Según le informó el Servicio Penitenciario Federal (SPF) a la Auditoría General de la Nación (AGN), “el 57% de los detenidos se encuentra procesado pero sin condena firme”, mientras que en los Complejos Penitenciarios Federales de Ezeiza y Marcos Paz, los no condenados pasan a 85% y 76% respectivamente.

Es importante señalar, que conforme a la legislación actual, los establecimientos destinados a procesados no podrán alojar condenados. No obstante, “no existen centros destinados exclusivamente a quienes no tengan sentencia”.

En el informe también se detectaron problemas con el personal del SPF. La institución contaba para el 2013 con $40 millones para el pago de una Aseguradora de Riesgo de Trabajo. Sin embargo, ese año, los más de 12.400 agentes del Servicio Penitenciario “no tuvieron un seguro que los resguarde de los riesgos inherentes de su labor”.

Desde enero de 2007 a octubre de 2012 el servicio fue brindado por La Segunda ART, pero “es la misma empresa la que decidió rescindir el contrato por falta de pago”. De hecho, “hay una demanda judicial por $41,3 millones por diferencias en cuotas que, a octubre de 2014, el SPF no había respondido”.

En paralelo se observó “un expediente por una contratación directa, caratulada como urgente, para una aseguradora de riesgos de trabajo”. El trámite se inició en junio de 2012. A junio de 2014 “todavía se encontraba en la Jefatura de Gabinete de Ministros a la espera de la firma”. Mientras tanto, en 2013 hubo 454 accidentes en el Servicio.

¿Cuántos presos en Ezeiza y Marcos Paz no tienen sentencia firme?

Durante el año evaluado el SPF tenía habilitados 39 establecimientos, en distintas jurisdicciones, que alojaban a un total de 9795 internos al 31 de diciembre. Según la normativa vigente, cada centro debe tener un reglamento interno propio que regule cuestiones como los ingresos, las salidas, los alojamientos, la alimentación y la higiene.

Sin embargo, “ninguno de los 20 establecimientos evaluados contaba con el Reglamento aprobado”. Solo nueve tenían “proyectos en trámite de aprobación”. A ello se suma que “no había manuales de procedimiento que regulen el funcionamiento administrativo de cada área”.

Con respecto a los traslados, el equipo de auditores detectó “inconsistencias” en los datos. Por ejemplo, “en enero de 2013 se consignó que el total de internos movidos fue de 7462”. Sin embargo, “cuando se suman los movimientos parciales da apenas 3813”.

También se observó que “no hay registros de los traslados que no pudieron cumplirse en tiempo y forma ni de las causas que originaron esos incumplimientos”.

Durante todo el 2013 se trasladaron 84.603 internos por todo el país. El avión que posee el SPF “no es apto para este fin y se lo utiliza para vuelos de mantenimiento”. La aeronave “no tiene seguro de responsabilidad civil, de accidentes personales de daños”.

Por otra parte, de los vehículos destinados al traslado de internos, “el 31% estaba fuera de servicio”.

Salud

En ese marco, se evaluó la droguería central, ubicada en Ezeiza, y las farmacias que funcionan en los establecimientos penitenciarios del interior del país. Al respecto se señala que en su mayoría “no se encuentran habilitadas”.

Sobre el stock se advierte que “no hay un control, ni un registro actualizado de los medicamentos, con excepción de los del programa Remediar , entregados por el Ministerio de Salud”.

Hay que sumarle que, por un lado, “no hay una relación entre lo solicitado y lo comprado” y, por el otro, “la adquisición de medicamentos para el HIV/SIDA y la tuberculosis no se justifica, ya que la provisión se realiza a través de programas de la cartera de Salud”.

Por último, la Dirección de Sanidad del SPF “no recibe informes de autopsias de las muertes dudosas que se producen, por lo que no se pueden establecer las causas a fin de elaborar una estadística”.

Popurrí

El informe de la Auditoría General de la Nación, aprobado en septiembre de 2016, da cuenta de un estado generalizado del Programa denominado “Seguridad y Rehabilitación del Interno”.

Entre las observaciones más relevantes se destaca “el deficiente estado funcional de los inmuebles y la insuficiente cantidad de espacios físicos disponibles que afecta el normal desarrollo de las tareas”. Pese a ello “uno de los inmuebles, ubicado en Villa Devoto, está usurpado por la Asociación Club Atlético General la Madrid”.

También sobresalen las 9154 causas judiciales que están en trámite por un total de $493 millones, de las cuales no se sabe en qué estado están.

Muchas de ellas son reclamos salariales de los que “5431 son de agentes retirados y 1660 de personal en actividad”.

Sobre el Control Interno, el equipo de la AGN observó que “algunos funcionarios conducen simultáneamente más de un área” y, en algunos casos, “con dos actividades que no permiten el control por oposición”. Por ejemplo, quien estaba al frente de la dirección de tesorería, es decir del manejo de fondos, también es el encargado de la auditoría contable, o sea, del control de los pagos.