La Rioja también tiene su ley
Lo hizo en noviembre de 2018, lleva el número 10.119 y fue promulgada en febrero de este año por decreto. Este medio dialogó con los diputados provinciales autores del proyecto quienes informaron acerca de su aplicación y las expectativas a futuro.
La Rioja es a la fecha, la última provincia en normar el acceso a la información pública. Lo hizo en noviembre de 2018, a través de la Ley 10.119, promulgada en febrero de este año mediante el decreto N° 1.301. El artículo 1° propone “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”.
Con la ley de La Rioja, son 20 las provincias en tener un marco normativo, y solo restan sumarse Formosa, La Pampa, San Juan y Tucumán. La Agencia de Acceso a la Información Pública y el Consejo Federal para la Transparencia, entes encargados del cumplimiento de la Ley nacional, desconocían su adhesión.
Este medio dialogó con los diputados provinciales autores del proyecto, Ricardo Herrera y Lázaro Fonzalida, quienes informaron acerca de su aplicación y las expectativas a futuro.
¿Cómo surgió la iniciativa?
Herrera (H): - Nació como el avance de un proceso de maduración política de la provincia. Si bien había mecanismos para acceder a la información pública en algunas leyes, éste es un proceso más integral que atañe a los tres poderes del Estado. Es una ley innovadora que va a poder funcionar de la mejor manera en nuestra provincia. Los hechos llevan a que la transparencia sea un común denominador en los actos de gobierno del Estado.
Fonzalida (F): - Es parte del proceso de maduración de la democracia que abre mayores canales de comunicación con la ciudadanía. Entre otras cosas, también sirve para controlar las funciones del Estado.
¿Por qué la provincia no contaba, hasta el momento, con un marco normativo al respecto?
H: - No es que no contaba, el acceso estaba contemplado de manera indirecta. Esta ley viene a poner más claridad sobre estos temas, estableciendo procedimientos y protocolos especiales de seguridad. Ciertas cuestiones que estaban dispersas se juntan en este marco. Todavía falta reglamentarla.
¿Cuál es la importancia que tiene esta ley?
H: - La ciudadanía, la agenda pública del país y provincial están demandando la transparencia en la política. La clase política y sus distintos sectores no tienen nada para esconder, al contrario, en esto tenemos que ir avanzando y mostrar una maduración democrática. Celebramos que el Poder Ejecutivo, el Judicial y, sobre todo, los distintos bloques, hayan acompañado la propuesta.
F: -Todos apuntamos a dar mayor transparencia, claridad y tranquilidad a la sociedad y ése es el impacto. La tranquilidad que puede tener cualquier persona de que mediante un procedimiento simple pueda acceder a la información. En este sentido, también, en la página de la provincia hay una sección de datos abiertos, pero en caso de necesitar mayor desagregado sobre determinada información, ahora está esta ley.
¿Cuando salió esta norma tomaron contacto con la Agencia Nacional o con el Consejo Federal?
H: - No, trabajamos solos desde la provincia. Hay organismos que nos han solicitado mayor precisión; eso lo trabajaremos con el Ejecutivo durante la reglamentación.
¿Se basaron en la Ley Nacional 27.275 a la hora de pensar el proyecto?
H: - Por supuesto. Tiene una adecuación con la Ley nacional y hemos trabajado en consonancia y teniéndola como parámetro y como norte.
¿Cuál es la expectativa en cuanto a su aplicación y cumplimiento?
H: - Tenemos la esperanza de que esto sea una piedra basal en este proceso de maduración democrática. Tenemos mucha fe en que esto, en los próximos meses, se reglamente y pueda darle el sentido que necesitamos. Es un mensaje muy fuerte a la sociedad de parte de la clase política.
F: - Esta ley regula de una manera más eficaz y exacta. Consideramos que va a tener una perdurabilidad a través del tiempo. Además, el proyecto prevé que se solicite información vía online. Luego de su reglamentación, resta esperar que los municipios adhieran.