En momentos de crisis económicas, las jubilaciones siempre aparecen en escena. Suelen ser recurrentes las posiciones que señalan el deterioro de los haberes otorgados por efectos de las espirales inflacionarias, la falta de financiamiento o lo poco sustentable y equitativo del sistema previsional en su conjunto.

En Argentina, los principales problemas son el financiamiento del sistema y el sostenimiento de jubilaciones acordes a los ingresos de las personas en actividad. Ambos factores están relacionados con la situación que atraviesa el mundo del trabajo. Los desajustes del mercado laboral se traducen en mayores problemas en el sistema previsional, lo que se relaciona con la caída del nivel de vida de los beneficiarios. 

Existe una tendencia que se viene consolidando: alcanzar los 30 años de aportes establecidos por la ley se ha convertido en una excepción en el actual mundo del trabajo. Esto se explica en parte por la expansión de los empleos informales, la precariedad laboral, la intermitencia y el desempleo. La brecha entre la cantidad de trabajadores que aportan a algún sistema previsional y la población activa señala la existencia de una parte significativa de la fuerza laboral que carece de cobertura y derechos laborales básicos. 

Fundación Éforo se propuso conocer el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para ofrecer una visión integral de la situación actual, evaluar su sostenibilidad, comprender el grado de cobertura, entre otros datos que contribuyan al debate sobre un problema que atraviesa a millones de adultos mayores.

Cómo se compone el SIPA

Básicamente, el Sistema Previsional Nacional Argentino (SIPA) está integrado por aportantes (activos) y beneficiarios (pasivos). En la actualidad el SIPA cuenta con, aproximadamente, 10,9 millones de trabajadores/as aportantes (activos) y otorga 6,8 millones de beneficios. El total de aportantes representa el 48% de la población económicamente activa (PEA) y sólo el 65,6% corresponde a trabajadores/as en relación de dependencia. 

En cuanto al grado de cobertura, el informe resalta el alto grado de protección ofrecido por el SIPA. Prácticamente, el 91% de la población adulta cuenta con algún tipo de cobertura brindada por el Sistema. El 9% restante comprende a adultos mayores que aún se encuentran trabajando, están sin empleo o se desempeñan en la informalidad. Y de esta población, alrededor del 50% de los beneficiarios perciben una jubilación mínima.

Durante los últimos 20 años, las distintas leyes de moratoria previsional han permitido abordar la necesidad de ingresos de la población adulta mayor. Esta política excepcional surge como respuesta del Estado ante la disminución en la cobertura de la seguridad social producto de las transformaciones en el mundo del trabajo.  

Los años de aportes: el dato ausente del sistema previsional

Del total de jubilaciones vigentes, el 67% se explica por la implementación de moratorias. Esto da cuenta de la proporción de aportantes necesarios para cada beneficiario. La relación activo-pasivo actualmente es de 1,6 activos por cada pasivo, que resulta significativamente más baja de lo necesario para lograr el equilibrio a largo plazo. La relación activo-pasivo de referencia para garantizar un resultado financiero sostenible ronda entre los 3 o 4 aportantes (activos) por cada beneficiario.

Más allá del sistema de actualización y movilidad implementado, en un contexto inflacionario las jubilaciones pierden sí o sí. En 2023, la fórmula de movilidad vigente no frenó la caída del poder adquisitivo: sin tomar el efecto compensatorio de los bonos otorgados, las jubilaciones perdieron un 32,2% del poder de compra real, mientras que los haberes más bajos, que son los que recibieron compensaciones mediante el otorgamiento de bonos, cayeron un 14,1% el valor real de sus ingresos (aproximadamente el 48% de los beneficiarios). 

Esto se suma a lo que sucedió entre diciembre de 2023 y enero 2024, momento en que las jubilaciones cayeron un 17% en términos reales. En total, en el último año, incluyendo el primer mes de 2024, la caída de las jubilaciones mínimas sin bonos y las jubilaciones máximas perdieron un 49,7% de poder de compra real, mientras que las jubilaciones con bonos un 23,6%.

Un dato falta en el debate

Con el propósito de profundizar en la temática, Éforo inició un trámite de acceso a la información pública a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), dependiente del Ministerio de Capital Humano. El objetivo fue caracterizar y analizar a la población de personas que reciben un beneficio previsional por vía moratoria. El dato que se buscaba era conocer los años promedios de aportes que realizaron estas personas como una forma de acercarse a una problemática interna del mundo del trabajo. 

¿Cuántos beneficiarios de jubilaciones por moratoria aportaron 20, 10 o 5 años? ¿Cuántos no lograron nunca acceder a un empleo formal y realizar por lo menos un aporte? Son algunas de las preguntas que pueden ser contestadas con este tipo de información. A su vez, brindaría una perspectiva actualizada de las trayectorias laborales de los últimos 20 años, y permitiría identificar claramente cuántas personas no accedieron en ese tiempo a ningún empleo formal.

Recientemente, Éforo recibió la respuesta por parte del director de la Dirección Previsional de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). El organismo advirtió la excepción al deber de brindar la información prevista en el art. 5° de la Ley Nº27.275, cuanto establece que “la información debe ser brindada en el estado en el que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o clasificarla. El Estado tiene la obligación de entregarla en formatos digitales abiertos, salvo casos excepcionales en que fuera de imposible cumplimiento o significara un esfuerzo estatal desmedido. Las excepciones las fijará la Agencia de Acceso a la Información Pública.”

Dado que la información solicitada no resulta imposible de ser confeccionada y no requiere revelar información privada o personal, el pedido entraría en la categoría de excepción de “un esfuerzo estatal desmedido.”

La Ley 27.275 y sus funciones 

En 2016 en Argentina se sancionó la Ley 27.275 que establece el acceso a la información pública. A partir de ese momento se puede pedir información en las instituciones estatales nacionales, de manera online o presencial, de forma gratuita en ambos casos. También se puede solicitar información a las provincias y sus organismos, pero cada una tiene una metodología diferente. 

La información pública es aquella generada o en poder del Estado, o por sus organismos descentralizados y centralizados. Cualquier ciudadano argentino puede solicitar información pública sin necesidad de explicar la razón del pedido.

La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), creada por la Ley 27.275, es garantizar que el derecho se cumpla a nivel nacional. Además entre sus funciones también está la de fomentar la transparencia activa en el mismo ámbito y la protección de datos personales.

Los pedidos se pueden realizar de forma presencial, por escrito, en el organismo al cual se le está solicitando información, por mesa de entrada. O de forma virtual a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

  1.  Para empezar es necesario ingresar a la plataforma TAD con el DNI o la Clave Fiscal de AFIP.
  2.  Una vez dentro, buscar el trámite “Acceso a la Información Pública”.
  3. El tercer paso es completar el formulario, con los datos correspondientes en cada caso e indicando el organismo al cual se le está solicitando información. 
  4. Lo último es confirmar el trámite. Pero antes es necesario chequear que el mail de contacto sea el correcto.
  5. Una vez finalizado, se genera un número de expediente y en 15 días hábiles el organismo responderá por mail. Pueden prorrogar por 15 días más la respuesta.
  6. La plataforma TAD permite ingresar para realizar el seguimiento del expediente.
  7. Si en el plazo estipulado no responden, se puede presentar una queja ante la Agencia de Acceso a la Información Pública.