Santa Fe: buscan llegar a un acuerdo para reformar la ley de fitosanitarios
Los legisladores provinciales crearon una mesa de trabajo para encontrar puntos y redactar la nueva norma. El uso de agroquímicos viene creciendo en los últimos años y desde diversos sectores piden mayor regulación en su uso.
Diversos sectores, entre los que se encuentran legisladores, académicos y ciudadanos, buscan modificar desde hace más de 12 años la ley de fitosanitarios en Santa Fe. Las distintas propuestas apuntan a introducir cambios en el marco regulatorio que rige sobre la aplicación de fertilizantes y agroquímicos, aunque aún no logran un acuerdo.
En la provincia santafesina rige la Ley Nº 11.273 sancionada en 1995 que permite fumigaciones a 500 metros de las zonas urbanas y de forma aérea a partir de los 3.000 metros. Actualmente dos iniciativas buscan reformar esta normativa. Una de ellas, en la Cámara de Senadores, presentada por el senador Rubén Pirola y está más relacionada con las buenas prácticas.
El proyecto presentado por el diputado Carlos Del Frade perdería estado parlamentario en noviembre.
El otro proyecto de reforma que pisa fuerte es del diputado Carlos Del Frade y fue elaborado junto a organizaciones medioambientales. Esta iniciativa busca establecer la prohibición de aplicación aérea de fitosanitarios y un margen de 1.500 metros para la fumigación terrestre en predios cercanos a escuelas rurales o centros urbanos.
Algunos de los puntos que menciona la propuesta del diputado es la veda del estacionamiento de maquinarias pulverizadores y el depósitos de agroquímicos dentro de las ciudades y zonas urbanas. Asimismo, promueve la comercialización de los productos en envases retornables y dispone que el nuevo órgano de control de la ley sea el Ministerio de Medio Ambiente local. Este proyecto en noviembre perdería estado parlamentario.
"Veo difícil lograr una mayoría"
“Son dos puntos de vista muy distintos. Por un lado está el principio precautorio que es el nuestro y por el otro la cuestión productivista que subordina la salud y el ambiente al dinero. Esto es lo que viene prevaleciendo desde hace años por eso no hemos logrado modificar la ley de 1995. Ahora, veo difícil lograr una mayoría”, expresó Del Frade en diálogo con El Auditor.info.
En tanto, desde la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, hace tres meses crearon una Mesa de Trabajo para encontrar acuerdos y saldar una deuda de larga data con la sociedad.
"En tres oportunidades hubo media sanción en iniciativas que buscaban modificar la normativa en esta cámara, pero nunca fueron discutidas en el Senado. Esta vez abrimos una vía de diálogo para intentar algún tipo de acuerdo. Es una ley que debe ser modificada porque ya tiene 25 años”, indicó Érica Hynes, diputada que preside dicha comisión.
La mesa está conformada por las autoridades de la comisión involucradas en ambas cámaras, desde donde realizan encuentros virtuales con distintos actores de la sociedad civil, del sector productivo, académicos, asociaciones médicas y colectivos medioambientales.
Diversas voces en la discusión
“El sector productivo considera que la ley es buena y no debe modificarse, lo que hay que hacer es aplicarla bien. Otros sectores como el socio-ambiental dicen que la ley debe ser transformada radicalmente. En el medio, todos coincidimos que más allá de la ley, hay un problema de control y de gestión. La normativa actual no se está cumpliendo y tampoco hay garantías de que una nueva ley se cumpla”, señaló Hynes.
Siguiendo a la diputada, falta voluntad desde el Ejecutivo provincial para la modificación. “No vinieron a ninguna de las reuniones que los invitamos y tampoco nos dieron audiencias. Más allá de la normativa, hay una problemática que es la presencia del Estado para controlar”, sostuvo.
Sería la sexta vez que un proyecto de reforma de la ley pierde estado parlamentario.
En caso de no llegar este año a un dictamen favorable, el proyecto perdería estado parlamentario, pero el trabajo realizado podría aprovecharse para una nueva propuesta a presentar en 2022.
“Esta sería la sexta vez que pierde estado parlamentario este proyecto de ley”, lamentó Carlos Mannesi, integrante de la multisectorial Paren de Fumigarnos desde donde insisten en la necesidad de replantear el marco regulatorio para garantizar la salud de las poblaciones.
“Los campamentos sanitarios que organizó la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario, alertaron que los resultados de que los casos de cáncer se replicaron en relación de la media nacional”, agregó.
El uso de agroquímicos viene creciendo desde hace años, pasando de 305 millones de litros por año en 2014 a 525 millones de litros en 2018
En cuanto a la cantidad de litros de productos que se utilizan, desde Paren de Fumigarnos aseguraron que no hay información oficial a nivel provincial y nacional. Según números y estadísticas de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) la comercialización y uso de agroquímicos viene creciendo desde hace años, pasando de 305 millones de litros por año en 2014 a 525 millones de litros en 2018.
“Estimamos que en Santa Fe están arriba de los 70 millones de litros anuales considerando que es una de las principales provincias productoras de soja”, sostuvo Manessi.
Los riesgos son para la salud y también para el medio ambiente. Estos productos se comercializan en bidones, mayormente, de 20 litros. Y se estima que se utilizan más de 25 millones de recipientes de plásticos. “Es difícil de dimensionar, son millones de bidones que tienen un solo uso, por eso proponemos que sean reutilizables”, afirmó Manessi.
Control nacional y provincial
A nivel nacional, la Auditoría General de la Nación tiene cinco informes de auditoría sobre el tema. Uno de ellos fue publicado en 2016, donde la AGN observó que la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos, “no sabe la cantidad ni la calidad de los agroquímicos utilizados, las zonas de uso, ni conoce la población expuesta”.
El año pasado el organismo de control aprobó un informe sobre deficiencias en los controles del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en la comercialización de Productos de Terapéutica Vegetal (PTV) prohibidos por normativa por sus efectos negativos sobre la salud y el ambiente.
En cuanto al control provincial, la Secretaria de Ambiente de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), Sol Klas, señaló: “Es indispensable que los Tribunales de Cuenta Provinciales puedan controlar, fiscalizar y auditar la gestión de los productos fitosanitarios, fertilizantes y enmiendas en sus provincias".
"El control externo provincial en materia ambiental permitiría asegurar que los productos que se comercializan correspondan con los registrados en el SENASA y que se audite en cada territorio la actualización de rotulados, la inscripción en el sistema de trazabilidad de productos y la prohibición de uso, evitando que se comercialice lo que no cumple con los requisitos por generar efectos indeseables en la salud y el ambiente”, sostuvo.