El control de los agrotóxicos en Argentina
La Auditoría General de la Nación realizó cinco informes sobre el uso de agroquímicos en el país. El primero data de 2011 y el último fue hecho el año pasado. En todos hallaron debilidades en la fiscalización de los productos utilizados.
En Argentina se utilizan más de 500 millones de litros de agroquímicos de forma anual. Una cifra que sube año a año. Estas prácticas sin el control adecuado acarrean problemas en la salud y en el medio ambiente. Hasta el momento, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizó cinco informes sobre la temática en los cuales se observa la situación con alerta. ¿Cómo es controlar los agroquímicos y los fitosanitarios en Argentina? Desde El Auditor.info dialogamos con Adriana Piffaretti, supervisora de Auditorías de la AGN, quien formó parte de los trabajos de campo.
El uso de agroquímicos fue propuesto por las organizaciones de la sociedad civil a la AGN para que sea tenido en cuenta como problemática a auditar, en el marco de la planificación participativa que anualmente lleva adelante. El organismo de control lo incluyó en el Plan Operativo Anual y comenzaron los trabajos de campo. Fueron cinco informes desde entonces, en todos se observaron debilidades en el control de productos.
El primero fue publicado en 2011 y refiere al Plan Nacional de Gestión de Plaguicidas de Uso Sanitario, dependiente de la Subsecretaría de Determinantes de la Salud e Investigación del Ministerio de Salud de la Nación. “Fuimos a Salta, donde había depósitos de plaguicidas de uso sanitario. Cuando se vencen, pasan a ser residuos peligrosos y, en Argentina, la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos es de adhesión voluntaria. Entonces, muchas provincias no los tomaban en cuenta, tenían productos vencidos y no había un tratamiento para su deposición final. La mayoría eran agroquímicos, algunos ya prohibidos”, mencionó Adriana Piffaretti.
Cuatro informes sobre el SENASA
Durante 2012, el organismo de control publicó dos informes más. El primero estuvo centrado en las acciones de control de agroquímicos desarrolladas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), implementadas por la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
En Argentina, la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos es de adhesión voluntaria.
El segundo documento analizó la gestión de la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos del SENASA, en el registro, autorización y/o restricción de los agroquímicos. En esta oportunidad se hizo énfasis a la tarea de la Comisión Nacional de Investigación Sobre Agroquímicos (CNIA). “Fue un informe tremendo. La CNIA se conformó en el ámbito del Ministerio de Salud de Argentina en 2009, en el marco de una denuncia que hacen en Córdoba las madres del Barrio Ituzaingó Anexo, donde de 5 mil habitantes había 200 personas enfermas de cáncer. En el informe concluimos que era necesario que el Estado cuente con su propia producción científica y que no dependa de otras partes interesadas”, explicó Piffaretti.
La CNIA quedó discontinuada sin haber presentado una organización institucional ni contar con una afectación presupuestaria, en el mismo año que se lanzó.
Por otro lado, el SENASA es un organismo que registra y regula la producción de fitosanitarios, productos de terapia vegetal o agroquímicos. “Entonces en todo el país la línea de base la pone el SENASA, y después cada jurisdicción provincial de acuerdo a los vientos, a su constitución ambiental, van poniendo límites, por ejemplo, a las pulverizaciones”, afirmó Piffaretti. En los diferentes informes de la AGN se pone en evidencia los débiles controles del SENASA a los agroquímicos y productos de terapia vegetal a nivel federal.
Aplicaciones y control de agroquímicos
En 2016, la AGN publicó un tercer informe, esta vez sobre el registro y regulación del uso y aplicación de agroquímicos, del Sistema Federal Integrado de Registro de Aplicadores de Productos Fitosanitarios del SENASA, donde encontró una “nula ejecución” de dicho sistema. Asimismo, el ente remarcó la falta de avances en el registro unificado de aplicadores, en el fortalecimiento del sistema de control del uso de dichos productos y en el programa de comunicación de los riesgos de los agroquímicos.
El último informe fue aprobado en 2020 por el organismo de control y es la cuarta auditoría sobre la temática al SENASA, donde evaluó cómo se evita que se comercialicen productos de terapéutica vegetal (PTV) que estén prohibidos por normativa por sus efectos negativos sobre la salud y el ambiente.
“En esta última auditoría se pudo ver que el SENASA no está controlando como debería. Hay un déficit de recursos humanos con lo cual los agentes cumplen muchas funciones a la vez: toman denuncias, hacen inspecciones, recorren comercios, verifican acopios de materiales vencidos. Entonces la tarea se ve debilitada”, señaló Piffaretti. Para el próximo año no hay ninguna auditoría planeada sobre la problemática.
La importancia del control ambiental
"Sería bueno que los Tribunales de Cuentas se involucren también en el control ambiental".
Con el cambio climático, las crisis de recursos y las catástrofes naturales, el control ambiental se vuelve fundamental. “Es importante que cada vez se haga más control ambiental. Nosotros a nivel nacional actuamos sobre organismos de la administración pública, pero sería bueno que los Tribunales de Cuentas se involucren también”, señaló Piffaretti.
Para finalizar, Piffaretti remarcó: “Una economía y una agricultura sustentables son posibles, hay mucha bibliografía científica sobre este tema, hay que prestarle atención. La Comisión Nacional de Agroquímicos tendría que estar funcionando con todos los actores que la constituían: profesionales de la salud, de la investigación, ingenieros agrónomos y abogados porque esto nos afecta a todos, si contaminamos, nos contaminamos todos”.