“Yo me pego dos duchas calientes por día”, explicaba un reconocido actor en una entrevista para ilustrar que vivía bien y, si bien fue señalado luego en redes como falsa humildad, la realidad es que el acceso al agua potable (caliente es sumar otro privilegio) no es una realidad de todas las personas.

Con el objetivo de cambiar esta desigualdad, en 2015 Argentina adhirió a la Agenda 2030, un compromiso internacional que persigue mejoras en distintos ejes, denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se dividen en metas específicas.

“Agua Limpia y Saneamiento” es el ODS 6 y, en esta oportunidad, la Auditoría General de la Nación (AGN) puso el foco sobre la gestión y las medidas tomadas para alcanzar las metas 6.1, que busca “lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos”, y 6.2, que apunta a “lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres, niñas y personas en situaciones de vulnerabilidad". 

La auditoría, que se realizó de manera coordinada y simultánea con organismos de igual rango en Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, revisó el período entre enero de 2019 y diciembre de 2021 y, en nuestro país, los sujetos auditados fueron el entonces Ministerio de Obras Públicas de la Nación (MOP) y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS).

Los hallazgos incluyen falencias administrativas y debilidades en la asignación de tareas, pero también en el cumplimiento de la meta parcial estipulada para el 2021 con respecto a la disponibilidad de servicio de desagüe cloacal de la población en viviendas particulares en áreas urbanas.

Si no se asienta, no pasó

Una de las primeras problemáticas que señala el informe es la superposición de tareas, es decir, al tratarse de políticas de carácter federal se encuentran a cargo de múltiples autoridades y en diferentes niveles de gobierno, lo que generó dificultades para concretar los objetivos.

En este sentido, como distintos organismos articulan sus funciones, deben dejar asiento de sus encuentros y acciones acordadas. Por ejemplo, las principales instancias de coordinación están a cargo del Consejo Federal de Saneamiento (CoFeSa) y la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) pero, según la AGN, “no se cuenta con evidencia de su funcionamiento durante el período auditado” debido a la falta de actas de las reuniones.

Se desconoce el grado de participación de la Red Federal ODS debido a que no se elaboraron actas de las reuniones.

En la misma línea, a nivel del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), encargado de coordinar a nivel federal con provincias y municipios de la Agenda 2030, si bien se realizaron reuniones de la Red Federal ODS, se desconoce el grado de participación de las autoridades provinciales dado a que no se elaboraron asientos.

Por último, dentro de las debilidades en la documentación, el informe también detalla que en el Plan Nacional del Agua (PNA) de 2019, actualmente vigente, “no se detallan diagnósticos, metas claras, acciones concretas ni recursos necesarios para lograrlas, plazos ni mecanismos o indicadores para su seguimiento”.

Se desarrolla que tampoco hay evidencia de que su diseño haya sido trabajado junto con las autoridades provinciales y otros actores del sector, ni se establecen mecanismos de articulación para su implementación, pese a que el PNA reconoce el carácter federal del agua y la necesidad de dar participación a otros actores sociales.

Datos y estadísticas

Para llevar un control y seguimiento de los avances, además de la documentación, se necesitan datos y mediciones. Para esto se implementó la Base de Información Nacional de Agua y Saneamiento (BINAS), una plataforma digital que recolecta datos sobre la prestación de agua y saneamiento a nivel nacional y ofrece reportes con el objeto de favorecer la definición de políticas, planes y programas, orientar la priorización de inversiones y realizar un seguimiento de las metas auditadas.

Sin embargo, desde 2019 a la fecha no se ha logrado completarla, ni se evidencia que exista aprobado un manual de procedimientos y una guía metodológica para su aplicación. 

Al respecto del abordaje con perspectiva de género, el MOP recopila información a través de encuestas enviadas a distintos actores involucrados en las que consulta acerca de la situación del personal de las prestadoras, pero no aborda esta temática en relación con la población destinataria del servicio.

