¿Qué respondió el Jefe de Gabinete de Ministros de las observaciones de la AGN?
En un nuevo informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Marcos Peña contó cual era la situación actual de algunas irregularidades detectadas por la AGN. Las terminales portuarias, por ejemplo, saldaron su millonaria deuda con el Estado. Sin embargo, a la hora de contar el estado del programa Techo Digno, solo enumeró resoluciones.
El 24 de agosto el jefe de Gabinete, Marcos Peña, expuso por segunda vez ante la Cámara de Diputados en el marco de su informe de gestión.
En esta oportunidad estuvieron presentes 132 legisladores que realizaron 562 preguntas entre las que se destacan algunas vinculadas con irregularidades observadas por la Auditoría General de la Nación (AGN).
El Programa Techo Digno fue objeto del organismo de control entre 2006 y 2011. En aquel momento se detectó que las provincias y municipios habían recibido $12.900 millones sin los procedimientos de control que corresponden ante tamaña suma.
Por otra parte, también se había descubierto que las unidades ejecutoras locales tenían debilidades técnicas. Por ejemplo, viviendas sin conexión a servicios y nóminas de beneficiarios deficientes.
Se quiso saber cuál era el estado de situación del Programa y, puntualmente, de las observaciones y la respuesta que se obtuvo fue particular: un detalle de resoluciones.
Se explica que previo al 2007 “no existía metodología para la Rendición de Cuentas”. Ese año, la Resolución 225 reglamentó ésta instancia en jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo.
Al año siguiente se actualizó esta norma en el ámbito del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda.
En la respuesta se detalla que en 2016, en la misma cartera, se aprobó la Resolución 671 que “entiende a la rendición como la presentación de toda aquella documentación que permite acreditar y demostrar el gasto público erogado por las reparticiones posteriormente transferido a las provincias o municipios afectados”.
Nada se aclara sobre el efectivo estado del Programa Techo Digno.
La respuesta, en cambio, sobre las deudas que la AGN detectó que algunas terminales de puertos tenían hace 7 y 14 años con el Estado Nacional fue contundente: “La firma BACTSSA canceló el 22 de marzo de este año una deuda de $31 millones” que incluye el valor nominal de la deuda más los intereses y la diferencia de cambio a la fecha del pago.
La empresa Terminal Río de la Plata también realizó el pago de una deuda de $13 millones con los mismos punitorios que la anterior compañía. La jefatura de gabinete aclara además que ambos pagos son a los que hacía referencia la Auditoría General de la Nación por lo que “no hay deudas de las terminales portuarias con la administración Nacional de Puertos”.
Otra de las consultas que fue contestada, pero que no responde a la inquietud que la originó, está vinculada con los accidentes derivados de siniestros viales.
Según el informe de la AGN, que evaluó el Proyecto de Seguridad Vial llevado adelante por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), “aumentaron los accidentes de tránsito y, en consecuencia, las lesiones graves”. Teniendo en cuenta que el plan tenía como objetivo reducir esa tasa en la Argentina, se le preguntó al jefe de Gabinete cuál es la situación actual.
En la respuesta se destaca que al momento de la auditoría “el plan contaba con solo dos años y medio de institucionalidad” y que cuando se decidió trabajar de manera conjunta con el BIRF, la Agencia de Seguridad Vial “recién había sido creada” por lo que “no contaba con datos precisos para establecer una línea de base razonable”.
De todas formas destaca que “la fase 2 del proyecto será un buen momento para redefinir las metas y los objetivos y, en consecuencia, establecer un marco de resultados de acuerdo a los resultados esperados”.
Por último, la jefatura de gabinete respondió una inquietud con respecto al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Se le consultó sobre la modalidad de inscripción abreviada para las cooperativas, que para la AGN contradecía el espíritu del cooperativismo, y sobre las falencias del Instituto a la hora de evaluar el seguimiento de los grupos de trabajo.
En la respuesta se destaca que “durante ésta gestión se discontinuó el trámite de inscripción abreviado y desde el 26 de mayo no resulta obligatorio ser asociado a una cooperativa para ser beneficiario del programa Argentina Trabaja”.
Agrega, que “se está realizando un relevamiento de todas las entidades constituidas bajo el amparo de algún programa social a fin de diseñar políticas unificadas con los distintos ministerios”.
