El Colegio de Auditores de la Nación de la Auditoría General de la Nación (AGN) realizó su primera sesión del año en la que trataron los Estados Contables y de la Ejecución Presupuestaria, correspondientes a la Cuenta de Inversión del ejercicio fiscal 2018. Para analizar la rendición de cuentas del Ejecutivo nacional, prevista por Ley, se realizaron 25 informes técnicos.

Los estados contables tuvieron una opinión con salvedades, mientras que la ejecución presupuestaria obtuvo el voto negativo de la mayoría del Colegio, compuesta por los auditores generales Juan Ignacio Forlón, quien realizó la presentación de los informes; Javier Fernández, Gabriel Mihura Estrada y Graciela De la Rosa. 

1° Sesión del Colegio de Auditores - 08/02/2023

En torno a los Estados Contables 2018, el informe destaca que “el pasivo tuvo un incremento del 107%, fundamentalmente debido al aumento de la deuda pública, frente a un incremento del activo equivalente al 81% que derivó en un aumento del resultado negativo del patrimonio neto del sector público nacional, del orden del 135% respecto del año anterior”. 

Inflación superior a la estimada

En el informe se indicó, además, que la inflación fue del 47.6% siendo “muy superior a la estimación" del proyecto de Ley de Presupuesto, que establecía un 15,7. 

En cuanto a la ejecución presupuestaria, la decisión del fallo adverso de la mayoría del Colegio de Auditores se basó en las irregularidades detectadas en el Capítulo de Deuda Pública, puntualmente en el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

La deuda externa total, entre pública y privada, en 2018 alcanzó los U$S 277.827 millones. Esta cifra representó el 79,1% del PBI.

El trabajo de los auditores reveló que la deuda externa total, entre pública y privada, en 2018 alcanzó los U$S 277.827 millones, alcanzando el 79,1% del PBI. En ese sentido, según el informe, el auditado no contó con una estrategia de gestión del endeudamiento para el año 2018 y no existió participación en el trámite de acuerdo de las áreas competentes en la gestión de crédito público, lo cual agravó más los riegos para una buena gestión del mismo. 

Respecto al crédito con el FMI, que fue de U$S 56.500 millones, el trabajo de los auditores estableció que se incumplió con la Ley de Administración Financiera porque “el Banco Central no emitió opinión ni dictamen del impacto de la operación en la balanza de pagos”. 

Por último, Forlón detalló que “el acuerdo no fue formalizado por la Ley de Presupuesto ni por ley específica, lo que implicó la falta de intervención del Presidente y del Congreso”.