¿Cómo es el acceso a la información pública en Argentina?

En septiembre de 2016, se aprobó la Ley Nº 27.275 de Acceso a la Información Pública con el objetivo de promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión. Nuestro país tardó en sumarse a esta nueva forma de concebir al Estado, de hecho, fue uno de los últimos en la región. En 2007, el Acceso a la Información Pública fue declarado Derecho Humano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y recién diez años después, en 2017, la norma que regula ese derecho fue reglamentada en Argentina.

En ella se obliga a los tres poderes del Estado y a las empresas con participación estatal a brindar información y habilita a toda la ciudadanía a solicitarla. Sus pilares son la informalidad en los pedidos, la celeridad en la respuesta, el máximo acceso, la apertura de datos y la no discriminación. El acceso debe ser gratuito, dentro de los 15 días hábiles, con posibilidad de prórroga de otros 15 más, y hay sanciones en caso de incumplimiento por parte de los sujetos obligados.

Hay cuatro provincias que no tienen legislado el derecho a la información pública: Tucumán, Formosa, La Pampa y San Juan

La norma también invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a sus disposiciones. Desde entonces, las distintas jurisdicciones avanzan en la producción o actualización de un marco normativo que garantice este derecho fundamental para la democracia. Hasta el momento, hay cuatro provincias que no cuentan con una legislación al respecto: Tucumán, Formosa, La Pampa y San Juan. La última en sumarse fue La Rioja a través de la Ley Nº 10.119, promulgada por decreto a principio de este año.

Todas las leyes provinciales son distintas entre sí, lo que genera la imposibilidad de garantizar de forma homogénea el derecho a informarse de todos los argentinos. En esta línea, en junio de este año, el Banco Mundial presentó un informe que evalúa la calidad de la legislación a nivel federal y señala que “es desigual en todo el país” y que aquellas leyes sancionadas recientemente “tienen una calidad normativa más elevada que las más viejas”.

El análisis destaca que con el paso de los años fue mejorando, pero que Argentina aún se posiciona por debajo de los principales países de la región como Chile, Brasil y México.

Iguales, pero diferentes

Si bien el objetivo de todas las normas es asegurarle a la ciudadanía el acceso a la información, las disparidades entre sí son muchas. Los plazos de respuesta varían entre 10 y 30 días. En Chubut, por ejemplo, si el pedido se realiza de manera oral, el plazo límite para la contestación es de solo 48 horas.

Algunas provincias, como Corrientes, exigen fundamentar la solicitud, contradiciendo a la Ley Nacional. Por su parte, Río Negro restringe este derecho solo a los ciudadanos residentes.

Las maneras de solicitar información también varían según la jurisdicción: algunas tienen la posibilidad de hacerlo online mediante un formulario o por mail. Otras, promediando 2019, solo permiten hacerlo de manera presencial, como es el caso de Entre Ríos y la Provincia de Buenos Aires.

También varían los sujetos obligados a abrir sus datos, dejando afuera, en la mayoría, al Poder Judicial. Según el informe del Banco Mundial, “el 21% -de las provincias- incluyen a los tres poderes y a las empresas estatales”. Ellas son Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Salta. En este punto, es importante señalar que el trabajo no contempla para su análisis la normativa de La Rioja, ya que al momento de su elaboración desconocían de la adhesión.

Para pedir información, hay cinco provincias que se destacan por contar con formularios digitales, sencillos y accesibles: Chaco, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires. A modo experimental, ElAuditor.info realizó distintos pedidos estas jurisdicciones, pero solo tres contestaron en tiempo y forma: Mendoza, Jujuy y la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo se garantiza el derecho a nivel nacional?

La Ley designa a la Agencia de Acceso a la Información Pública como el organismo encargado de velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos, garantizar el efectivo ejercicio y promover medidas de transparencia activa.

En la web de la Agencia se puede pedir información pública en tres pasos, de manera sencilla, rápida y amigable. La respuesta suele ser en el plazo estipulado y en caso de no haberla recibido, se puede realizar un reclamo de manera online. Esto solo aplica para Ministerios, organismos y dependencias nacionales.

Desde 2017, cuando comenzó la aplicación de la ley, se hicieron a nivel nacional 7.364 solicitudes que fueron procesadas por el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), con un porcentaje de reclamos del 7%.

Pero estos números no reflejan la realidad del interés ciudadano de pedir información. Desde la Agencia explicaron que lo que contabilizan son las solicitudes que llegan al Poder Ejecutivo Nacional a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). Y que no hay manera de saber, por ejemplo, cuántas solicitudes se hicieron en los organismos nacionales que no tiene GDE o en otros sujetos obligados como las empresas públicas y las universidades.

Desde 2017 la Agencia de Acceso a la información Pública  contabilizó 7.364 solicitudes.

Algo similar ocurre con las provincias donde señalaron que "cada una tiene su regulación y sus parámetros son distintos" por lo que tampoco es posible conocer cuántas veces se hizo uso del derecho en cada jurisdicción ni cuál es la calidad informativa que brindan. De hecho, el informe del Banco Mundial afirma que “nada se sabe sobre el nivel de implementación”.

Si bien se registran avances, a tres años de la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública poco se sabe sobre el uso de este derecho en el país. Se desconoce cuántos pedidos realizaron los argentinos y cuál es la calidad de respuesta que reciben.