“15 años de la Ley de Acceso a la Información Pública en Uruguay. Lecciones aprendidas desde la Sociedad Civil”. Así se llama el informe que presentó Amnistía Internacional Uruguay en el 15º aniversario de la implementación de la Ley N° 18.381.

El organismo destacó el acceso a la información pública como una “herramienta indispensable para el ejercicio y garantía de los derechos humanos” y presentó el informe como un insumo que sirve a todos los actores involucrados para mejorar el cumplimiento de la Ley.

En líneas generales, según el informe, “los organismos no publican toda la información a la que se encuentran obligados”. Las mediciones elaboradas por la administración pública y las organizaciones de la sociedad civil coinciden en el incumplimiento de las disposiciones sobre transparencia activa, por ejemplo, en las exigencias a la hora de recibir solicitudes de acceso y también en los plazos de respuesta y las resoluciones de reserva.

Sobre eso, Amnistía Internacional ya había advertido que persistían obstáculos que impedían avanzar hacia una cultura plena de transparencia en el país durante 2022. En ese momento, había marcado las demoras en los plazos de las respuestas a solicitudes y la resistencia de organismos a publicar la información mínima requerida por la normativa vigente.

Desde la organización denunciaron “la debilidad institucional de la Unidad de Acceso a la Información Pública”, como una de las fallas vinculadas a proteger y defender el derecho de acceso a la información en poder del Estado.

El diagnóstico se mantiene

En octubre de 2008, Uruguay aprobó su primera Ley de Acceso a la Información Pública 18.381. A través de ella, se reconoció el derecho de todas las personas a acceder a la información que genera el Estado y promovió la rendición de cuentas en los organismos públicos.

Esos derechos y obligaciones dieron lugar a los conceptos de transparencia pasiva, en relación con las solicitudes de acceso a la información realizadas por los ciudadanos al Estado y transparencia activa, que se refiere a los deberes de publicación proactiva de las instituciones públicas

En base a las experiencias que recolectó Amnistía Internacional Uruguay, a través de cuestionarios realizados a organizaciones de la sociedad civil, se detectó que se enfrentaron a situaciones de “impericia, rituales burocráticos y hasta mala fe de la administración”.

Uno de los principales problemas identificados desde 2008, y publicado en el reciente informe 2024, es la falta de cumplimiento de los deberes de publicación de información mínima en los sitios web institucionales. Según Amnistía Internacional, “múltiples organismos incumplen sus obligaciones legales de transparencia activa en áreas como el presupuesto”.  

Desafíos pendientes

Desde la sanción de la Ley 18.381, las solicitudes de acceso a la información en Uruguay, tal como describe el informe, se convirtieron en una herramienta “fundamental” para la tarea de periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.

A través de la normativa, la ciudadanía uruguaya se informó sobre casos de corrupción y pudo demandar mayor transparencia en la gestión gubernamental. Sin embargo, de acuerdo a lo que plantea Amnistía Internacional Uruguay, “la sola consagración de una ley no resulta suficiente para generar una cultura de transparencia” en la administración pública.

La situación de incumplimientos en respuestas a solicitudes y la escasa información publicada en portales oficiales por parte de organismos se ve agravada por la falta de sanciones.

En ese sentido, la propuesta del informe para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia es implementar políticas de recolección y difusión. Amnistía Internacional insta a las autoridades uruguayas a “establecer procedimientos para el acceso efectivo y oportuno a la información pública y, de forma proactiva, facilitar información de interés público”. Puntualmente, incentiva la creación de una línea de trabajo clara para que los organismos públicos cumplan con las disposiciones de la ley y promuevan la participación ciudadana.

Lecciones aprendidas

Amnistía Internacional Uruguay consultó con las organizaciones civiles locales sobre las dificultades que enfrentan a la hora de solicitar información a los organismos e identificó algunas lecciones aprendidas en relación con la preparación de la solicitud, la consideración de los tiempos de respuesta y el procesamiento de la información recibida, cuando sucede.

En relación al pedido de información en sí mismo, una de las complicaciones detectadas es que muchas veces los solicitantes utilizan términos o palabras que difieren de los que se utilizan en los organismos. Eso impacta en la calidad de la información que se puede llegar a recibir. La conclusión a la que llega el informe es que “la identificación precisa de la información solicitada allana el camino para obtener una respuesta detallada”.

En segundo lugar, Amnistía Internacional propone considerar los tiempos que demoran los organismos en responder las solicitudes. Esta situación puede tener como consecuencia  que, cuando se recibe la información, ya perdió importancia o relevancia.

X de AI Uruguay

Por último, el procesamiento de la información recibida. Muchas organizaciones consultadas para la producción del Informe 2024 mostraron que los organismos de gobierno tienen estrategias y artimañas para complicar el uso de los datos que brindan. Formatos PDF escaneados, envío de fotos de documentos en papel con URL interminables son algunas de las cuestiones con las que se encontraron.

En ese sentido, Amnistía Internacional Uruguay remarcó que “para garantizar el derecho de acceso a la información, la administración pública debe facilitar al máximo la comprensión de la información solicitada, por lo que los organismos deberían considerar la entrega de la información en formatos abiertos y digitales”.