En junio de 2021 se promulgó la Ley 27.636 encargada de garantizar el acceso laboral a personas travestis, transexuales y transgénero. El artículo 5 establece la reserva del 1% para este grupo poblacional en los cargos dentro del Estado Nacional, los ministerios públicos, organismos descentralizados o autárquicos. Sin embargo, el cupo designado lejos está de cumplirse. 

La normativa procura igualdad de oportunidades laborales para las personas travestis, transexuales y transgénero en el país, y destaca la obligatoriedad para la finalización de los estudios, líneas de crédito para emprendimientos, prioridad en la compra de insumos y beneficios para el empleador que asuma la contratación. El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación es el ente responsable de implementar la disposición y la Subsecretaría de Políticas de Diversidad tiene a su cargo el seguimiento trimestral de la cantidad de cargos cubiertos.

Desde que se creó la Ley hasta hoy, hay 574 empleadas incorporadas en el Estado.

Al 5 de diciembre de 2022, en 150 organismos públicos, el último informe reveló que las incorporaciones, desde la promulgación del decreto 721/2020 hasta ese momento, fueron de 574. Y confirma un crecimiento sostenido con un progreso de 235 trabajadores, en diciembre de 2021, 427 en junio de 2022 y 480 en septiembre de 2022. 

Desde el organismo mencionan la importancia del Registro Único de Aspirantes Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins”, como herramienta para la recepción y administración de perfiles que registra los datos de las personas inscriptas, recibe y envía pedido de currículums vitae por parte de los organismos y empresas de todos los sectores y colabora en el monitoreo trimestral. En este sentido, 286 contrataciones de las 574 surgieron a partir del registro, lo que representa prácticamente la mitad de los trabajadoras.

A su vez, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) reveló a través de la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades, que el Estado cuenta con 339.949 trabajadores en octubre del 2022. 

El 1% de 339.949 equivale a un total de 3.399, es decir, que si la Ley cumpliera con el cupo, en este momento deberían estar empleadas, como mínimo, 3.399 personas travestis, transexual y transgénero. “Hay alrededor de 500 personas incluidas y ese número no representa ni mínimamente el 1% de lo que compone al Estado”, expresó Marlene Wayar, psicóloga social, escritora y activista travesti, en comunicación con El Auditor.info. 

Además estipuló que “al ritmo que va la implementación, faltarían como 18 años para que cumpla un artículo de la Ley que se autoimpuso el Estado”. A la vez, Wayar señaló que “el ritmo de la implementación es muy lento para la emergencia de las personas travestis en situación de prostitución” y afirmó que la normativa puede acceder un porcentaje mínimo de la población, comúnmente jóvenes o estudiantes. 

“El Estado nos discrimina, nos persigue, nos excluye y nos somete a condiciones invivibles y después nos exige unas herramientas que no nos ha provisto nunca y de las cuales nos ha excluido”, manifestó. 

“El Estado nos exige herramientas que no nos ha provisto nunca”.

Al mismo tiempo, especificó que la norma no está atendiendo al colectivo que la fundamenta sino que “se privilegia a sectores que son previamente privilegiados”. La activista reclamó la falta de accesibilidad a los datos de la Ley de cupo laboral travesti- trans de la cual deberían poder acceder a través de la Ley de acceso a la información pública. También, agregó la necesidad de que la Ley se implemente de manera federal, tal como ha sido creada, para todo el país.

 “Que la Ley ha sido construida de una manera bastante inclusiva, lo ha sido. Ahora, la manera en la que está siendo implementada es muy lejana al espíritu de la misma”, finalizó Wayar.

Tweet de Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad

“Están las leyes, pero sin recursos no se pueden ejecutar”.

Por otro lado, la Presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero, Marcela Romero expuso la necesidad de una Ley Integral Trans, que refuerce la normativa de identidad de género y repare la exclusión social que reciben las niñas, adolescentes y adultas mayores en la país, en diálogo con El Auditor.info.

También, Romero aseguró que “el cupo laboral en Argentina no se cumple”, en referencia a la dificultad para acceder a los puestos administrativos que proporciona el Estado sin tener la educación adecuada, ni la edad solicitada. 

“Están las leyes, pero sin recursos no se pueden ejecutar”, especificó Romero y, a su vez, denunció que “no se hizo un trabajo desde recursos humanos para ver el perfil de las compañeras y las necesidades para que puedan ingresar al circuito laboral” en referencia a la falta de formación de las instituciones del Estado encargadas de emplear.