Durante los primeros meses de 2025, el escenario de derechos para las personas con discapacidad en Argentina sufrió retrocesos significativos. Diversas decisiones del Poder Ejecutivo, entre ellas la modificación de los requisitos para acceder a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNC) y la implementación de auditorías masivas con riesgo de suspensiones o cancelaciones del beneficio, generaron alarma en distintas organizaciones sociales.

El Decreto 843/2024 restableció exigencias restrictivas para el acceso a las PNC, dejando de lado avances en materia de inclusión que fueron reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango constitucional en Argentina.

En este contexto, El Auditor.info dialogó con Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino por la Inclusión y los Derechos de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), para conocer su mirada sobre la situación actual, las acciones que se están llevando adelante y las propuestas para construir políticas públicas más justas, accesibles y basadas en los derechos humanos.

- ¿Qué impacto tienen en las personas con discapacidad las auditorías que el gobierno está realizando a quienes reciben pensiones no contributivas?

En primer lugar, nosotros estamos a favor de que se realicen auditorías, siempre y cuando se respete el espíritu: que los recursos vayan a quienes corresponden. Hubo una campaña poniendo en duda la legitimidad de las pensiones otorgadas. La propia gestión había comunicado oficialmente que entre el 50% y el 80% de las pensiones otorgadas eran fraudulentas. Entonces se pone un manto de sospecha, en donde se cuestiona que, por lo menos, más de 500.000 personas han obtenido una pensión de manera irregular, y eso genera una situación de estigmatización. En segundo lugar, ¿cuál es el criterio sobre qué se audita? Porque se auditan pensiones por incapacidad laborativa, no por discapacidad. Y en tercer lugar, queremos saber si son accesibles estas auditorías. Nos hemos enterado de casos en que han mandado telegramas a personas que ya no viven en su domicilio y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) lo sabía. Hay muchas personas con discapacidad intelectual que están residiendo en hogares, bajo cobertura del programa Incluir Salud y ANDIS lo sabe porque está brindando la cobertura de ese hogar y pagando la prestación. Las auditorías tienen que tener ciertos mecanismos de accesibilidad y de calidad.

- ¿Qué mecanismos institucionales están promoviendo desde CAIDIS para afrontar las consecuencias de estas decisiones? ¿Trabajan en red con otras organizaciones?

Sí, nosotros estamos dentro del Foro Permanente de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad y hemos hecho distintas presentaciones. Trabajamos en un proyecto de ley para declarar la emergencia en discapacidad, del cual Daniel Arroyo es impulsor, y estamos haciendo una campaña para que la gente apoye esta propuesta y los diputados se comprometan a aprobar esta ley. El proyecto tiene dos partes: por un lado está la situación prestacional, porque el Estado está desfinanciando el sistema de prestaciones de las personas con discapacidad; y por otro, el tema de las pensiones, que no se tome el criterio de pensión por incapacidad laboral.

- CAIDIS forma parte del Programa de Planificación Participativa de la Auditoría General de la Nación. ¿Cómo describirían la experiencia de participar en un espacio de diálogo con un organismo de control como la AGN? 

Comenzamos a participar hace 20 años. La Auditoría General de la Nación en ese momento, a partir de la iniciativa de organizaciones de la sociedad civil sobre discapacidad, empezó a auditar la política pública con respecto al transporte en la Ciudad de Buenos Aires. En esa época los colectivos no eran accesibles, solamente algunas líneas, y eso generaba un inconveniente para el cumplimiento de una normativa de accesibilidad. Fue muy importante el rol de la AGN para lograr que hubiera una política pública más activa, porque eran muy permeables a las presiones de las empresas de colectivos que requerían subsidios, pero no renovaban la flota. En ese momento se había prorrogado la renovación de la flota, entonces los colectivos podían seguir circulando sin ser accesibles para las personas discapacitadas. La AGN acompañó mucho a las organizaciones y tuvo un rol muy activo. Ahora, esperamos que de alguna manera pueda auditar a los organismos que regulan la actividad de discapacidad, que auditen a quienes auditan.

- ¿Por qué creen que es importante estar presentes en instancias de planificación del control público y poder incidir o aportar a la definición de temas prioritarios para las auditorías del Estado?

Porque uno quiere un Estado mejor, que organice mejor los recursos y los bienes. De alguna manera, la AGN organiza y acompaña las demandas, es una voz más. A veces las organizaciones de la sociedad civil tienen criterios muy disímiles, nosotros estamos muy en sintonía con algunas organizaciones y hay otras que creen que el Estado no tiene que intervenir y buscan manejarse a través de donaciones o del apoyo de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). La discapacidad tiene que ver con las barreras y el Estado muchas veces es constructor de barreras. En ese sentido, es importante que la AGN siga sosteniendo estos contenidos y organizar las demandas que pueda haber, que no sea solo un ámbito de queja y de reclamo. También permite tener transversalidad, cuando nos sentamos a trabajar en los talleres que propone la Auditoría y nos encontramos con otras organizaciones, terminan atravesándose todos los temas. Uno quisiera tener mejores resultados, pero en este momento la situación es mucho más difícil para todos.