Una reciente investigación de Poder Ciudadano y Ruido, una red de periodismo de investigación, reveló que casi el 90% de las legislaturas provinciales en Argentina ocultan datos sobre contrataciones de personal y manejo de fondos. 

El estudio, que abarcó las 24 jurisdicciones del país, se basó en pedidos de acceso a la información, búsquedas en boletines oficiales, declaraciones periodísticas y un exhaustivo análisis de datos recolectados durante más de cuatro meses.

De los 24 pedidos de acceso a la información presentados en simultáneo en todo el país, solo tres provincias respondieron de manera completa: Córdoba, San Luis y Santa Cruz. Hubo seis respuestas parciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro y Tierra del Fuego. Las 15 restantes no respondieron a la solicitud, que incluía datos sobre la cantidad de personal, niveles salariales, registros de asistencia y gastos reservados, entre otros 31 ítems necesarios para que la ciudadanía conozca el uso de los recursos en estas áreas. En total, 21 de las 24 legislaturas (87,5%) no respondieron o brindaron respuestas parciales.

La falta de transparencia en los parlamentos provinciales impide a los ciudadanos acceder a información pública esencial para evaluar el funcionamiento de este poder del Estado. En la mitad de las legislaturas no hay registros de asistencia del personal, lo que dificulta el control y seguimiento de las actividades legislativas. Además, se encontraron casos de diputados que cobran doble salario y otros que reciben hasta 130 pasajes aéreos por mes, lo cual genera dudas sobre el uso adecuado de los recursos públicos.

Otro aspecto revelador de la investigación es el uso de autos de lujo incautados por la Justicia por parte de algunos funcionarios, así como la existencia de millones de pesos en gastos protocolares sin rendir. Estas prácticas no solo reflejan una falta de transparencia, sino también posibles casos de malversación de fondos públicos.

Personal y asesores en las legislaturas

En las legislaturas provinciales, la cantidad de personal y asesores varía considerablemente. Solo en 11 de los 24 distritos se logró relevar la cantidad de asesores por legislador, que oscila entre 2 y 10. En Tierra del Fuego y Formosa, cada legislador puede nombrar hasta 10 asesores, y en la provincia fueguina, la presidenta de la Legislatura puede designar hasta 68 asesores adicionales, superando la cantidad de personal permanente.

Respecto al personal legislativo, los números también presentan grandes diferencias: San Luis tiene 128 empleados, mientras que Catamarca cuenta con 3.103. Además, en 12 provincias no existe o no hay datos suficientes sobre sistemas de registro de asistencia del personal. En las otras 12, aunque se dispone de sistemas como huella dactilar, biométrico o planillas, no se pudo verificar su uso en todas las áreas o para todo el personal.

La investigación, que comenzó en febrero de 2024 con pedidos de acceso a la información en cada legislatura (30 en total), buscaba datos sobre cantidad de empleados, niveles salariales, registros de asistencia y gastos reservados, entre otros 31 ítems. Sin embargo, en muchos casos es difícil obtener cifras exactas debido a la falta de registros completos.

El relevamiento de Ruido también identificó la presencia de parientes y exfuncionarios provinciales como empleados en al menos nueve provincias: Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y Santiago del Estero.

En cuanto al presupuesto por bloque, en 19 de los 24 distritos no se pudo determinar si existe un presupuesto extra. Solo en cinco casos se comprobó que no hay asignaciones adicionales por bloque.

Inconsistencias salariales

Se solicitó información sobre los salarios percibidos hasta noviembre de 2023 para analizar la composición de las legislaturas 2019-2023. No obstante, los datos obtenidos varían entre lo percibido en mayo de 2023 y mayo de 2024, dificultando la comparación de los niveles salariales en una misma fecha.

En San Luis, los legisladores reciben mensualmente un extra denominado "módulos", equivalente a un salario bruto adicional de $1.400.000. Aunque estos deben ser rendidos, no hay constancia de que esto se cumpla regularmente.

En Entre Ríos, cada legislador recibe, además de la dieta mensual, un monto indeterminado de módulos para contratos. A esto se suman empleados de planta asignados y personal adscripto.