El 15 de junio es Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.  En Argentina el 30% de la población tiene más de 60 años y el 70% de ellos no llega a cubrir sus necesidades básicas, según la Defensoría la Tercera Edad. Con la crisis económica, muchos  viven en situación de calle y se estima que más de 400 geriátricos funcionan de manera clandestina con falencias edilicias.

En 2013 la Auditoria porteña presentó un informe  que detalló que las principales denuncias, hacia residencias de adultos mayores, eran por malos tratos y mantenimiento edilicio. Hoy la situación no es mejor. “Recibimos demandas en forma permanente, sobre todo por mala atención y asistencia. En cuanto a los centros que funcionan de forma clandestina, los  problemas son mayormente de infraestructura”, expresó Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad.

En 2001, luego de la muerte de cinco abuelas en una institución ubicada en la calle Superí 2261 en una inundación, se sancionó la Ley 661 que regula la actividad de los Establecimientos Residenciales y otros servicios de atención gerontológica. Antes de esta normativa, según Semino, “había 1100 geriátricos funcionando, hoy los registrados de manera formal no superan los 500. Por lo tanto, hay una enorme cantidad que desde entonces pasaron a la clandestinidad”.

En la Ciudad de Buenos Aires, los adultos mayores representan el 24,4% del total de la población según la Encuesta Permanente de Hogares de 2016, convirtiéndose en una de las ciudades más envejecidas del país. Los establecimientos formales dedicados al cuidado de este segmento etario están registrados Unidad Ejecutora de Registro y Regulación de Establecimientos Geriátricos y son controlados de forma periódica por la Agencia Gubernamental de Control.

Cuando se detectan geriátricos ilegales no se pueden cerrar "porque no hay camas alternativas" explicó el Defensor de la Tercera Edad.

En cuanto a los clandestinos, se calculan que son más de 400. “La situación en Buenos Aires y en el país, es bastante irregular. Si bien existe una ley de control especifica de geriátricos, hay una enorme cantidad que son ilegales y están al margen de esas inspecciones. Por otra parte, no se pueden cerrar cuando se detectan porque no hay camas alternativas”, detalló el Defensor.

Los incendios e inundaciones son las principales causas de muertes en los geriátricos y residencias de adultos mayores.
Los incendios e inundaciones son las principales causas de muertes en los geriátricos y residencias de adultos mayores.

En consecuencia, para el funcionario, hay dos víctimas, los abuelos y los trabajadores, quienes no pueden ofrecer una atención de calidad al trabajar “en malas condiciones, con sueldos bajos y poca calificación”.

La AGCBA también había advertido sobre este tema en 2013, pero sobre los centros que funcionan legalmente, cuando observó que de los 93 legajos analizados, “el 94% no presentaba constancia de capacitación”, esto agrava las condiciones en las cuales viven los abuelos de la Ciudad.

Los adultos mayores que cobran la mínima no cubren ni el 35% del valor de la canasta de jubilados que elabora la Defensoría.

El organismo de control porteño también remarcó que, en las instituciones habilitadas, "el Registro no permite distinguir aquellos establecimientos que funcionan de los que ya no lo hacen" y agregó que el listado tenia instituciones que ya no funcionaban. Hoy el inventario de geriátricos registrados no es de fácil acceso a la comunidad.

Vejez y vulnerabilidad

Pero el maltrato no es solo físico o psicológico en las residencias, sino también es económico y social. Desde hace 11 años, la Defensoría de la Tercera Edad calcula la canasta de jubilados. La última medición de abril indicó que casi los 3 millones de adultos mayores que cobran la mínima ($ 11.500  a partir de junio) no cubren ni el 35% de los $ 30.500 que cuesta la canasta. Esto genera, según Semino "una explotación de los jubilados que tienen que seguir trabajando en malas condiciones, en tareas penosas, fuera del control del Estado para seguir subsistiendo o deben depender de algún familiar o subsidio”.

Desde que la situación económica del país empeoró, siguiendo al Defensor, “más abuelos están en situación de calle. Solo en 2018 perdieron un 25% de su poder adquisitivo. Un desalojo, que antes era un fenómeno excepcional, hoy no lo es. Sin lugar a dudas la cuestión de hábitat se dificultó muchísimo y sin el sostén de una familia se hace más duro”.

Según el Censo de 2010, Argentina se encuentra en una etapa de envejecimiento avanzada. “Cuando hablamos de atropellos y daños a la tercera edad, Argentina se adhirió a convenios internacionales pero todo de forma declarativa. Todas las administraciones que van pasando repiten los mismos criterios de abusos, desidia y maltratos y esto se traslada a que la sociedad vaya naturalizando que ser viejo es equivalente a ser pobre y enfermo. Estamos ante un problema social grande e histórico”, finalizó el Defensor.