El Colegio de Auditores Generales de la Nación tuvo su primera reunión de octubre. Entre otros trabajos, se aprobó un informe de auditoría que evaluó la gestión desarrollada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), sobre los inmuebles pertenecientes al Estado Nacional respecto de alquileres, ventas y traspasos realizados en el periodo 2016-2019. 

El trabajo, que su tratamiento había sido postergado en la última sesión de septiembre, fue presentado por el auditor general Juan Ignacio Forlón, quien detalló los principales hallazgos. Durante el periodo auditado, se llevaron a cabo 71 procesos de venta, que resultaron en 82 adjudicaciones por U$S 842,4 millones. De ese total, la Ciudad de Buenos Aires concentró el 77% de las operaciones. “En el 100% de los expedientes analizados se observó la falta de mecanismos utilizados por la Agencia para determinar el precio de base de las subastas y en el 56% de los casos se adjudicó a un menor valor que lo establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, lo que implicó una pérdida de fondos por U$S 62 millones”, reveló Forlón.

X de Juan Ignacio Forlón

Además, el trabajo de los auditores asegura que “el principio de subasta se vio vulnerado” por la baja participación de oferentes y, en ese sentido, la AABE “no tomó acciones al respecto”. De hecho, según el informe, en el 58% de los casos no hubo puja entre oferentes, lo que impidió obtener el mayor precio que esté dispuesto a pagar el mercado. 

En relación a las operaciones que no constituyeron ventas, el informe reveló que la AABE no efectuó tareas vinculadas con la asignación de inmuebles para ser afectados a programas que atiendan demandas habitacionales de la población, como lo prevé la normativa. 

En esa línea, la AGN sí detectó que la Agencia de Administración de Bienes del Estado transfirió inmuebles a la Ciudad de Buenos Aires bajo el concepto de “dación en pago”, por U$S 318 millones, que fueron principalmente destinados para las obras del Paseo del Bajo y el Viaducto San Martín y Mitre. 

Según explicó el auditor Forlón, “la modalidad dación en pago se utilizó a partir de enero de 2019, por un total de U$S 169 millones al Gobierno de la Ciudad sin respaldo legal”. En ese sentido, el informe señaló que “esas operaciones son contrarias al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, que prohíbe la donación o venta de activos durante los últimos dos trimestres del año de fin de mandato”. 

Otros informes

Durante la jornada, la Auditoría General de la Nación aprobó un informe referendo a la “Gestión de Tecnologías de la Información (TI) Sistemas de Información - Contingencia ARSAT” durante el período septiembre de 2019 - agosto de 2021, realizado en el ámbito de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT SA). 

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Por último, también se dio el visto bueno a un informe de auditoría en el ámbito del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), en relación al Programa 16 Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual. El período auditado fue enero de 2016 - abril de 2019.