Violencia de género: en qué fallan los programas para prevenir los ataques a mujeres y al colectivo LGTBIQ+
Los avances en materia de legislación y políticas públicas no alcanzan para reducir los femicidios, travesticidios y transfemicidios. En Argentina, hay un crimen cada 28 horas por cuestiones de género. Cuáles son las deficiencias según los organismos de control.
Las cifras siguen siendo alarmantes: hay un crimen por violencia de género cada 28 horas en el país. Si bien hubo avances en la sanción de normativas, elaboración de políticas públicas y en el tratamiento de los casos, los femicidios, travesticidios y transfemicidios no cesan.
Las cuestiones de género suelen ser parte de la agenda nacional. Argentina fue de los primeros países en darle jerarquía institucional a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) como a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
Además, gracias a las luchas de mujeres durante décadas, en los últimos años fueron sancionadas leyes como la de Educación Sexual Integral (26.510), la de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (26.485), y fue el primer país de América Latina en sancionar la ley de Matrimonio Igualitario (26.618) y de Identidad de Género (26.618).
También rige la ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política (27.412), la ley Micaela (27.499) y, desde las últimas semanas de octubre de 2023, la ley Olimpia que incorpora la violencia digital como una modalidad de violencia de género. Para llevar adelante la agenda sobre estas cuestiones fueron creados el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) y el Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas de Género (GNTPG).
Hay legislación vigente, también algunas políticas concretas, sin embargo no alcanzan para frenar la violencia. ¿Cuáles son las fallas? ¿Dónde se presentan los mayores desafíos? ¿Qué tipo de acciones se implementan para hacer cumplir las normas?
Metas y procedimientos poco claros
La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó este año un informe sobre las acciones dirigidas a la prevención, protección y reparación de las mujeres víctimas de violencia de género durante el periodo 2019-2021. El organismo evaluó la eficacia de los planes o los programas y encontró que si bien hay una "estructura normativa sólida" se detectaron dificultades para la evaluación de los objetivos en función de lo planificado en cada uno de ellos.
Observó que la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en diciembre de 2019 marcó “un salto en la importancia" asignada por el Estado Nacional a la reducción de las brechas de género estructurales y destacó que fue “significativo” el aumento de los recursos asignados a las políticas de género. Sin embargo, en referencia a la implementación de los planes nacionales para prevenir la violencia, el organismo encontró dificultades para estudiar los objetivos y planificaciones porque no tenían líneas de base y reportes de avances o resultados.
La AGN resaltó la incorporación de una perspectiva de diversidad que incluye a los colectivos LGBTI+ dentro del plan nacional. Y recomendó reformular las estrategias para el cumplimiento del ODS 5, establecido en la Agenda 2030 adoptada por Naciones Unidas, ya que las calificó como “insuficientes”. Sobre el funcionamiento de la línea 144 y el programa Acompañar señalaron que no se registraron procedimientos estandarizados.
Mayor relevancia a la ESI
La Educación Sexual Integral (ESI) es una gran aliada en la prevención de la violencia en materia de género. Tiene como meta que niñas, niños y adolescentes aprendan a construir relaciones basadas en el respeto y la confianza, a identificar el acoso y la violencia, y buscar ayuda ante situaciones de vulneración de derechos.
En marzo de este año, la Auditoría General de la Nación aprobó también un informe sobre el programa nacional de Educación Sexual Integral. Analizó el trabajo del Ministerio de Educación durante los años 2017, 2018 y 2019. Entre los hallazgos se destacaron la subejecución de los fondos destinados y la falta de objetivos medibles para su correcto cumplimiento.
El organismo observó que no hubo financiamiento específico para las capacitaciones de ESI hasta 2019 y que las jornadas de formación estuvieron a cargo de cada jurisdicción, posibilitando así la injerencia de las autoridades locales en la correcta ejecución de las capacitaciones. En este sentido, observaron que en algunos espacios fueron respetadas las características y roles diseñados en el programa sobre el perfil de los referentes escolares y en otros lugares no.
Tampoco fueron registrados encuentros con las familias, un aspecto que está contemplado en el programa, y algunas ineficiencias en la producción y distribución de herramientas didácticas.
La AGN indicó que no encontraron "una planificación estratégica institucional para los años 2017, 2018 y 2019”, por lo tanto se carece de una herramienta para identificar prioridades y asignación de recursos. En el informe, el organismo destacó la importancia de que sea bien aplicada y remarcó que, desde que está en vigencia, aumentaron las denuncias y llamados de alerta por parte de menores sobre violencias y abusos que sufrían, o habían sufrido, mayoritariamente en sus hogares o círculos de confianza.
¿Cuál es la situación en la Ciudad de Buenos Aires?
La auditoría porteña realizó un informe en materia de políticas de género relacionadas con el cumplimiento del ODS 5. Registró que ninguno de los ministerios tomó compromisos altamente vinculados con la búsqueda de igualdad. Los principales llamados de atención fueron la falta de documentación e índices poco satisfactorios de vinculación con los fines.
El organismo de control porteño encontró que las áreas y/o reparticiones que tienen asignadas acciones, tareas y procedimientos referidos a la política pública de género no formalizaron, en procesos y actos administrativos, las normas y circuitos de trámite requeridos.
El documento, aprobado por la AGCBA en marzo de este año, audita el periodo 2021. Allí destacaron que la carencia de documentación y registro al respecto de lo que se programa hacer, y lo que luego se hace, es clave para promover nuevas políticas que alcancen y mejoren la calidad de vida de la gente y, en este caso, promuevan una búsqueda real de la equidad.
Por qué un 25 de noviembre
En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según la ONU, 736 millones de mujeres en el mundo –casi una de cada tres– han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja, de violencia sexual fuera de la pareja, o de ambas, al menos una vez en su vida (el 30% de las mujeres de 15 años o más).
El organismo entiende violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
Haber elegido un 25 de noviembre como fecha internacional para prevenir y concientizar sobre la problemática está relacionado con los asesinatos de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal en República Dominicana quienes luchaban por sus derechos contra el dictador Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961).
A las tres hermanas las interceptaron el 25 de noviembre de 1960 cuando volvían de visitar a familiares que estaban presos por luchar contra Trujillo. El jeep que las trasladaba fue detenido por enviados del dictador y las mujeres fueron muertas a golpes, al igual que al chofer del vehículo que luego fue arrojado a un barranco para simular un accidente.
A Minerva Mirabal se le atribuye una frase que habría dicho a sus camaradas luego de amenazas recibidas semanas antes del crimen: "Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte". Tanto su muerte como la de sus hermanas no sólo fueron el principio del fin de la dictadura de Trujillo sino que se terminaron convirtiendo en un emblema de la lucha y organización de las mujeres.