El apagón, que en medio de las altas temperaturas debieron padecer cientos de miles de usuarios, generó que la Nación advierta sobre la posibilidad de quitarle a Edesur la concesión y una denuncia penal por parte de la Defensoría del Pueblo bonaerense ante la Justicia Federal. Desde la prestataria del servicio eléctrico salieron al cruce de las acusaciones y aseguraron que continúan con el proceso de venta de activos de la firma. 

Mediante una solicitada, la empresa indicó que el corte registrado el viernes 10 de febrero fue por pedido de la sociedad que coordina y opera la red de alta tensión, y justificó que este mes se ha convertido en uno de los más calurosos de los últimos 60 años, por lo que hubo un récord histórico de demanda de energía. Tras una enumeración de obras e inversiones realizadas en los últimos años, la carta pública culmina con dos párrafos en los que refiere a la salida de Enel, grupo a cargo de Edesur, del país. 

“En el anunció la salida de Argentina, así como de otros países. En todos los casos se realizó con mucha responsabilidad, planificación y especial atención en los trabajadores, los clientes y la sociedad. Así también será en la Argentina. En el país, este proceso ya comenzó con la generación térmica y en marzo se iniciará con Edesur, observando siempre los parámetros de responsabilidad que caracterizan al grupo en los 30 países donde opera”, indica. 

Las razones esgrimidas por la empresa no conformaron al interventor del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, quien mediante un tuit cuestionó que los cortes sean consecuencia de los días calurosos. 

Tweet de Walter Martello

La partida de Enel del país

A fines del año pasado, la compañía eléctrica italiana Ente Nazionale per l'energia Elettrica (Enel), dueña de Edesur, anunció la venta de sus activos en Argentina. La empresa también informó la salida de otros mercados como Perú, Rumania y parte de Brasil como parte de un plan para recuperar 21.000 millones de Euros y reducir así una deuda que ronda los 70.000 millones. 

En Argentina, Enel es la distribuidora eléctrica Edesur, las centrales térmicas Costanera y Dock Sud, la concesión de la hidroeléctrica El Chocón, líneas de transmisión y de transporte de energía eléctrica. Al menos 2,5 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense son clientes de la firma.

Durante los años que operó en el país, la empresa acumuló deudas y multas. El ENRE la sancionó por incumplimientos contractuales en reiteradas oportunidades. El Boletín Oficial publicó, en octubre del año pasado, la reglamentación del plan de pagos para que las distribuidoras eléctricas paguen sus deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA). Hasta el mes de agosto, las deudas que mantenían las empresas ascendía a $450.000 millones y, de este monto, Edenor y Edesur concentraban el 43%.

Auditoría sobre tarifas y cortes de luz

Si bien una de las razones que se esgrimen, desde el sector energético, sobre la retirada de Enel es el congelamiento de las tarifas, un informe de la Auditoría General de la Nación registró que el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) "priorizó la rentabilidad de las empresas" por sobre la de los ciudadanos durante el proceso de revisión tarifaria integral. El periodo analizado fue el de la gestión 2016. 

En ese sentido, la Auditoría General de la Nación evidenció que los derechos de los usuarios “no fueron atendidos adecuadamente” durante el proceso de la revisión de tarifas y especificó que fue en tres cuestiones: falta de relación entre los incrementos tarifarios y las metas de reducción de cortes exigidos a las empresas; modificaciones infundadas en los componentes de la fórmula utilizada para el cálculo de las bonificaciones a los usuarios por cortes de suministro de energía e inacción del ENRE frente a demoras de las distribuidoras en informar sobre el cumplimiento del proceso de acreditación de las bonificaciones por cortes de suministro de energía en las cuentas de los usuarios activos y el depósito correspondiente a los usuarios dados de baja.