momento eran de 7 y 14 años, ameritaban la inmediata resolución a través de alguna acción administrativa y/o judicial para su cobro”.
Por esta situación, los diputados de la Nación interpelaron al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el marco de su informe de gestión. http://www.elauditor.info/articulo/6777
Al respecto, el funcionario afirmó que “la firma BACTSSA canceló el 22 de marzo de este año una deuda de $31 millones” que incluye el valor nominal de la deuda más los intereses y la diferencia de cambio a la fecha del pago”. Sobre la otra firma que no había cancelado el pago, Terminal Río de la Plata, manifestó que también saldó su deuda de $13 millones con los mismos punitorios que la anterior compañía.
La jefatura de gabinete aclaró además que ambos pagos son a los que hacía referencia la Auditoría General de la Nación por lo que “no hay deudas de las terminales portuarias con la administración Nacional de Puertos”.
