Lejos de revertirse, el déficit habitacional crece cada año en el país. Tener una casa propia, segura y digna es un sueño inalcanzable para miles de familias. De acuerdo con los datos del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, sólo el 65% de la población argentina es propietaria, una disminución de 10 puntos porcentuales desde 2010.

El Plan Nacional de Vivienda surgió como una iniciativa del gobierno para abordar el problema y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos con menos recursos económicos. Además de estar enfocado en la construcción de viviendas, fue pensado para mejorar las existentes y urbanizar barrios vulnerables.  

La Auditoría General de la Nación (AGN) analizó los fondos transferidos y el cumplimiento de los objetivos del Plan durante el periodo 2017 - 2018. La iniciativa estaba bajo la órbita del entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Y los resultados no fueron alentadores. Encontraron que no hubo un adecuado seguimiento de las obras encaradas, que varios proyectos quedaron parcialmente ejecutados y que se entregaron algunas viviendas, pero otras tantas quedaron abandonadas.

Tampoco se cumplieron los plazos establecidos ni en la ejecución de los trabajos ni en el desembolso de los fondos. Y detectaron inconsistencias en el armado de los registros de postulantes y los listados relacionados con la cantidad de adjudicatarios, las viviendas entregadas y la información que se presenta de los beneficiarios. 

Plan de VIVIENDAS fallido 🏠 | #NotaDestacada

El informe también da cuenta de que no se encontraron indicadores poblacionales (déficit habitacional, saldo migratorio, desocupación) que ponderen las necesidades de cada jurisdicción donde se desarrollaron los proyectos y que no hubo un criterio unificado.

Fuera de tiempo y de los estándares

El Plan Nacional de la Vivienda, dentro de la acción vinculada a la promoción de viviendas sociales, financia proyectos de casas nuevas que deben ser construidas de acuerdo a los estándares mínimos de calidad y en cumplimiento con las normas regionales o locales aplicables de acuerdo a la realización del proyecto. Debe garantizar, además, la durabilidad, el mantenimiento y el progresivo crecimiento cuando se trate de viviendas unifamiliares. 

Para realizar la auditoría, la AGN consideró siete obras que se llevaron adelante en Neuquén, Mendoza, Corrientes, Salta y Buenos Aires. Y encontró irregularidades que van desde la carga de información hasta problemas edilicios. 

En la provincia de Corrientes, por ejemplo, hallaron viviendas construidas que desatienden lo recomendado respecto a las condiciones ambientales o climáticas del lugar. Mientras que en las obras emplazadas en Luján de Cuyo (Mendoza) y también en la de Bella Vista (Corrientes) no se siguieron los estándares recomendados respecto a la ubicación de las viviendas con facilidad de acceso a servicios básicos y equipamientos sociales. 

En tanto en Neuquén, no se ejecutaron conexiones a la red cloacal previstas en el pliego de obra para la construcción de 13 viviendas en la capital. En la misma provincia se detectaron trabajos en los que la tenencia de los certificados de Aptitud Técnica (CAT) y de Aptitud Sismorresistente (CAS) no se estaban vigentes o no constaban en la documentación de la obra, conforme lo establece la normativa vigente.

Por otra parte, el plazo de inicio de las obras previsto en la normativa del Plan fue incumplido en un 59,09 % de las jurisdicciones visitadas, llegando a periodos de casi cinco meses de demoras sin que ello haya dado lugar a intimaciones por parte de la Unidad de Gestión Nacional (UGN) a los entes ejecutores locales. Además se registraron incumplimientos de los plazos en el 95% de los casos.

Obras paralizadas y problemas de documentación

Entre los hallazgos más preocupantes se destaca que algunas obras fueron parcialmente ejecutadas y, por falta de seguimiento o controles, quedaron abandonadas.

En la obra de 100 viviendas en Añelo (Neuquén), se detectó que los trabajos fueron parcialmente ejecutados. Solo fueron entregadas 60 viviendas, mientras que quedaron 40 en estado de abandono sin que la UGN haya tomado alguna acción. 

Tampoco la UGN actuó ante la situación de obras convenidas con el municipio de Chacabuco (Buenos Aires) y con la provincia de Salta, las cuales recibieron el anticipo financiero, pero las obras no se iniciaron. El área de Seguimiento del Proyecto de la UGN no contó con información completa y registrada sistemáticamente sobre las actividades que hacen a la gestión del programa.

“La Unidad de Gestión Nacional ha mostrado inacción ante las inconsistencias y falta de información que presentan los registros de postulantes en las provincias de Corrientes y Neuquén”, se indica en el informe. Las inconsistencias están vinculadas a listados proporcionados, cantidad de adjudicatarios, las viviendas entregadas y la información que presentan de los beneficiarios.

Los trámites de escrituración de las viviendas no habían sido iniciados o estaban incompletos.

La Auditoría advirtió que no hubo un criterio unificado para medir el cumplimiento de objetivos y alertó sobre la falta de información de los desvíos registrados en ejercicios anteriores. “La falta de adopción de criterios o indicadores basados en los principios de equidad y solidaridad, para la asignación de los recursos, impide afirmar que la distribución de los recursos haya sido equitativa”, indicaron. 

En cuanto a los controles de las rendiciones de los Entes Ejecutores aplicados por la Unidad de Gestión Nacional, presentaron deficiencias. La UGN estaba facultada a suspender un financiamiento si no se regularizaba alguna situación irregular. Entre algunas debilidades, hallaron documentación ilegible o completada con asteriscos, falta de extractos bancarios, de facturas, etc. Las deficiencias encontradas pusieron de manifiesto la falta de exhaustividad de los controles, de modo que permita garantizar que los fondos transferidos se hayan aplicado al destino convenido.

Al cierre de las tareas de campo de la AGN, los trámites de escrituración de las viviendas no habían sido iniciados o estaban incompletos, incumpliendo lo estipulado en el Reglamento Particular del Plan Nacional de Vivienda.