A fines de abril de 2024, la Legislatura de Chaco aprobó una ley que autoriza el desmonte de cientos de miles de hectáreas de bosque nativo. Esta normativa generó una ola de denuncias y expuso un entramado de corrupción que involucra a funcionarios públicos, empresarios del agronegocio y la industria maderera.

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de Chaco, revelando un sofisticado mecanismo de corrupción que facilita la destrucción ilegal de los bosques nativos. La investigación acusa a altos funcionarios y empresarios de delitos como defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias y trata de personas, entre otros.

Actores involucrados

Entre los principales denunciados se encuentran Hernán Halavacs, actual ministro de Producción de Chaco, y Luciano Olivares, asesor forestal del ministro y exsubsecretario de Desarrollo Forestal. Ambos fueron señalados por su papel determinante en la concesión irregular de permisos de desmonte. También se encuentran implicados empresarios madereros como Miguel Ángel López y Ana Victoria Hupaluk, quienes fueron vinculados a prácticas de trabajo esclavo y explotación infantil.

La ONG denunció a Halavacs, junto a un grupo de diputados, exfuncionarios de Chaco y empresarios, por una serie de delitos que incluyen defraudación contra la Administración Pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y asociación ilícita.

Según Greenpeace, entre enero y junio de 2024 la deforestación en Chaco alcanzó las 27.148 hectáreas.

Impacto en el medio ambiente y las comunidades

La aprobación de la nueva ley y la subsecuente deforestación masiva están teniendo un impacto en los ecosistemas locales, poniendo en peligro especies como el yaguareté y desplazando a comunidades indígenas y campesinas. “Esta ley es inconstitucional y su formación legislativa tuvo gravísimas irregularidades”, afirma el comunicado de AAdeAA.

Greenpeace, por su parte, detectó mediante imágenes satelitales que durante el primer semestre de 2024 se deforestaron 59.557 hectáreas en el norte del país, un 15% más que en el mismo período de 2023, cuando se deforestaron 51.600 hectáreas. La situación más grave se da en Chaco y Santiago del Estero, donde la mayoría de los desmontes son ilegales. En particular, el relevamiento de la ONG estima que entre enero y junio de 2024 la deforestación en Chaco alcanzó las 27.148 hectáreas.

La principal causa de la pérdida de bosques es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja, que en gran medida se exportan a Asia y Europa. Esta problemática afecta especialmente a la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande del continente.

Medidas solicitadas

La organización ambientalista solicitó a la Justicia que dicte de manera urgente una medida cautelar para suspender los efectos de la ley sancionada el 30 de abril en la Legislatura de Chaco, con el objetivo de "cesar inmediatamente toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial". La normativa reformó el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia, lo que permitió que más de un millón de hectáreas de bosques nativos dejaran de estar bajo la categoría de áreas protegidas y pudieran ser deforestadas.

Para mejorar la situación, la Asociación de Abogados Ambientalistas sugiere la implementación de controles más estrictos, sanciones severas para quienes violen las leyes de protección ambiental, y la participación activa de las comunidades locales en la gestión de los bosques. También abogan por políticas que promuevan prácticas sostenibles y la restauración de áreas degradadas.

🌳 DEFORESTACIÓN | ODS 15

Informes de auditoría

En reiteradas oportunidades, la Auditoría General de la Nación (AGN) relevó la implementación de la Ley de Bosques y en todas detectó que hubo incumplimiento de la normativa. En 2021, la AGN auditó la problemática por tercera vez y encontró la falta de reglamentación de las metas e indicadores para el seguimiento efectivo de la actualización del ordenamiento territorial. En el documento se hallaron 16 provincias con ordenamientos territoriales desactualizados, la mayoría con cinco años de antigüedad.

La auditoría informó debilidades en los procesos participativos, entre los que se pueden destacar los conflictos con las comunidades de los pueblos originarios, los procesos inconclusos o incompletos de gestión, la falta de convocatoria y de análisis, así como la ausencia de mecanismos de difusión y registro documental que acrediten los procesos.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), entre 2010 y 2020, América del Sur perdió 26 millones de hectáreas de bosques, la segunda tasa más alta del mundo después de África. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre 1998 y 2018 se perdieron 6,5 millones de hectáreas de bosques.

Sobre el ordenamiento territorial de bosques nativos, la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) detectó que el ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no verificó correctamente los territorios y reconoció áreas no correspondientes con la existencia de Bosques Nativos, o por el contrario, omitió declarar dónde sí lo estaban.