El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentó una nueva versión del ranking de eficacia político-criminal de los Ministerios Públicos Fiscales de Argentina. El periodo analizado fue 2022.

En el reporte publicado este año, el Ministerio Público Fiscal de Jujuy fue el de mayor eficacia, seguido por el de Río Negro y Neuquén. En comparación con el ranking anterior, los de Neuquén y Río Negro se mantuvieron entre los primeros tres puestos, aunque con menor tasa de eficacia, y el MPF de Jujuy desplazó al de Chubut.

En el otro extremo del ranking se encuentran los MPF de Corrientes, Santa Cruz y San Luis. El único que se mantiene entre los últimos tres de un año al otro es el MPF de San Luis, y tanto el de Corrientes como el de Santa Cruz empeoraron su desempeño desde el último ranking.

De los 25 Ministerios Públicos del país, 15 no publicaron ningún dato sobre sus casos penales durante 2022. Apenas dos, Buenos Aires y el Ministerio Público de la Nación, dieron a conocer los datos básicos, ingresos y salidas, necesarios para construir la tasa de eficacia político-criminal de ese año.

Por otro lado, hay ocho Ministerios Públicos Fiscales que no brindaron información sobre su desempeño, violando el derecho de acceso a la información pública tras los pedidos del INECIP. Ninguno de ellos envió ni siquiera los cuatro indicadores más elementales que permiten medir la eficacia básica y que responden a ingresos, condenas, suspensiones de juicio a prueba y acuerdos reparatorios.

El MPF de San Juan, el de Tierra del Fuego y el de Tucumán llevan tres años sin publicar información sobre el tema. Los restantes, de los que no se conoce información, son los de las provincias de Misiones, Córdoba, Formosa, La Pampa y Santiago del Estero.

¿Qué es el INECIP?

El INECIP es una organización que aboga por contribuir a la consolidación y el progresivo fortalecimiento del Estado de Derecho en los países de América Latina y del Caribe. Desde 1989 trabaja en los procesos de transformación de los sistemas judiciales y de los sistemas penales ligados a la transición democrática, promoviendo la defensa de los derechos fundamentales de las personas, con el objetivo de construir un sistema penal menos violento y más respetuoso de la dignidad humana.

El ranking de eficacia de los Ministerios Públicos Fiscales busca concientizar a las autoridades de los Ministerios Públicos sobre la necesidad de evaluar el desempeño de sus políticas de persecución penal, como insumo básico para mejorar su impacto sobre la criminalidad y en la tutela judicial de las víctimas.

Las fiscalías tienen a su cargo representar los intereses de las víctimas y, en general, de la sociedad, en los sistemas de justicia penal. También inciden en el control de la criminalidad. Cuando las fiscalías no logran lo cometido, las comunidades acumulan daños que no se reparan, conflictos que no se gestionan y se da un aumento generalizado de los niveles de violencia social.