El juez Enrique Lavié Pico, del juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 6, le ordenó a la Oficina Anticorrupción (OA) que entregue la información solicitada por la Auditoría General de la Nación (AGN) en un plazo de 15 días.

En su fallo, el magistrado consideró que la negativa a brindar los datos requeridos "constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática" e implica "una acción que recorta de manera severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia”.

El fallo sostiene que “es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto un sistema restringido de excepciones”. 

Por supuesto, la respuesta del organismo comandado por Alonso no demoró en llegar. La OA apeló el fallo del juez por considerarlo “arbitrario”. Esta medida que suspende la aplicación de la decisión judicial hasta que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal se pronuncie.

¿Desde cuándo existe el conflicto? En junio 2018, la Oficina Anticorrupción supo que por primera vez iba a ser controlada por otro organismo que no sea la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Sucedió que la Auditoría General de la Nación (AGN) contempleba en su plan operativo anual un trabajo sobre el organismo que preside Laura Alonso. El primer pedido de la AGN fue claro y conciso: por un lado, la normativa vigente sobre el funcionamiento de la Oficina y, por otro, el listado de denuncias presentadas ante la justicia y su estado actual. Documentación que la OA se negó a brindar.

En mayo de 2019, ante la permanente negativa de entregar información por parte del organismo presidido por Laura Alonso, el Colegio de Auditores de la Nación, durante una de sus sesiones, decidió que la controversia entre ambos organismos pase a la Secretaría Legal para realizar el pedido de información vía judicial.

Cuando se cumplió un año y aún sin respuestas, la AGN decidió notificar sobre este incumplimiento al Congreso, la Jefatura de Gabinete y a la SIGEN. De esa manera, completó los pasos previos para luego poder iniciar acciones legales. Y así ocurrió.