Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 10,2% de la población tiene algún tipo de discapacidad y solo un 32,2% tiene empleo, ya sea en el sector privado o en el ámbito del Estado. En relación al sector público, en Argentina la inclusión laboral para personas con discapacidad la regula la Ley 22.431.

La normativa plantea que es obligación del Estado asegurar a las personas con discapacidad su derecho a trabajar. Para eso, el Estado debe tener al menos un 4% de personas con discapacidad empleadas, ya sea en el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos o empresas del Estado y las empresas que son concesionarias de servicios públicos.

También existen organizaciones que promueven la inclusión laboral de personas con discapacidad como, por ejemplo, la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA). Fue creada en 1998 por un grupo de madres y padres que se propusieron mejorar la vida de sus hijos con Síndrome de Down.

En la Asociación hay tres pilares fundamentales en su lineamiento de trabajo: informar y capacitar sobre el síndrome de Down a los familiares y el entorno de personas con síndrome de Down; informar y capacitar a profesionales, a empresas, a instituciones y a la sociedad; y convencer a funcionarios para que defiendan los derechos de las personas con síndrome de Down.

“Me gusta mucho trabajar”

A través de ASDRA, El Auditor.info conoció y dialogó con Francisco Bulit Goñi, de 37 años. Se formó en la Universidad Católica Argentina (UCA) y fue parte del Programa Cascos Verdes, a través del cual se recibió de Educador Ambiental en 2007. Una vez finalizados sus estudios, pasó por distintos trabajos, colegios y centros formativos. Finalmente, en 2015 ingresó a trabajar en la Biblioteca del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

Actualmente Francisco vive con sus padres y trabaja de lunes a viernes de 11 a 15 en la Biblioteca. Entre sus tareas, completa planillas manuales y digitales, limpia, ordena y coloca etiquetas a los libros. También es uno de los encargados de recolectar tapitas y cajas de cartón para colaborar con las colectas del Hospital Garrahan.

Francisco tiene un objetivo muy claro en su vida y entiende que su trabajo es un canal para poder lograrlo. “Me gusta mucho trabajar, porque así voy a poder vivir solo con mi novia. Mi gran sueño es casarme con ella”, reveló.

En relación a su lugar de trabajo, valoró que siempre lo trataron con mucho respeto. “Son muy amables y me dan confianza. Lo tomo con mucho esfuerzo y valor”.

Además de sus compañeros de trabajo, Francisco tiene claro que muchas otras personas también colaboraron con él. “Mi familia y mis amigos me ayudaron mucho. También en ASDRA y en el Centro de Capacitación y Recursos de Apoyo para la Inclusión”, agradeció.

El cupo ¿se cumple?

En relación al cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad, existen diferentes informes que permiten confirmar que no se respeta a nivel nacional, ni en ninguna de las provincias y tampoco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires  (AGCBA), el gobierno porteño no cumple con la Ley 1502 de cupo laboral para personas con discapacidad. En un informe publicado en 2021 aclara que, de un total de 128.696 agentes, solo 2.574 corresponden a personas con discapacidad.

En esa línea, el área de Coordinación de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo porteña, señaló que el cupo tampoco se cumple a nivel nacional. “Según la ley, en la Nación el cupo es del 4% y en la Ciudad es del 5% y en ningún lado se cumple”.

Así también lo demuestra la Secretaría de Gestión y Empleo Público, con datos de 2021. De un total de 460.506 solo 2.830 tienen certificado de discapacidad y están empleados.

Para conocer el estado de situación en el interior del país, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) elaboró una encuesta en 2022, en el marco del Consejo Federal para la Discapacidad. Allí observaron que las provincias no cumplen con el cupo.

La conclusión de ANDIS fue que todas las jurisdicciones tienen una normativa al respecto, pero el cumplimiento es “complicado”. “Algunas dicen alcanzar el 1% o el 3%, otras aseguran que llegan al 5%, pero no estamos seguros de eso”, indicó Lucía Pestana, asesora de la ANDIS en inclusión laboral.