Falta de espacio y de privacidad en los dispositivos de asistencia a víctimas de violencia

Durante el 2022 se registraron, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 42.906 casos de violencia de género. Este dato se desprende del Mapa de Violencia de Género realizado por el gobierno local.

De ese total, casi la mitad (19.872) se concentran en 4 de las 15 comunas que conforman la ciudad. Se trata de la comuna 1, la 4, la 7 y la 8, integradas por los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución; La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya; Flores y Parque Chacabuco; Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano, respectivamente.

En ese mismo año se impulsó el Programa 69 “Asistencia a las Víctimas de Violencia” para “brindar atención directa y focalizada a la población víctima de la problemática en la CABA” y, de esa gestión, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) realizó una revisión.

El control incluyó las tres modalidades diferentes de asistencia incluidas en el programa: los Centros Integrales de la Mujer (CIM), las Unidades Convivenciales y la Central de Llamadas (Línea 144 CABA), pero el informe advierte además que no estaban contemplados en ese presupuesto los Dispositivos de abordaje en los Barrios Populares, que sí fueron objeto del relevamiento.

Este programa consiste en la presencia, en los barrios populares de la ciudad, de equipos conformados por psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas, coordinados por la Dirección General de la Mujer en Barrios Populares de la Ciudad.

Los equipos brindan asesoramiento psicosocial y jurídico a las mujeres y disidencias, y en su caso, realizan la derivación responsable a los Centros Integrales de la Mujer (CIM) o a otros organismos.

Los hallazgos expusieron falencias de los espacios de atención, tanto administrativos como edilicios, y debilidades en los circuitos de articulación y derivación.

Espacios deteriorados y ajenos

El relevamiento incluyó una visita a 4 de los 8 Dispositivos de Abordaje que funcionaban en 2022 ubicados en: Barrio Padre Carlos Mugica, Barrio 20, Barrio Ricciardelli y Soldati.

Estos espacios trabajan dentro de los Núcleos de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades (NIDO), que dependen del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y fueron creados con el objetivo de “promover la inclusión social de los barrios más vulnerables, a través del desarrollo de su comunidad, fomentando el potencial emprendedor, educativo, artístico y cultural con una programación gratuita y de calidad en la zona Sur de la Ciudad”.

Por este motivo, el informe destaca que todos los lugares en los cuales los dispositivos brindan la atención no son propios y, como en ellos se desarrollaban otros programas de otros organismos, estaban acordados los días y horarios para su uso, por lo que la disponibilidad de atención del programa se encontraba condicionada.

Se resalta también que cada organismo se encargaba del armado, así como del equipamiento y la conectividad cada vez que se hacía uso del lugar.

De los dispositivos relevados surgió que “las condiciones edilicias no se ajustan a las necesidades del programa, especialmente respecto a la privacidad requerida para el abordaje de la problemática”.

Los espacios donde funcionan los dispositivos son compartidos con otros programas, por lo que se debe acondicionar previamente el espacio en cada uso.

Entre los detalles de las falencias se enumera la falta de calefacción, problemas de humedad, mala conexión a internet, ausencia de sistema de agua y cloacal, conexiones eléctricas sin mantenimiento y fisuras en techos y paredes.

Por último, los cuatro espacios son, además, pequeños para las tareas que se realizan. Cuentan con uno o solo dos espacios internos, a veces divididos por placas corredizas, no permitiendo la privacidad de asistentes y profesionales.

Procesos y administración

A estos espacios las víctimas llegan por presentación espontánea, derivaciones procedentes de organizaciones y/o referentes de cada barrio y de instituciones del Estado.

Al ingresar un caso, se realiza un abordaje donde se contiene y asesora a la persona, luego de mantener una entrevista de admisión en la que se realiza una evaluación de riesgo.

A partir de esa primera instancia se deben seguir los pasos o protocolos establecidos. Por un lado, la Dirección General de la Mujer (DGMUJ) dispone de un Protocolo de Atención Integral a las Víctimas de Violencia Doméstica que se encontraba en proceso de actualización, por lo que se aplicaba un circuito de derivaciones y articulaciones interno que estaba en proceso de formalización.

Por otro lado, en el marco del Programa 69 se ha elaborado una “Guía de Actuación para agentes territoriales del GCBA ante Situaciones de Violencia por motivos de Género”. El documento está dirigido a agentes pertenecientes a todas las áreas del Gobierno de CABA que desempeñan sus tareas en contacto directo con la comunidad.

En la guía se brinda orientación sobre “qué hacer” y “qué no hacer” durante el abordaje de las situaciones, hasta realizar la derivación responsable a las áreas especializadas. Se especifica que se debe asegurar la privacidad y el respeto, no poner en duda el relato, registrar los datos filiatorios de la persona damnificada, asegurar la confidencialidad, informarle a la persona que se registran sus datos, y respetar la emocionalidad de la víctima.

Los dispositivos deben cumplir con las Leyes N° 25.326 y N° 1.845 de Protección de Datos Personales, a fin de resguardar la información obtenida a través de las entrevistas.

Los protocolos y procesos existentes en uso no están formalizados, lo que dificulta llevar un correcto seguimiento de las derivaciones.

La AGCBA define en el informe que el circuito para realizar las derivaciones y articulaciones desde los dispositivos no estaba formalizado, lo que dificulta contar con canales instituidos para los casos que deban ser derivados.

En relación a otros aspectos administrativos, la auditoría detalla que la función de coordinación, que efectivamente se desarrolla, no se reflejaba en la estructura ni había sido asignada formalmente. 

Por otra parte, según lo informado por la DGMUJ, en el ámbito de la Gerencia Operativa de Asistencia a las Víctimas funciona una Coordinación que no figuraba en la estructura, con una responsable de equipo que no había sido asignada administrativamente.

El informe concluye resaltando la importancia de mejorar cuestiones como el cumplimiento de los convenios suscriptos para el desarrollo del programa; la implementación de los canales de acceso a la justicia, la actualización de protocolos y procedimientos correspondientes, los datos estadísticos del programa, y la adecuación edilicia de los espacios físicos.

Estos espacios son el primer escalón institucional de muchas víctimas para salir de situaciones de violencia. Es esencial que su funcionamiento y sus condiciones estén a la altura de quienes trabajan por abordar y combatir estas problemáticas en el territorio.