Sobre los agroquímicos hay opiniones de todo tipo. Las más son las que cuestiona su uso. Aquellas que tienen una mirada más contemplativa al respecto suelen estar vinculadas, de algún modo, con el modelo producción que promueve su utilización. Lo incontrastable son los hechos. En ese sentido, cabe destacar que la intervención estatal para controlar su uso, por ahora, no emerge como solución.

Así lo manifestó Medardo Ávila Vázquez, médico pediatra y neonatólogo, coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud (REDUAS), en consonancia con un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN). Aquel documento, aprobado en 2016, indicaba que la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (CNIA) “no sabía la cantidad ni la calidad de los agroquímicos utilizados, las zonas de uso, ni conocía la población expuesta”, al evaluar su gestión entre 2009 y 2014.

Los aplicadores no denuncian cuando padecen problemas de salud para evitar que los despidan.
Los aplicadores no denuncian cuando padecen problemas de salud para evitar que los despidan.

“Esa Comisión, en realidad, se generó como consecuencia del problema que teníamos en Ituzaingó, Córdoba. Lo único que hizo fue un informe sobre glifosato, que fue manipulado por las autoridades. Ayudó a mantenerlo con un manto de impunidad y cobertura como si fuera una sustancia no tóxica”, explicó Ávila Vázquez. “Desde entonces, nunca más hizo actividades –agregó- ni emitió ningún informe. Según datos del Ministerio, no se reunió nunca más”.

El caso de Ituzaingó no es menor: en septiembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena a tres años de prisión condicional a un agricultor y a un aeroaplicador, que habían sido acusados de "contaminación ambiental dolosa" en agosto de 2012.

El informe de la AGN también hacía mención a las fallas en el registro y notificación de casos del Programa de Prevención y Control de Intoxicaciones por Plaguicidas y Químicos de Uso Agrícola (PRECOTOX) creado por el Ministerio de Salud de la Nación. “No funciona porque los médicos no informan. En Argentina no hay una práctica de notificar a los Ministerios los datos epidemiológicos. En general, los pacientes, los intoxicados no quieren que se denuncie porque el 90% son aplicadores”, precisó el especialista.

¿Qué pasa entonces con ellos y su salud? “En general, tienen buenos sueldos porque su trabajo es de alto riesgo, pero apenas empiezan a tener problemas hepáticos o respiratorios, los despiden. No quieren presentar las denuncias porque no figuran en las ART como factores de riesgo”, indicó.

 

Ávila Vázquez es miembro de la Red Universitaria Ambiente y Salud, Médicos de Pueblos Fumigados.
Ávila Vázquez es miembro de la Red Universitaria Ambiente y Salud, Médicos de Pueblos Fumigados.

La propuesta de crear el Programa Federal de Fortalecimiento de Sistemas Locales de Control de Plaguicidas (PROFORPLAG), del que no se había tenido evidencia de implementación al momento de la realización de la auditoría por parte de la AGN, “se archivó completamente”.

“Los Ministerios de Salud nacional y provinciales suelen subordinarse a la política económica, al modelo de agroindustria, y esconden la situación. Se antepone lo económico a lo sanitario”, evaluó Ávila Vázquez.

El único recuerdo relacionado con una intervención positiva del Estado data de 2015. Por entonces, desde el Ministerio de Salud de la Nación “asumieron que había un problema con los agrotóxicos”. “Entregaron investigaciones que habían hecho en las que confirmaban la información que habíamos generado nosotros con grupos universitarios de Córdoba, Rosario y La Plata, que indicaban que donde había más glifosato, más enfermedades y malformaciones”, precisó.

"El 90% de los intoxicados son los aplicadores y no quieren que se denuncie su situación", indicó Ávila Vázquez.

El médico agregó otro dato: “Sí hay mucha actividad por parte del Ministerio -hoy Secretaría- de Agroindustria, que buscó imponer una ley nacional de agroquímicos y poner límites a las restricciones que hacen los municipios a aplicaciones alrededor de casas, de zonas pobladas”.

Las batallas que encaran los pueblos en la búsqueda por limitar la aplicación de agroquímicos suelen ser aisladas y duras. Ahora, hay una disputa muy grande en Selva, una localidad de Santiago del Estero en el que viven alrededor de 3.000 personas.

Allí, el director del Hospital regional, junto a los médicos, reclaman una ordenanza que prohíba las fumigaciones. Se está discutiendo en el Concejo Deliberante, pero “el Intendente se niega”. Lo que sorprende a los profesionales de la salud es la cantidad de cánceres que se están dando en una población tan chica.