El Tribunal de Cuentas de España recomendó reforzar el pacto contra la violencia de género
El organismo aprobó un informe que asegura que se utilizaron los fondos provistos por el Estado, pero advirtió que “se puede mejorar la eficiencia en su asignación” para reducir el margen de error en localidades y entes pequeños.
El Tribunal de Cuentas de España aprobó un informe sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que cuenta con 290 medidas de tipo legislativo, de prevención y protección a las víctimas de violencia de género. El organismo rector para llevar adelante el proyecto es la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y tiene el objetivo de reforzar las actuaciones públicas en esta materia y la ampliación de las prestaciones y servicios públicos a otras manifestaciones de violencia sobre la mujer recogidas en el Convenio de Estambul.
Para el desarrollo del Pacto, se previó una financiación de €1.000 millones en los presupuestos generales del Estado para el periodo 2018-2022, de forma complementaria y adicional a los fondos específicos anuales ya asignados a la lucha contra la violencia de género. De ese total, 400 millones se destinaron a la Administración General del Estado, 500 millones a las Comunidades Autónomas y 100 millones a las Entidades Locales.
En líneas generales, el trabajo de los auditores españoles reconoció que los €1.000 millones “se aplicaron” y que la mayoría de las medidas se implementaron o están en curso. Sin embargo, el organismo de control advirtió que “para mejorar la eficiencia en la asignación de los fondos sería necesario revisar el diseño del Pacto”.
Sobre la implementación, el informe agregó que “el Pacto de Estado se ha aplicado en un complejo contexto que incluye el brote de COVID-19”.
En relación al financiamiento del Pacto, el Tribunal español reconoce que “ha consolidado los servicios de las Comunidades Autónomas” y que amplió su cobertura. Pero observó que “no tuvo la misma repercusión sobre los servicios de las entidades locales, existiendo un mayor margen de mejora en las de menor tamaño”.
Otra de las conclusiones del informe indicó que “durante la vigencia del Pacto no se aprobó el plan nacional de sensibilización y prevención dispuesto en la normativa” y tampoco se reforzó el personal de las unidades de violencia sobre la mujer en las provincias e islas, “cuya función resulta relevante para la prevención”.
En cuanto a la eficiencia y eficacia del Pacto, el Tribunal analizó que “la continuidad de las acciones de prevención y protección reducen la violencia sobre la mujer y los feminicidios”, pero advirtió que “preocupa el efecto del uso de las nuevas tecnologías entre los jóvenes y la dificultad para intervenir en el mundo rural”.
Ante los hallazgos mencionados, el Tribunal de Cuentas de España insta al Gobierno a reconsiderar el rango de la Delegación del Gobierno, culminar la identificación del costo del Pacto, cubrir las vacantes, reforzar el personal de las unidades de violencia sobre la mujer y a impulsar un proceso de evaluación a nivel autonómico que identifique los desequilibrios en la asistencia a las víctimas.
El control sobre la violencia de género en Argentina
En Argentina, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe sobre las acciones dirigidas a la prevención, protección y reparación de las mujeres víctimas de violencia de género durante el periodo 2019-2021. El objetivo del trabajo fue evaluar la eficacia que tuvieron los planes o programas gubernamentales en un contexto de pandemia. El análisis fue elaborado por las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países de América del Sur (EFSUR) y su coordinación estuvo a cargo de la Contraloría General de la República de Chile.
La auditoría tomó como base los planes estratégicos (PNA) que estuvieron vigentes durante esos dos años: el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (2017-2019), elaborado por el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), y Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género (2020-2022), realizado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
En el informe se destacó que el país cuenta con “un marco normativo sólido” referido al abordaje, prevención y erradicación de la violencia por motivos de género. Además, la auditoría mencionó que la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en diciembre de 2019 marcó “un salto en la importancia" asignada por el Estado Nacional a la reducción de las brechas de género estructurales y en el incremento de los recursos asignados a las políticas de género que calificó como “significativo”.
Sin embargo, en referencia a la implementación de los Planes Nacionales de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia por motivos de género (PNA 2017-2019 y PNA 2020-2022), se detectaron dificultades para la evaluación de los objetivos en función de lo planificado en cada uno de ellos, debido a factores como la falta de definición de parámetros para medir el avance en el logro de cada acción, la ausencia de líneas de base y deficiencias en el reporte de avances y resultados.