¿Quién garantiza el derecho a obtener datos públicos?
En diálogo con ElAuditor.info, Eduardo Bertoni destacó los avances de la Agencia en estos dos años de trabajo y destacó "no solo la implementación de una ley sino generar una cultura de transparencia en el sector público".
La Agencia de Acceso a la Información Pública es el ente designado por la Ley Nº 27.275 para garantizar el efectivo ejercicio de este derecho, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia en la gestión pública y una cultura respetuosa de la privacidad. Por su parte, el Consejo Federal para la Transparencia es el organismo interjurisdiccional responsable de la cooperación técnica y la homogeneización de las prácticas entre las provincias.
Eduardo Bertoni está al frente de ambos entes y destacó que "en estos dos años de trabajo en la Agencia se realizaron grandes avances no solo en la implementación de una ley sino en generar una cultura de transparencia en el sector público"
En cuanto al Consejo afirmó que “buscan la unificación de criterios, teniendo en cuenta que somos un país federal y que cada provincia tiene su manera de regular este derecho”.
En agosto de este año se realizó la segunda reunión anual, y cuarta desde que se creó el Consejo. Asistieron representantes de las provincias y se presentaron los avances y el monitoreo de las políticas de acceso a la información y transparencia en cada una de las jurisdicciones. En esta instancia se acordó trabajar de manera conjunta en la mejora de los estándares de transparencia y acceso a la información a nivel local.
Bertone contó que las provincias pueden aprovechar el espacio del Consejo para, por ejemplo, avanzar en un marco normativo propio.
Todas las provincias forman parte del Consejo. Formosa, La Pampa y Tucumán, que no tienen ley de acceso a la información, no tienen representantes. Catamarca y Corrientes, pese a tener legislación, tampoco cuentan con delegados. San Juan, en cambio, cuenta con representantes ante el Consejo pero no tiene marco normativo.
Las provincias “pueden aprovechar el espacio como para armar un proyecto y avanzar en tener un marco normativo o mismo adherir a la ley nacional”, afirmó Bertone.
Por su parte, Andrés Rupcic, el referente de San Juan y secretario de Gestión Pública del consejo, en dialogó con este medio, afirmó que están trabajando en dos proyectos y que “pronto habrá más novedades”. ¿Será San Juan la próxima provincia en adherir a la Ley Nacional?
La Agencia publicó una encuesta sobre el nivel de conocimiento del derecho de acceso a la información pública: el 31% no estaba al tanto.
En el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, se dispone que el derecho fundamental a la libertad de expresión incluye el derecho de "investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. También está contemplado en importantes tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969).
Más allá de su importancia, este recurso es poco utilizado en la ciudadanía. A principios de septiembre la Agencia publicó una encuesta sobre el nivel de conocimiento del derecho de acceso a la información pública. El estudio se realizó durante el mes de abril de este año, a través de un cuestionario.
De 4.400 casos el 39% dijo que conocía este derecho, un 23% no sabe no contesta y un 31% no estaba al tanto de su existencia. Entre quienes sí lo identificaban, el 77% lo ejerció alguna vez pero solo el 25% sabía correctamente para qué servía.
Consultado por lo que aun queda por hacer y el futuro de la Agencia, Bertoni fue categórico: "Sin dudas hay cuentas pendientes y tenemos muchos desafíos por delante, pero estamos muy satisfechos con haber trabajado para crear y consolidar una autoridad de control independiente que tiene una visión clara: ser una organización fortalecida institucionalmente, tener una incidencia transformadora en las políticas publicas y reconocida por su labor en garantizar los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales".