La Auditoría General de la Nación (AGN) señaló en un informe del año 2013, en el que evaluó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que “el 57% de los detenidos se encuentra procesado pero sin condena firme”, mientras que en los Complejos Penitenciarios Federales de Ezeiza y Marcos Paz, los no condenados representan el 85% y 76% respectivamente. En la actualidad, los números crecieron y la problemática se agravó.

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que es el organismo encargado de proteger los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de su libertad dentro del régimen penitenciario federal, convocó a una conferencia de prensa para informar sobre la situación carcelaria actual.

Durante la exposición, la Directora del Observatorio de Cárceles Federales, Marta Monclus, comentó que “una de las problemáticas más graves durante los últimos años es el incremento de la población detenida y la sobrepoblación que eso conlleva”. “A partir de 2014 se superó la barrera de los diez mil presos por primera vez en la historia, pero desde 2016 se observa un incremento muy pronunciado año tras año”, relató Monclus.

Los números hablan por sí mismos. En 2016 hubo 700 presos nuevos. En 2017 ingresaron 900 detenidos. En 2018 fueron 1500 y en los primeros cinco meses de 2019 ingresaron 800 presos más.  

En 2014 se superó la barrera de los diez mil presos por primera vez en la historia.

En relación al informe de la AGN, Monclus analizó que “el aumento de la población muestra un incremento muy pronunciado de los presos preventivos”. “En el ámbito de las cárceles federales tenemos un 60% de detenidos preventivos, es decir, sin condena firme, y un 40% de condenados”, precisó.

Según la Directora del Observatorio de Cárceles Federales “eso está vinculado con el encarcelamiento por tráfico de drogas”. El dato no es sinónimo de haber encontrado la solución a uno de los flagelos más grandes de la sociedad, ya que ninguno de esos detenidos es narcotraficante, los apresados son personas totalmente sustituibles en las organizaciones criminales. “Todo se concentra en los eslabones más débiles de la cadena de distribución”, especificó Monclus.

Si la discusión se corre del tipo de delitos y se centra en la localización de los presos sin condena firme, que en su mayoría están en Ezeiza y Marcos Paz, hay que hablar de otro tipo de complejidades.

El Complejo Penitenciario Federal Nº1 de Ezeiza fue concebido en principio como una cárcel para procesados y por eso es la principal unidad de ingreso al Servicio Penitenciario Federal.

“Una vez condenadas, esas personas son trasladados al interior y nosotros cuestionamos eso porque implica alejar al detenido de su entorno familiar, de su domicilio y del juez de ejecución. Eso da como resultado que haya más presos en las cárceles metropolitanas”, explicó Monclus.