Distinguen a un municipio bonaerense por su transparencia
Escobar recibió la certificación internacional ISO 37001, la más importante en materia anticorrupción. Para alcanzarla se realizaron auditorías internas y externas desde 2021 en adelante.
El municipio bonaerense de Escobar amplió el alcance de la certificación internacional ISO 37001, la más importante en materia de transparencia y anticorrupción. Esto significa que logró superar evaluaciones sobre los procesos de trabajo, las comunicaciones internas y externas, la atención a proveedores, consumidores y vecinos, y las capacitaciones al personal sobre la materia.
Una de las estrategias de transparencia destacada fue el funcionamiento de un canal de denuncias que se encuentra en el portal institucional y se puede utilizar de forma confidencial o directamente anónima. El sistema, además de recibir los reclamos, también permite realizar un seguimiento de cada una de las consultas. La información que allí se vuelca se aloja en una nube, cuyos servidores están en Europa y con los niveles de seguridad que sugiere la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales.
Por otro lado, Escobar también cuenta con información detallada y disponible para los vecinos sobre programas de participación ciudadana, políticas antisobornos y un registro especial para mayores contribuyentes. En esa línea, están publicados los presupuestos municipales desde el ejercicio 2017 en adelante, junto con memorias anuales, grados de ejecución del gasto y ordenanzas fiscales.
Avanzar con los años
En 2021, el Municipio había firmado un convenio con la empresa Intertek Internacional de cooperación y colaboración para certificar la norma. En aquel momento también participaron de la firma las organizaciones civiles Conciencia, Confianza Pública y Cippec, y todos los bloques políticos que integraban el Concejo Deliberante de Escobar. Ese mismo año comenzaron las capacitaciones dirigidas al personal municipal que se encargaría de los procesos de control interno. El objetivo era brindar a los auditores internos un conocimiento y marco regulatorio para la implementación de la metodología de control de la norma ISO 37001.
De esa manera, Escobar se había convertido en el primer municipio argentino en certificar la norma ISO 37.001. El alcance abarcaba el área de compras directas de la Dirección Municipal de Compras y Suministros de la Secretaría de Hacienda.
Al año siguiente, en 2022, se amplió el alcance de la norma al área de Habilitaciones de Industrias y Comercios de la Subsecretaría de Inspección de Industria, Comercio, Obras Particulares y Espacios Públicos, Secretaría de Planificación e Infraestructura.
La última ampliación de la certificación fue en 2023 e incluyó al área de inspección de industrias, comercios, obras particulares y bromatología comercial de la Subsecretaría de Inspección de Industria, Comercio, Obras Particulares y Espacios Públicos, bajo la órbita de la Secretaría de Planificación e Infraestructura.
"Escobar hace un esfuerzo enorme por ser, parecer y cumplir”.
En diálogo con El Auditor.info, la directora de Cumplimiento en Oficina de Transparencia de Escobar, Victoria Orquiguil, señaló que “la intención es someterse año tras año a nuevos procesos de auditoría para mantener y ampliar el alcance de la norma a nuevas áreas de gobierno”.
Por su parte, el intendente Ariel Sujarchuk analizó que “en momentos donde se habla de corrupción y hay sospechas en todos lados, Escobar hace un esfuerzo enorme por ser, parecer y cumplir”.
“Nos gratifica esta nueva certificación de exigencia internacional. Seguimos mejorando en todos los rankings de transparencia, pero vamos hacia el máximo nivel”, concluyó.
Estándares de transparencia
La Norma ISO 37001 de gestión antisoborno identifica un estándar de gestión para ayudar a las organizaciones en la lucha contra la corrupción mediante el establecimiento de una cultura de integridad, transparencia y cumplimiento.
En Argentina, la Ley 27401 indica los lineamientos que deben contener los planes de integridad y transparencia de empresas que contraten con el Estado y establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.