La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) prorrogó por un año -desde la fecha de su vencimiento- los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que caducan entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 inclusive.

La decisión se tomó a través de la Resolución 186/23 en el marco del Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación de la Discapacidad, que busca “simplificar y optimizar” la tramitación y renovación del CUD y “brindar previsión y seguimiento a las acciones ya desarrolladas y a desarrollar por la ANDIS en materia de certificación”.

Asimismo, se dispuso -por idéntico plazo- la extensión de los CUD que vencieron en el 2022 y que habían sido ya prorrogados. Llega así al quinto año consecutivo en el que la administración nacional implementa una prórroga de este tipo.

El CUD es un documento público válido en todo el país que permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22.431 (Sistema de protección integral de discapacitados) y 24.901 (sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad).

La evaluación es realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria que determina si corresponde la emisión del Certificado Único de Discapacidad. Su tramitación es voluntaria y gratuita.

Entre otras cosas, contar con un CUD permite acceder a una cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación, traslados gratuitos en el transporte público terrestre y exención de pago de peajes y algunos impuestos, entre otros beneficios.

Tweet de Agencia Nacional de Discapacidad

Modificaciones en el CUD

Entre los puntos principales, la nueva normativa pretende "determinar la expedición del CUD sin sujeción a plazo temporal, generando instancias de acompañamiento por parte del Estado”. En la actualidad –tanto los que tienen una discapacidad crónica como aquellos que no– deben renovar el certificado de manera periódica.

Por otro lado, busca “revisar protocolos de evaluación y certificación de la discapacidad para agilizar y armonizar los procesos de vinculación y acompañamiento de la persona con discapacidad”.

Además, un punto no menor tiene que ver con la incorporación de la firma digital y la actualización de “convenios de descentralización con jurisdicciones provinciales y CABA, para optimizar el relacionamiento de los actores involucrados en los diversos procesos”.

Qué observó la Auditoría porteña

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) elaboró un informe sobre el Centro Integral de Evaluación y Orientación de la Discapacidad (CIEODIS) durante la gestión de 2019. El organismo de control porteño informó problemas en la emisión de documentaciones y en la gestión de la información vinculada a los Certificados Únicos de Discapacidad.

Según el texto, “a partir de un análisis de informes de la Dirección General de Estadísticas y Censos, se ha detectado el riesgo de que al menos un 42% de las aproximadamente 135.000 personas que no poseen CUD podría requerir de los beneficios del mismo y no alcanzarlos”.

La AGCBA concluyó que, al centralizar la oferta de certificación en un solo centro, “se gana en eficiencia para atender la demanda espontánea, pero se pierden oportunidades de llegar a este porcentaje de la población que también necesita del CUD”.