En su lista bienal de alto riesgo, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO por su sigla en inglés) identificó una serie de programas con vulnerabilidades al fraude, despilfarro, abuso o a mala gestión o que necesitan una transformación para abordar los desafíos de economía, eficiencia o eficacia. En comparación con el trabajo de 2019, hubo cinco áreas que retrocedieron en su desempeño. 

El gobierno federal de Estados Unidos desembolsa al año aproximadamente 6,6 billones de dólares para financiar una amplia gama de programas y operaciones. Sobre estas acciones, la GAO identifica y pone en lista aquellos que son de alto riesgo. “Las soluciones a problemas de alto riesgo ahorran miles de millones de dólares, mejoran el servicio al público y fortalecen el desempeño y la responsabilidad del gobierno”, explicaron desde el organismo. 

El listado de 2021 presenta 36 áreas de alto riesgo. Comparada con 2019, se le sumaron dos nuevos programas para profundizar la supervisión.

El listado de 2021 presenta 36 áreas de alto riesgo. Comparado con 2019, se le sumaron dos nuevos programas. Uno de ellos son los préstamos de emergencia para pequeñas empresas con el objetivo de ayudarlas a recuperarse de los impactos económicos de COVID-19, sobre los cuales la GAO aseguró que “se necesita una mayor atención y supervisión de estos fondos debido a los riesgos de fraude”.

Por otro lado, los esfuerzos nacionales para prevenir, responder y recuperarse del uso indebido de drogas: “Hemos encontrado varios desafíos en la respuesta del gobierno federal a este problema, como la necesidad de un mayor liderazgo y coordinación del esfuerzo nacional, orientación estratégica que cumpla con todos los requisitos legales y una implementación y monitoreo más efectivos”, explicaron en el documento.

Las mejoras y lo que falta 

A su vez, siete áreas mejoraron su performance y una directamente fue eliminada de la lista. La gestión de la infraestructura de soporte del Departamento de Defensa (DOD) debía mejorar la eficiencia del espacio arrendado, reducir su huella de infraestructura y los costos. Todo esto lo consiguió y por eso ya no forma parte del informe bienal.

Dos áreas incorporadas como de alto riesgo fueron el sector de emergencias de salud pública del HSS y la gestión del sistema penitenciario. 

Así como un programa salió, dos nuevos fueron identificados como problemas emergentes: el liderazgo y coordinación de emergencias de salud pública del HHS (Salud y Servicios Humanos) y el fortalecimiento de la gestión del Sistema Penitenciario Federal. 

Hay cinco áreas que comparativamente mostraron un retroceso. El primero de ellos es la viabilidad financiera del servicio postal, un programa que en 2019 disminuyó su calificación de alto riesgo y ahora desaprobó el criterio de capacidad, vinculado con que sus gastos superaron los ingresos en 18 mil millones de dólares en los años fiscales 2019 y 2020.

Otro programa que bajó en la consideración fue el censo decenal (cada 10 años). El Departamento de Comercio solicitó que la Oficina del Censo acorte los plazos de recopilación de datos con la fecha límite de distribución del 31 de diciembre de 2020. Esta reducción del período de tiempo para relevar y procesar respuestas ha aumentado el riesgo de comprometer la calidad de los datos.

Ciberseguridad y capital humano

El área de alto riesgo destinada a asegurar la ciberseguridad de la Nación disminuyó de una calificación cumplida en 2019 a una calificación cumplida parcialmente en 2021 para el criterio de compromiso de liderazgo. Esta regresión se debe a que faltan características importantes en la Estrategia Cibernética Nacional de la Casa Blanca de septiembre de 2018 y en el Plan de Implementación de junio de 2019 adjunto del Consejo de Seguridad Nacional y un líder central designado oficialmente para coordinar la ejecución de esta estrategia. 

En cuarto lugar, aparece el área de alto riesgo de gestión estratégica del capital humano, la cual tuvo una regresión debido a la ausencia de un liderazgo confirmado por el Senado durante 18 de los últimos 24 meses. “Como resultado, el gobierno federal ha carecido de la atención de los niveles más altos necesarios para abordar las brechas de habilidades emergentes y de larga data”, explica la GAO y aclara que esto impide que el gobierno sirva al público de manera efectiva y logre resultados. 

Irregularidades en protección ambiental

Por último, también retrocedió el proceso de la Agencia de Protección Ambiental para evaluar y controlar los químicos tóxicos. Según el organismo “el Programa del Sistema Integrado de Información de Riesgos (IRIS) no emitió una evaluación química completa entre agosto de 2018 y diciembre de 2020, y el ente encargado no indicó cómo estaba monitoreando su proceso de nominación de evaluación para asegurarse de que estaba generando información de calidad sobre las necesidades de evaluación química”. 

Además la GAO explicó que los programas de la Agencia de Protección Ambiental que respaldan la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) no completaron la planificación de la fuerza laboral o la carga de trabajo para garantizar que la agencia pueda cumplir con los plazos de dicha norma  y que tampoco se respetaron los tiempos legales iniciales para publicar sus primeras 10 evaluaciones de riesgo químico.