Cabe señalar que el Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas incluye un componente de Mejoras y Evaluación de Políticas de Obra Pública con perspectiva de género e infancias, en el que expresa que “los mayores niveles de pobreza por carencia de tiempo particularmente entre las mujeres, limitan sus oportunidades para desarrollar o acceder a fuentes de ingresos que les confieran autonomía económica, y acrecienta las brechas salariales y de formalidad laboral entre géneros”.

El informe recomienda incorporar preguntas a las encuestas para el BINAS que introduzcan esta perspectiva, como los referidos a los datos de población, cuentas y al sistema tarifario.

Del Instagram de elauditor.info

Otro índice de medición es la plataforma MapaInversiones, que posee datos sobre el presupuesto y la ejecución de las obras que lleva adelante el Ministerio, incluyendo los de agua y saneamiento desde octubre de 2020.

Sin embargo, se detectaron obras y proyectos de agua y cloacas que informó el MOP desarrolladas en los barrios del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), en el área de concesión de AySA, que no figuran en esta plataforma.

Por último, en este aspecto, se señaló que los criterios de desagregación de los datos son diferentes a los utilizados en los indicadores asociados a las metas ODS 6.1 y 6.2.

Para destacar, la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DNAPyS) cumplió los compromisos asumidos en relación con el monitoreo de la gestión de agua potable y saneamiento en el Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (2019-2022). Sin embargo, el primer compromiso, referido a la publicación de indicadores sobre prestadores, fue respondido con información desactualizada.

Las metas

El informe identifica que las metas comprometidas durante el período 2015-2019 no fueron acompañadas por un nivel de inversión en agua y saneamiento que permitiera su concreción.

Durante los años 2020 y 2021, se evidencia un aumento en el dinero destinado, lo que trajo aparejado el cumplimiento de manera anticipada de la meta intermedia de acceso a saneamiento en áreas urbanas. A su vez, el MOP indicó que debería sostenerse el incremento del presupuesto para continuar sumando usuarios a la red de agua y cloacal.

Por otra parte, si bien se midió un descenso en la cobertura de agua potable por red pública en 2019, también se cubrió el porcentaje estipulado de población en viviendas particulares en áreas urbanas con disponibilidad de servicio de desagüe cloacal.

El aumento de presupuesto durante 2020 y 2021 trajo aparejado un avance notable en la cobertura de la red de agua potable.

La AGN desarrolló que, aunque a partir de 2020 se registran múltiples iniciativas que buscan identificar poblaciones vulnerables, los distintos criterios y metodologías utilizadas dificultan la priorización y focalización de las políticas públicas, por lo que se recomienda unificarlos.

El informe concluye explicando que, actualmente, con respecto al suministro de agua, el compromiso a nivel nacional es alcanzar una cobertura del 99% de la población en viviendas particulares con disponibilidad de agua potable por red pública o agua segura en 2030.

En lo que refiere a saneamiento, la meta a ese mismo año es llegar al 93% de la población en viviendas particulares con disponibilidad de servicio de desagüe cloacal, o con desagüe a cámara séptica y pozo ciego o con baño seco. 

La AGN también realiza recomendaciones acerca de las herramientas de gestión para el logro de las metas, como rediseñar el Plan Nacional del Agua y “lograr la adhesión de los distintos actores a la plataforma BINAS”, para contar con una base de datos completa y actualizada.

Por último, se destaca particularmente el diseño y medición del Indice de Vulnerabilidad por Déficit de Agua y Saneamiento que, si bien aún no cuenta con suficiente información para generar comparaciones por haber comenzado a medirse en 2021, integra variables referidas a problemáticas sociales y de salud con el acceso a los servicios de agua y saneamiento. Este tipo de herramientas facilita identificar las brechas de inversión y cobertura con un criterio de equidad, para empezar por los sectores más vulnerados.

El logro de estas metas requiere incrementos en los niveles de inversión y el fortalecimiento de la cooperación de las partes interesadas.